Las prácticas de corrupción y el lavado de dinero tienen probabilidades “altas” con las últimas tres reformas impulsadas por el gobierno a la Dirección de Obras Municipales (DOM), advirtieron especialistas anticorrupción.
Lo anterior parte del hecho de que se pretende mezclar fondos públicos con privados, lo cual impedirá la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República y el Ministerio Público y propiciaría “una gran corrupción”, agregaron.
En la sesión plenaria del pasado miércoles se enviaron a estudio de comisión las tres proyectos presentados por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien pidió a la Asamblea una reforma a la cuestionada Ley de Compras Públicas, a Ley de Creación de la DOM y a la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales.
Las tres enmiendas están ampliamente relacionadas y “buscan reforzar las contrataciones” de obras o bienes y servicios que haga el gobierno, subrayan fuentes jurídicas consultadas por El Diario de Hoy.
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La DOM con una “sociedad anónima”
La propuesta de cambio a la Ley de Compras Públicas tiene por objeto “permitir la participación de la DOM como oferente de las compras públicas cuando ésta tenga participación accionaria en una Sociedad Anónima de Capital Variable”. Es decir, el que la entidad sea una sociedad anónima implica que “queda fuera del control del gasto público”.
Al respecto, Sonia Hernández, abogada de Funde-Alac manifestó a este medio que en un primer plano se debe estudiar la estructura societaria que van a crear y qué proporción de las acciones va tener la DOM en una empresa mercantil (privada) porque si tiene la mayoría de acciones, la naturaleza de la empresa ¿cómo quedaría? se preguntó.
Además, destacó que debido a que la Dirección funciona con fondos públicos, habrá que analizarse si tal entidad será la mayor o menor accionista de una empresa privada y también “habrá que ver el tipo de negocio que se va a fraguar”.
Se mezclarán recursos públicos
Según la especialista, con estas propuestas se pretende “crear un circuito económico de recursos públicos que va hacia a fuera y se mezclarán con recursos privados”. Es decir, sería como una Asocio Publico Privado (APP), explicó y luego señaló que “es muy raro esta figura que desean crear” y que la DOM tendrá este papel.
En ese sentido, la abogada indicó que aun faltan cosas por aclarar para comprender a totalidad lo que realmente el Gobierno pretende crear o formar a través de la DOM.
Eso sí, agregó la entrevistada, no hay que perder de vista el motivo que tiene el gobierno para darle más atribuciones a la DOM puesto que la iniciativa, además de darle facultades para constituir y fusionar sociedades, también pueda participar en los procesos de licitaciones o contrataciones del Estado.
Lo anterior, a juicio de la especialista anticorrupción, puede permitir lavar dinero, con el agravante de que no podrán fiscalizarse esos fondos por estar mezclados con recursos privados y por la tendencia del gobierno a ocultar toda información oficial.
Precisamente, este punto fue duramente criticado por Rommy Jiménez, docente investigadora de la maestría en desarrollo territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La especialista señaló una incoherencia entre las peticiones de Zelaya que van encaminadas al ocultamiento, pues la actual administración ha colocado en reserva información que debe ser de carácter público.
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Por otra parte, recordó que tal normativa tiene ambigüedades y vacíos, lo cual “deja margen a la discrecionalidad” de los funcionarios. Por tal razón, la académica recalcó la importancia de que en lugar de ocultar la información como lo pide el ministro de Hacienda, es mejor que den a conocer el manejo de los fondos públicos la ciudadanía. “Si en la narrativa oficial se está cuestionando el uso del Fodes (Fondo especial para las municipalidades) y que se dieron razones para eso, entonces hay que transparentar como se utilizan los recursos a partir de la DOM”, remarcó.
Mecanismo con “Mucha opacidad”
De igual manera, el economista Ricardo Castaneda también criticó la falta de transparencia en dichas enmiendas. De aprobarse las reformas, la DOM, aparte de contratar obras, puede ser contratista de otras obras, con precios sobrevalorados los cuales obviamente pueden crear mecanismos de muchísima opacidad y mecanismos incluso de sobrecostos de las obras públicas, apuntó Castaneda.
La reforma a la Ley de Compras incluiría las compras con el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación (Fopromid).
Al respecto, Castaneda señala que “el hecho de que se establezca las compras a través de Fopromid (un mecanismo sin transparencia) demuestra que todo esto se convierte en un contexto justamente de poca de transparencia y de opacidad y que que se estaría profundizando más”.
Otro de los aspectos criticados se centra en la reforma a la Ley Simplificada de Adquisiciones pues en esta se pide se suprima la prohibición de ser contratistas de los proyectos de obras municipales a las sociedades en las cuales la DOM sea accionista.