En el “Informe de examen especial a los ingresos, egresos e inversiones en infraestructura de la municipalidad de Cuyultitán, departamento de La Paz, por el período del 1 de enero de 2014 al 30 de abril del 2015”, el nombre de Gilma Marisol Martinez aparece con un grave señalamiento.
Gilma Marisol Martínez o Gilma Marisol Martínez de Morataya es la mujer que el pasado miércoles el Juzgado de Paz de San Francisco Chinameca, departamento de La Paz, le impuso una pequeña condena por haberse apropiado de fondos públicos mientras ejercía la función de tesorera municipal en la alcaldía de ese mismo municipio.
“El Juzgado de Paz de San Francisco Chinameca autorizó un procedimiento abreviado solicitado por las partes y condenó a Gilma Martínez a la pena de dos años por peculado más un año por el delito de falsedad ideológica, reemplazada por trabajos de utilidad pública que serán verificados por el Juzgado de Vigilancia penitenciaria de San Vicente”, reza un informe del Centro Judicial Isidro Menéndez.
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La convicta de los delitos de peculado (malversación de fondos) y falsedad ideológica devolvió más de nueve mil dólares que se había apropiado, según lo probó la Fiscalía, para poder conseguir el beneficio que el juzgado le dio.
De acuerdo con la Fiscalía, Martínez fungió como tesorera en la alcaldía de San Francisco Chinameca durante el 2022. Entre enero y noviembre de ese año, ella estuvo insertando información falsa para no dejar evidencia de sus acciones.
De acuerdo con documentos de la Corte de Cuentas de la República y con fuentes municipales, Gilma Martínez también fungió como tesorera municipal de la alcaldía de Cuyultitán, en el departamento de La Paz, en el período 2009-2012, cuando fungió como alcalde Óscar Romero Ramos.
En el Informe de examen especial citado al principio de esta nota, la Corte de Cuentas detalla lo siguiente, como hallazgo número 1: “Verificamos que el Estado de Situación Financiera, específicamente en la cuenta Caja General subcuenta: 211 01 002 Diferencia de Caja Años Anteriores, presenta un saldo por la cantidad de $118,337.64, no presentando disponibilidad de efectivo al 30 de abril de 2015”.
“La deficiencia se debe a que la Contadora Municipal, no ha concluido el proceso de ajustar y documentar contablemente las cifras reflejadas en los Estados Financieros específicamente en el subgrupo de disponibilidades; y el Concejo Municipal por no gestionar oportunamente la documentación para que la Contadora realice los respectivos ajustes. En consecuencia, las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera específicamente en la subcuenta 211 01 002 Diferencia de Caja Años Anteriores 2013, se encuentra sobrevaluada en $118,337.64 afectando la revelación de la información financiera y consecuentemente a la toma de decisiones del Concejo Municipal”, reza el informe referido.
Ante eso, la administración municipal de ese momento, es decir, del período 2012-2015, dio una explicación en la que, prácticamente, señalaban como responsables de que ese dinero no estuviera en las cuentas municipales, a tres personas funcionarios y empleados municipales del período 2009-2012.
“Esta diferencia de caja se originó en el período 2009-2012, durante la administración del Señor Oscar Ramos, la señora Gilma Marisol Martínez de Morataya, ostentó el cargo de Tesorera Municipal durante este período. La Contabilidad la ejecutaba el señor Juan José Cruz”, indica el informe de la Corte de Cuentas, citando la respuesta de la administración municipal ante el hallazgo.
El informe añade: “En el año 2014 la Contadora realizó una depuración de saldos por no encontrar saldos reales en los Estados Financieros, según documentación como lo establecen los principios y normas de contabilidad gubernamental, la mencionada diferencia de $118,337.64, es por remesas no aplicadas en su oportunidad, por las personas responsables ya mencionadas”.
En el informe se consigna que contra Gilma Martínez había un proceso judicial iniciado por la Corte de Cuentas por el faltante anterior.
“Cabe mencionar que en este caso ya hay un proceso judicial por parte de la CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, dirigido a la señora Gilma Martínez de Morataya; a quien se le realizó auditoría encontrándole este faltante. Se pidió a la antes mencionada nos proporcionara el número de expediente, o una copia de este proceso, negándose rotundamente facilitarlo”, puntualiza el documento.
A pesar de lo que indica el informe respecto del proceso judicial contra Martínez por los $118,337.64 no remesados a las cuentas municipales, nunca se supo públicamente si la Fiscalía General de la República ordenó que fuera capturada o si llegó a algún arreglo judicial, como lo hizo en el caso reciente por el que solo fue condenada a 144 jornadas de trabajo de utilidad pública y a devolver lo robado.
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Pero los $118,337.64 que ingresaron a la alcaldía de Cuyultitán pero que no fueron remesados no fue el único acto de corrupción en el que la Corte de Cuentas menciona a Gilma Martínez.
En el segundo hallazgo, la auditoría de la Corte de Cuentas indicó: “Comprobamos que el Estado de Situación Financiera, presenta saldos que no han sido documentados por Anticipos de Fondos a Empleados y Anticipos a Proveedores que no han sido liquidados por un monto total de $ 5,614.51…”.
Resulta que a Gilma Marisol Martínez, con fondos de la comuna de Cuyultitán le dieron como anticipo, la suma de $4,121.15, los cuales no reintegró o, al menos, no hay documentos que indiquen que lo hizo. Igual sucedió con un proveedor (sin especificar la identidad), a quien le adelantaron $ 1,493.36.
“La deficiencia se originó porque el Concejo Municipal no efectuó gestiones oportunas para que la ex empleada y proveedor que recibieron los anticipos, fueran liquidados con la documentación respectiva o se reintegrara en su totalidad los anticipos otorgados”, señala el informe.
El Diario de Hoy intentó contactar a Gilma Martínez sin embargo no fue posible por ningún medio. De momento, aún no se sabe en qué institución cumplirá su condena y cuál será el trabajo de utilidad pública que realizará durante las 144 jornadas.