La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), podría volverse “cómplice de violaciones a los derechos humanos”, ante el contexto del régimen de excepción, si ignora las denuncias de las víctimas en el informe prometido por la titular del Ramo, Raquel Caballero de Guevara, tras visitas que dice haber realizado a los centros penitenciarios, para conocer cómo se encuentran los capturados, opinan varios expertos en derechos humanos.
Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, la PDDH no debería pasar por alto las denuncias de los familiares de los detenidos, sobre vulneraciones a derechos humanos cometidas en las cárceles. Para Fino, el papel de la actual procuradora, debe ser de atención a las víctimas.
“Si la procuradora guarda silencio, se está convirtiendo en cómplice de las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en los centros penales”, aseguró a El Diario de Hoy.
Dicha postura es respaldada por el exprocurador de Derechos Humanos en El Salvador, David Morales. “El silencio no es admisible, ni se justifica. La consecuencia es que como una violación más a sus derechos, las víctimas no tienen protección por parte de la PDDH, y la persona titular de la institución, no sólo podría se cómplice, sino incurrir en responsabilidad administrativa o penal; incluso por no ejercer sus deberes en la función pública”, advirtió.
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Asimismo, Fino explicó que habrá que esperar a que los resultados de las visitas técnicas a los centros penitenciarios no avalen la vigencia del régimen, porque con esto también se cae en la complicidad de vulnerar los derechos humanos.
El exprocurador, Apolonio Tobar, realizó en 2022 un recorrido por el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y dio cuenta de una “situación normal y en orden”, algo que fue muy criticado por varios especialistas en derechos humanos. (Ver nota aparte).
“Si la procuradora (Caballero de Guevara) avala el régimen de excepción, es todavía mucho más contundente la afirmación que nosotros tenemos (como FESPAD), de que la Procuraduría se está convirtiendo en cómplice de la violación de derechos humanos”, dijo Fino.
Indicó que si se han realizado las visitas y estudios a las cárceles, como manda la ley, es decir, sin previo aviso, la procuradora podría tener amplia evidencia de que sí hay violaciones a los derechos humanos de los detenidos por el régimen.
Hace unos días, la procuradora informó que están a punto de entregar un informe “con los hallazgos y recomendaciones” a partir de las visitas a los centros penitenciarios, esto tras cuatro meses de haber tomado posesión del cargo.
La información se conoció también en la cuenta de Twitter de la PDDH, al revelar que Caballero tuvo un encuentro con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el pasado 31 de marzo. El equipo técnico de la institución le presentará el reporte a Ulloa.
Sin embargo, el proceso que está siguiendo la Procuradora, no es el adecuado, según Henri Fino. “La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sus titulares no se deben a ningún Órgano de Estado, sino a las víctimas, en consecuencia”, declaró.
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Ulloa reconoció recientemente ante la prensa internacional que 3,000 personas que fueron detenidos por el régimen, fueron liberados por no pertenecer a grupos delincuenciales, pero evitó abordar el hecho que puedan haber más inocentes concentrados en las mismas celdas que verdaderos culpables.
En tanto que Morales advierte que hay un incumplimiento de parte de Caballero a sus funciones, siendo similar el caso a lo que sucedió con su antecesor en la PDDH.
“La actual procuradora, al igual que su antecesor, no está cumpliendo su mandato de protección ante las víctimas de graves violaciones de derechos humanos por aplicación del régimen de excepción. No se han publicado resoluciones, ni comunicados de prensa, ni informes especiales sobre las detenciones arbitrarias, las torturas individuales y colectivas, ni las muertes o ejecuciones arbitrarias en las cárceles”, aseveró Morales.
Añadió que esto revela que el personal técnico de la PDDH no ha hecho su trabajo, y aunque el exprocurador Tobar dio informe de cientos de gestiones realizadas por los equipos de trabajo, igual omitió ejercer sus facultades de protección, cuestionó Morales.
En diciembre de 2022, la Procuradora anunció que verificaría la situación de las personas detenidas durante el régimen de excepción con un equipo técnico de la PDDH y con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
Para entonces, Caballero aseguró que otro punto de evaluación serían los retenes militares que, desde inicios de diciembre, se ejecutaron en lugares como Soyapango y la colonia Tutunichapa.
Tobar también realizó visitas técnicas para evidenciar el trato a los detenidos, pero en agosto de 2022 y tras 5 meses de vigencia del régimen y con más de 50,000 detenidos, solo encontró 7 casos de vulneraciones a derechos humanos a nivel nacional.