El profesor de leyes y estudios migratorios de la Universidad de San Francisco, Bill Ong Hing, ve como solución al caso del salvadoreño enviado por el gobierno de los Estados Unidos al sistema penitenciario salvadoreño que se realice su retorno al país norteamericano y regrese con su familia.

En un encuentro virtual con Global Exchange, Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca) la noche del martes, Hing explicó las incidencias políticas y sociales que ha llevado el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García para Estados Unidos.

Ábrego García fue deportado de Estados Unidos junto con dos centenares de venezolanos (algunos de ellos migrantes) para terminar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del departamento de San Vicente. El salvadoreño mantenía un estatus de protección en Estados Unidos tras afirmar que huía de las pandillas.

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“Mi predicción aventurada es que el señor Ábrego García se le va a regresar a Estados Unidos, va a poder ver a su familia de nuevo y con suerte espero que esto va a suceder en un periodo corto”, adelantó Hing.

“Ábrego García es un caso diferente y antes de la pandemia él tuvo una audiencia de deportación y aplicó para asilo; sin embargo, había indicios de que él había participado en acciones criminales antes de llegar a EE.UU. y debido a esta razón no pudo recibir el asilo, obtuvo algo más, la remoción y esto es algo extraño, porque una de esas obligaciones es no deportar a alguien que tenga miedo de ser perseguido”, explicó también.

El académico añadió que al final estas 200 personas de Venezuela deberían regresar a los Estados Unidos, porque nunca recibieron una audiencia y todos merecen ser escuchados.

En los Estados Unidos han ocurrido también protestas contra esta y otras medidas que está tomando la administración de Donald Trump, incluso en los estados más conservadores, mencionó también el catedrático, aunque lamentó que pocas de ellas por el tema migratorio.

Por su parte, Ted Lewis, director de Derechos Humanos de Global Exchange, hizo el llamado a que este asunto de Ábrego García sea un tema para cualquier persona que viva en este hemisferio.

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“Este comportamiento de la administración de Trump debería ser sorprendente para los estadounidenses, esto no es de una derecha versus izquierda o problemas entre demócratas o de otros partidos, sino, esto es un problema de democracia contra el estado dictatorial”, expresó.

Lewis recordó que viajaron a El Salvador los congresistas Robert Garcia, Maxwell Frost, Yassamin Ansari y Maxine Dexter para pedir la liberación de Ábrego Garcia y que se acate la orden de la Corte Suprema de EE.UU. para facilitar su retorno. Ante esto dijo que espera que la visita represente algún progreso.

Por su parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó que han conversado con familiares de víctimas de venezolanos que carecían de estatus regular en Estados Unidos y ahora están en el CECOT. De acuerdo a los datos recabados por la organización, el 48 % están el CECOT sin tener un delito comprobado.

Asimismo, Bullock instó a la organización de la ciudadanía como alternativa a las medidas que adoptan gobiernos que ignoran las leyes de sus países.

"A veces pienso que cuando tenemos regímenes como el que estamos tratando, el de Bukele y Trump, son resistentes a los controles y contrapesos y al control normal o, incluso, a veces a la presión política habitual. Esto se debe, especialmente en el caso del presidente Bukele, a que incluso las elecciones podrían servir para crear un cambio político y, en ese contexto, la única forma de avanzar es a través de la organización", dijo Bullock.

La directora del Idhuca, Gabriela Santos, expuso que el caso de Kilmar se suma a los miles de salvadoreños que aún siendo inocentes permanecen capturados por el régimen de excepción, el cual lleva más de tres años de vigencia y que el gobierno asegura han detenido a más de 85,500 personas.

Para Santos, esto también responde a la concentración de poder obtenida por el gobierno de Bukele, tanto de los poderes legislativo y judicial y del Ministerio Público.