Hace un año familiares de personas desaparecidas presentaron 12 denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) por la omisión de las autoridades correspondientes de investigar sobre el paradero de las víctimas, pero hasta hoy ni siquiera han sido admitidas, manifestó Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), durante una entrevista radial.
“Queremos pedirle a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que admita las 12 denuncias de personas desaparecidas presentadas el 9 de marzo de 2023. La actual procuradura recibió las denuncias hace ya casi un año y hasta el momento no tenemos respuesta, ni siquiera de la admisión” declaró Carrillo.
El director de FESPAD calificó como grave esta situación porque la ley establece un plazo para que la PDDH admita y resuelva una denuncia presentada por cualquier ciudadano.
“Quiero poner en perspectiva lo grave de esto porque la ley de la PDDH le da a la procuradura ocho días para resolver un caso, hasta este momento estos 12 casos no han sido ni siquiera admitidos” reiteró.
Carillo expuso que después de la admisión la PDDH tiene que pedirle un informe a la autoridad respectiva denunciada, luego tiene 72 horas para poder emitir una respuesta. “Son 12 familias que están buscando a su familiar, que acuden a las instancias respectivas y no tienen respuesta” señaló.
El director de FESPAD añadió que ante la falta de respuesta de la PDDH, el 12 de diciembre de 2023, los familiares junto con Fespad hicieron una denuncia pública contra esa institución encargada de velar por los derechos humanos.
La organización solicitó a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que les concediera una audiencia para conocer las acciones que se habían realizado para dar respuesta a las denuncias interpuestas, pero tampoco hubo respuesta.
La única autoridad que respondió de oficio fue el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero.
“El comisionado presidencial mediante una nota nos hizo saber que ha pedido explicaciones a la Procuraduría, no sabemos qué explicaciones le habrá dado pero vamos a seguir indagando” dijo.
Corte Suprema sin amparar a víctimas
Por otra parte, Carillo también hizo un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie en torno a cuatro amparos solicitados por familiares de cinco personas desaparecidas.
En marzo del año pasado, la Sala de lo Constitucional admitió de forma parcial la solicitud de amparo presentada el 24 de noviembre de 2022, por la madre de Josué Eliezar Elizondo y la representación de FESPAD.
En la admisión la Sala aceptó tramitar la demanda contra el fiscal general de la República por no dar respuesta a la familia del adolescente desaparecido el 4 de junio de 2011, ni informarles sobre las investigaciones que han seguido en ese caso.
Además, la Sala le ordenó al fiscal general que informará en las próximas 24 horas sobre la denuncia de las acciones de ocultamiento de la información a los familiares de la víctima por parte de la Fiscalía. A pesar de la admisión de la demanda, aún no hay una resolución al respecto.
El segundo amparo presentado por FESPAD que sigue sin respuesta fue presentado el 29 de mayo de 2023, por la desaparición de Miguel Ángel Martínez Mata, cometida el 13 de julio de 2013, en la que estarían involucrados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la demanda la organización alegó la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la FGR, que permitiera establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición y dar con su paradero, lo cual vulnera el derecho a conocer la verdad y a la protección jurisdiccional, es decir el derecho que los ciudadanos tienen para acceder a las instituciones del Estado y la protección que estas deben brindar a los derechos de los mismos.
Luego, el 12 de julio de 2023, familiares de Rodrigo Alejandro Montalván con el apoyo de FESPAD solicitaron a la Sala un amparo por la desaparición del joven perpetrada el 20 de febrero de 2015.
Igualmente FESPAD planteó la omisión de la investigación por parte de la Fiscalía para dar con el paradero de la víctima y la identificación de los responsables. La solicitud no ha sido resuelta.
Asimismo la Corte no ha resuelto a la fecha la petición de amparo presentado por los familiares de los hermanos Cristian y Fernando Sánchez, desaparecidos el 29 de noviembre de 2015 cuando se dirigían a una milpa, en la hacienda Natividad Atiocoyo, del municipio de San Pablo Tacachico.
En la petición, la familia y la organización argumentaron que existió omisión de la investigación por parte de la Fiscalía que permitiera esclarecer el paradero de los hermanos Sánchez o la causa de su desaparición. El amparo fue presentado el 8 de noviembre de 2023, pero sigue sin respuesta.