Como una estrategia maquiavélica. Así calificó el abogado penalista, Otto Flores, la propuesta de reformas que pide el Gobierno de Nayib Bukele para castigar a representantes de grandes empresas que paguen extorsión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó este jueves la novena solicitud para mantener el régimen de excepción, pero en esta ocasión se pidió una enmienda a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión para sancionar penalmente de 5 a 8 años a aquellas empresas que paguen extorsiones a los grupos criminales.
“Ya no es tiempo de tolerar que ninguna de estas empresas esté financiando a estos cobardes terroristas”, dijo Villatoro en rueda de prensa al justificar la iniciativa.
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Al respecto, diputados oficialistas defienden tal petición, mientras que los legisladores de oposición, abogados y empresarios ya se han pronunciado en contra de esta.
Reformas tienen fines electorales
Por ejemplo, a juicio del abogado Otto Flores esta propuesta generaría un efecto contraproducente y tiene fines electorales de cara a los comicios del 2024.
“Esto lo están haciendo con el fin de bajar las estadísticas de denuncias de la extorsión porque ellos quieren demostrar. Sobre todo hoy que estamos a la entrada del 2023, previo a las elecciones, el gobierno lo va a vender electoralmente como que esto ha sido la guerra ganada ante las pandillas”, opinó.
No obstante, el profesional explicó que el oficialismo “no va a poder utilizar un slogan de esa forma, si las extorsiones no se reducen” en el país.
Quiere bajar las denuncias
En ese sentido, Otto Flores expuso que “al criminalizar el pago de extorsión”, las denuncias de extorsiones a la policía van a disminuir y se van a convertir en “parte de la cifra negra”. “Esto es como una estrategia maquiavélica porque ya se dieron cuenta de que no han podido combatir de manera efectiva la extorsión. Si bien es cierto la extorsión ha disminuido, pero esta no ha desaparecido”, indicó.
De igual manera opinó el abogado penalista, Oswaldo Feusier, quien destacó que la enmienda busca “desincentivar el acto de de potencial denuncia y genera un efecto contraproducente a lo que se desea”.
Por su parte, Flores destacó que el gobierno de Bukele aún no ha tocado realmente la forma de financiamientos de las estructuras criminales del país. “De nada sirve extraer a alguien o pequeños miembros de pandillas si no han atacado todavía las finanzas de las pandillas, si no se ha reforzado ni siquiera la Ley de Lavado de Dinero de una manera apropiada para averiguar en donde se está originado el dinero ilícito de las extorsiones”, concluyó.