Las deportaciones de personas migrantes implican diferentes niveles de afectaciones, una de estas es a nivel individual, en la cual también se involucra al grupo familiar, señala Jaime Rivas, académico e investigador sobre movilidad humana
También se genera un impacto de tipo social, comunitario, cultural y económico, expuso Rivas durante la entrevista de YSUCA, donde se refirió a las medidas antimigrantes implementadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales, en las últimas semanas, han causado el retorno de cientos de personas hacia sus países de origen.
Para el caso de El Salvador, se estima que cientos de connacionales han sido repatriados en los últimos días, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia.
Algunos han señalado que han pasado más de 15 horas con grilletes y esposas las cuales son retirados unos minutos antes del aterrizaje.
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Medios de comunicación internacionales también han publicado imágenes en las que se ve a personas repatriadas que llegan a sus países de origen esposadas o con grilletes.
Para Rivas, estas imágenes son parte de la “narrativa antiinmigrante que se utiliza para reforzar la idea, en términos sociales y culturales, que toda persona deportada es un criminal, lo cual sabemos que no es así”.
"Nosotros partimos del hecho que toda persona migrante es titular de derechos, incluso emigrar es un derecho", acota.
Y añade: "(...) Evidentemente las personas buscan las maneras posibles de pasar una frontera, en este caso de manera irregular, pero eso no lo hace una persona que pierda sus derechos, mucho menos que sea llamada o tratada como delincuente, como criminal".
Para Celia Medrano, analista y experta en temas migratorios y de derechos humanos, una persona que es objeto de deportación o repatriación involuntaria tiene derecho a ser protegida contra todo tipo de violencia, explotación y abuso, así como al acceso a servicios básicos como atención médica y a programas para su reintegración no sólo económica, sino también apoyo psicológico y económico.
"Tanto en países de origen, como de tránsito y destino los gobiernos tienen la responsabilidad de respetar la dignidad de cualquier persona migrante, que incluye el derecho a no ser discriminada", dijo a El Diario de Hoy.
Impactos de las deportaciones
Ambos especialistas resaltan el impacto que la repatriación forzada genera a una persona, no solo de manera directa, sino también su grupo familiar.
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"Solo en el aspecto económico, cada persona migrante en los Estados Unidos, por ejemplo, representa el envío en concepto de remesas a su familia en El Salvador entre $100 a $300 mensuales", expone Medrano.
Asimismo, explica, que de acuerdo a algunas estadísticas un millón y medio de salvadoreños se encuentran en los Estados Unidos, y su deportación masiva podría representar alrededor de 5 mil 400 millones de dólares menos de remesas para el país, en un año.
Las remesas son utilizadas en El Salvador, principalmente para la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares como compra de alimentos, vivienda y gastos médicos, entre otros.
Según la encuesta de “Hogares y Propósitos Múltiples 2019”, del Ministerio de Economía, 82.5 % de los salvadoreños gasta sus remesas en consumo (comida, vivienda), el 4.7 % lo hace en gastos médicos, el 4.5 % lo ocupa para educación y el 3.2 % lo tiene como un fondo de ahorro.
Tanto Rivas como Medrano son claros en manifestar que una deportación masiva de salvadoreños es "difícil" que se puede dar, no obstante, "el ejercicio nos permite visualizar el fuerte impacto económico que una deportación masiva desde ese país podría representar para El Salvador, sumado a que estas personas vendrían a engrosar el desempleo y subempleo actual", puntualizó la experta en derechos humanos.
Para el investigador, el impacto de la repatriación es muy diferente para una persona que fue detenida durante el tránsito migratorio como para la que lleva varios años viviendo en los Estados Unidos, quien ya tiene un arraigo, y su modo de vida está en ese país.
En tal sentido, sostiene, las organizaciones que trabajan con personas retornadas en El Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería así como la Organización Internacional para las Personas Migrantes (OIM), han insistido en que al hablar de deportación también se debe tomar en cuenta al grupo familiar, pues "a veces estamos hablando de familias separadas por una deportación", puntualiza.
Para el caso de una persona que es deportada tras ser detenida en la frontera, "muy probablemente esta persona se haya endeudado para financiar su viaje y pudo haber sufrido alguna violación a sus derechos humanos durante el tránsito migratorio", expuso.
Para el caso de una persona que lleva años viviendo en Estados Unidos, la separación familiar es una de las principales afectaciones.
A nivel psicosocial, las deportaciones provocan consecuencias psicológicas además del trauma, la violencia y el abuso que pudo experimentar una persona durante el tránsito migratorio.
“No sabemos las razones por las que una persona iba en tránsito a Estados Unidos (...) fundamentalmente hay razones económicas, pero también hay otras razones y todo eso influye en el nivel de afectación que una deportación puede acarrear a una persona o su grupo familiar”, acotó Rivas.