En Cárcel de Mujeres, desde temprano, familiares de las reas se acercan a dejar el kit de limpieza y suplementos. Mirna es una de una de las 70 personas que hace fila afuera de la cárcel para entregar el paquete a una de sus hermanas y mientras llega su turno revisa la bolsa a fin de que esté dispuesta según indicaciones de la dirección del penal.
“Me siento frustrada y desesperada, en mi casa ya solo quedo yo” expresa Mirna, sin revelar su apellido. Dice que ha viajado desde uno de los municipios de Ahuachapán junto a su prima, quien es uno de sus pocos apoyos desde que a sus familiares han capturado uno a uno.
La joven de 26 años cuenta que en su casa vivía con siete familiares, y que las capturas de ellos iniciaron días antes de la imposición del régimen de excepción, con la detención de su madre y su hermano cuando se encontraban en la casa y la policía patrullaba casa por casa. Su mamá se dedicaba a la venta de frutas y hortalizas de manera ambulante y su hermano es estudiante de computación.
Durante los primeros días del régimen su padre, que se dedicaba a lajero (da forma a las piedras en forma de laja) fue capturado mientras trabajaba.
Una de sus hermanas mayores, quien es empleada de la alcaldía del municipio, fue a preguntar por su papá a la delegación, pero los policías la hicieron pasar a la delegación y ya no la dejaron ir.
Días después una de sus cuñadas que vive con ellos fue capturada mientras cuidaba a sus hijos.
Más adelante, los últimos hermanos de Mirna que quedaban libres, se dirigían a comprar insumos para llevárselos a su papá al penal de Izalco, pero fueron capturados en una parada de buses, ambos ayudaban a su padre en la lajería.
Mirna comenta que todos sus parientes han sido acusados de agrupaciones ilícitas.
Mirna afirma que debe hacer malabares no solo para ganarse el sustento con el negocio de su mamá, sino también para estar pendiente de la situación legal y los insumos de cada uno en la cárcel, Así también debe cuidar a 5 niños que han sido repartidos entre los hogares de sus primos, los niños y niñas, cuyas edad oscilan entre 5 meses y 5 años.
Todas las semanas, Mirna debe organizarse para viajar a Cárcel de Mujeres, al penal de Izalco, al penal de Usulután o al de Ilobasco. “Es difícil recoger dinero con este problema, además debo sostener a mis dos hijos”, agregó.
La historia de Mirna se repite entre otras personas que esperan afuera de la cárcel. Marta, una mujer de 60 años comenta que tiene tres familiares detenidos, ella está en Cárcel de Mujeres por su hija y su nuera y tiene a su hijo en el penal de Izalco.
Mientras hace fila, Marta rompe en llanto al contar su situación. “A mi hijo me lo arrebataron de mi lado”, dice la señora al relatar cómo detuvieron a su hijo cuando ambos iban a trabajar. Asegura que le revisaron a él sus pertenencias y pese a que no encontraron nada lo llevaron detenido en vías de investigación.
Marta quien ayer viajó desde Ilobasco para entregar el paquete de sus familiares, pero considera una ingratitud la situación que enfrentan. Sobre cómo le hacen para solventar las diligencias y gastos que debe hacer, solo se limita a decir que no sabe y que solo Dios le da fortaleza.
Otros casos
En el "Penalito", en la calle Concepción, alrededor de 40 personas esperan ver el traslado de sus familiares. Elena (nombre ficticio) llegó junto a su madre, esperando ver a sus hermanos y su hijo. “Los soldados se los llevaron el jueves, los han acusado de ser colaboradores (de pandillas)”, expresó.
Para Elena, de 45 años, le pareció un abuso la captura de sus familiares hecha en su casa, pues afirma que los soldados estuvieron a punto de llevársela, pero luego le dijeron: “no te llevamos para que cuides a tu mamá”.
Este 30 de mayo el régimen de excepción llega a 63 días. Hasta el pasado 23 de mayo, Cristosal informó que había recibido 555 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción que afectaron a 556 personas.
El 87,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.