Familiares de personas detenidas organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) marcharon en el marco de los tres años de vigencia del estado de excepción, para pedir la liberación de los capturados que no tienen vínculos con las pandillas.
El estado de excepción fue instaurado el 27 de marzo de 2022 tras una matanza de más de 85 personas en un fin de semana, luego de la ruptura de una supuesta tregua entre el gobierno y las pandillas. Hasta la fecha más de 85,000 mil personas han sido detenidas acusadas de ser pandilleros o colaboradores.
"Las familias salvadoreñas están buscando justicia, verdad y libertad para sus seres queridos en las diferentes instituciones, la PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) ha guardado silencio, reciben a la gente, pero no resuelven, no dan las respuesta que quieren escuchar las víctimas", manifestó Samuel Ramírez, vocero de Movir.
Ramírez explicó que el gobierno ha dado órdenes a todas las instituciones de no atender a los familiares de personas capturadas presuntamente de manera arbitraria.
"La gente se siente impotente, no encuentra qué hacer, dónde acudir, vemos que las organizaciones internacionales dan informes y sugerencias, pero a este gobierno les resbala, debe haber una acción vinculante", declaró el representante de Movir.
#ElSalvador | Familiares de personas detenidas bajo el régimen junto a @MOVIRSV realizan una concentración en el redondel don Rúa en el marco de los tres años de vigencia del régimen de excepción. Samuel Ramírez, coordinador del @MOVIRSV, brinda declaraciones. 📸:… pic.twitter.com/LJ77a9o1is
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) March 27, 2025
En diciembre del año pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que 8,000 mil personas detenidas en el régimen de excepción, habían sido liberadas hasta esa fecha.
"El motivo por el que vengo a marchar es por la lucha de mi hijo porque ya lleva dos años y no ha salido libre, por eso nosotros estamos en las calles en esta lucha porque no venimos defendiendo delincuentes, sino defendiendo inocentes", dijo Sandra de Rivera, madre de José Nahum Rivera, de 22 años.
Berta Alicia de Durán es otra de las madres que se unió a la marcha. La señora relató que viajó desde San Vicente para pedir la liberación de su hijo, un joven que era paciente del hospital psiquiátrico, previo a su detención, por lo que ella teme por su vida.
"A mi hijo lo capturaron el 4 de mayo de 2023 y hasta la fecha yo no sé nada, he andado presentando documentación de él, de su salud y no he tenido ninguna respuesta, yo quiero saber si está vivo", manifestó.
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Por otra parte, el representante de Movir expuso que después de tres años el régimen de excepción "ha dejado de ser un instrumento para combatir a las pandillas" y ahora en el país no hay un estado de derecho que funcione.
"Si la Asamblea Legislativa tuviera poder para contrarrestar el régimen y es escuchar el clamor del pueblo ya no se hubiera prorrogado, si la Corte Suprema de Justicia se percatara que ya no cumple con las condiciones por el que fue aprobado, también ya hubiera declarado institucional este decreto", declaró Ramírez.
El pasado 4 de marzo la Asamblea aprobó la prórroga número 36 del régimen de excepción, bajo el argumento del gabinete de seguridad que la medida sigue siendo necesaria porque las pandillas usan nuevas estrategias en su intento de sobrevivir.
"El régimen lo siguen prorrogando porque aquí el que manda es Bukele y lamentablemente las víctimas rebotan, nadie los escucha, los muertos en las cárceles nadie se hace cargo, siguen las capturas arbitrarias y el proceso judicial está totalmente parado", manifestó Ramírez.
La continuidad del régimen de excepción ha sido ampliamente criticada por organismos internacionales que han sugerido al gobierno terminar con ello.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe especial pidió al gobierno de El Salvador derogar el régimen de excepción y restablecer los derechos suspendidos para todos los ciudadanos.
En el informe la CIDH reconoció que la implementación del estado de excepción resultó en “una reducción sin precedentes de actos de violencia”, pero aseguró que las cifras reportadas por el Estado "demostrarían que la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional han registrado en los tres años de vigencia del régimen de excepción más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre esas capturas arbitrarias, torturas, malos tratos y muertes extrajudiciales.