El Tribunal cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha ordenado en dos ocasiones medidas alternas la prisión para Ronald Antonio Aparicio Fuentes y el pago de una fianza de $1,000, pero las autoridades de Centros Penales aún siguen sin liberarlo.
El 15 de mayo de 2022, el joven regresó de sus labores como vigilante, luego de un turno de 24 horas, desayunó y luego se fue a dormir, como siempre lo hacía cuando volvía desvelado por su trabajo.
A las 9:00 de la mañana, dos policías llegaron a la vivienda, que solo es un pequeño cuarto que sirve de dormitorio, cocina y comedor, donde Ronald vivía con su compañera de vida y tres hijos.
La habitación fue construida por la pareja a un costado de la casa de los padres del joven, en el cantón San Francisco de Asís, jurisdicción de San Pedro Perulapán.
Los policías preguntaron por él, por lo que su compañera de vida lo despertó, cuando él salió le dijeron que iban a conversar para arreglar un problema y no permitieron que ella escuchara la conversación.
Luego de unos minutos, le pidieron que los acompañara hasta el puesto del cantón Istagua y lo subieron a una patrulla donde ya llevaban a otros hombres del cantón.
“Le dijeron que supuestamente lo iban a llevar a una investigación al puesto de Istagua, con eso lo sacaron de aquí”, relata su madre, Pedrina Fuentes, quien cuestionó a los agentes del porqué se lo llevaban.
Más de siete personas, entre familiares y vecinos, atestiguan el momento que el joven fue sacado de su vivienda, pero el relato policial dice que cuatro agentes realizaban un patrullaje preventivo, cuando observaron un grupo de sujetos reunidos frente al centro escolar del cantón y al verlos se “mostraron nerviosos y esquivos” por lo que fueron intervenidos.
Los agentes agregan que al consultar en el sistema policial Ronald estaba perfilado como integrante de dos clicas distintas, de la Mara Salvatrucha MS-13.
La madre del detenido niega rotundamente que su hijo sea pandillero y con el afán de demostrar que es una persona trabajadora, muestra las constancias de empleo de las empresas de seguridad donde su hijo había laborado los últimos cinco años como vigilante privado, previo a su detención.
“Mi hijo comenzó a trabajar desde que estaba en la escuela, primero haciendo milpas, pero como la agricultura es bien pesada, cuando terminó el noveno grado comenzó a buscar trabajo en fábricas, pero no lo consiguió porque no tenía bachillerato”, dice la señora.
Cuando Ronald cumplió los 18 años, ante la falta de una oportunidad de empleo formal y digno en la zona rural donde creció, decidió probar suerte en el Ejército y después de varios intentos lo logró.
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Según una constancia del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada estuvo de alta durante dos años y cuatro meses, entre 2015 y 2018.
Los familiares relatan que en el momento que los policías se llevaron al joven de su casa, les dijeron que se lo llevaban para investigar, pero ya en el puesto policial les informaron que quedaría detenido.
La familia intentó mostrar algunos documentos de Ronald como el permiso de portar arma que le permitía trabajar como vigilante, documentos de la AFP y el Seguro Social, una solvencia policial reciente que él había presentado en su último trabajo, pero aseguran que les dijeron “que ahí eso no valía”.
Esa misma tarde, el capturado fue enviado a las bartolinas de Cojutepeque y al día siguiente fue trasladado, en bus lleno de detenidos, al penal de Izalco, en Son Sonsonate. Esa fue la última vez que su compañera de vida lo vio.
En el centro penitenciario de Izalco, solamente estuvo 22 días. Eso lo supo su familia cuando le llevaron un paquete y los custodios les dijeron que había sido trasladado al penal de Mariona, en Salvador, donde pasó recluido un año.
Sin información
Uno de los primeros problemas que enfrentó la familia fue la falta de información sobre el caso judicial, relatan que en varias ocasiones fueron a buscar a la defensora pública asignada por la Procuraduría General de la República (PGR), pero siempre les decían que no estaba, aseguran, que pudieron hablar con ella por primera vez, varios meses después de la detención.
Tras permanecer un año en el centro penal de Mariona, Ronald fue enviado de regreso al penal de Izalco debido a que se encontraba gravemente enfermo, pero las autoridades no informaron a su familia de su condición de salud, ni de su traslado, lo supieron hasta que fueron a dejarle paquete.
“El 26 de mayo fuimos a dejarle un paquete y nos dijeron que se lo habían llevado para Izalco porque estaba grave de salud, yo como madre les pregunté qué enfermedad tenía, pero me dijeron que eso era prohibido decirnos”, dice Pedrina.
Cuando llevaron el paquete al penal de Izalco, ahí nuevamente les dijeron que estaba enfermo, pero que no les podían dar información al respecto, que era prohibido.
“Nosotras estábamos angustiadas y yo les dije (a los custodios) que yo como madre quería saber qué enfermedad tenía mi hijo, pero me dijeron que estaba prohibido”, manifiesta la señora.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones que la negación de información de parte de las autoridades de centros penales a los familiares de los detenidos es una forma de tortura psicológica, lo cual está estrictamente prohibido en al legislación nacional e internacional.
Ante la falta de información, decidieron hacer un esfuerzo de familia y prestar dinero para pagar un abogado particular, además, un mes después presentaron un escrito ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para que ésta solicitara información de su condición de salud.
Meses después de manera verbal y escueta, aseguran que personal de derechos humanos les informó que ya había mejorado y que tenía un problema en una rodilla, pero que estaba fuera de peligro.
En septiembre de 2023, un tribunal contra el crimen organizado ordenó que el detenido fuera puesto en libertad bajo medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas presentarse al juzgado a firmar cada mes, no cambiar de domicilio y no concurrir a lugares donde haya grupos criminales.
La decisión del juez fue ratificada por la Cámara contra el crimen organizado, por lo que el 12 de diciembre, el tribunal envió la orden de libertad al penal de Izalco. Ese mismo día, según consta en un recibo a nombre del tribunal, emitido por el ministerio de Hacienda, la familia pagó una fianza de 1,000 dólares.
“Nosotros prestamos el dinero, porque no tenemos dinero por el gasto de andar dejando paquete. Lo reunimos, pero hasta la fecha no lo hemos terminado de pagar, lo vamos pagando poco a poco”, dice la madre.
En el Centro Judicial, les dijeron que fueran tres días después al penal y que le llevaran ropa porque ese día quedaría libre.
Incertidumbre
La madre de Ronald se levantó a las 3:00 de la mañana el 15 de diciembre con la esperanza que ese día iban a liberar a su hijo, pero se llevó la sorpresa, que cuando llegó al penal le dijeron que no tenían información al respecto.
“Eso fue una tristeza para nosotros, porque íbamos con una alegría y ver que nada. Nos dijeron que teníamos que esperar. Nosotros no venimos tan tristes. No hallábamos qué hacer,”, dice entre sollozos la madre del capturado.
Por meses la familia pasó entre la incertidumbre sin saber qué había pasado con Ronald, hasta que en febrero de 2024, ante la insistencia de la madre, le informaron en el penal que él había sido detenido nuevamente.
“Yo les dije que me explicaran por qué habían detenido nuevamente a mi hijo, pero me dijeron que eso no me lo podían decir nada”, explica.
La ley establece que una de las obligaciones de las autoridades al momento de realizar una captura es comunicar a los familiares sobre la detención, dónde será llevada y donde guardará prisión, pero nada eso se cumple en estos casos.
En el relato policial de la segunda captura, los agentes aseguran que fueron informados por un cabo destacado en la Delegación de Sonsonate que dos “sujetos sospechosos” se desplazaban en la calle principal del caserío Cega, del cantón Talcomunca, mismo lugar donde está localizado el penal de Izalco.
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Agregan que al ser interceptados no les encontraron nada ilícito, pero que al revisarles los documentos de identidad, encontraron en la base de datos que Ronald tenía “antecedentes delincuenciales” por el delito de agrupaciones ilícitas con fecha del 15 de mayo de 2022, es decir la primera vez que fue capturado.
Aunque la Policía asegura que le revisaron el DUI, se pudo constatar que este documento lo tiene la familia, luego que las autoridades se los entregaran después de la primera captura.
El 19 de marzo, el abogado defensor logró una segunda audiencia de revisión de medidas y nuevamente le fueron otorgadas las medidas alternas a la prisión, pero cuatro meses después Ronald aún sigue en prisión.
“Yo pido que lo liberen a mi hijo porque ya tienen dos cartas de libertad, nosotros hemos entregado todos los papeles y eso que le han puesto que él es pandillero, no es así, él es un trabajador”, expresa su madre.
Ante la desesperación de no tener resultados, tres familiares de Ronald viajaron el 16 de agosto pasado, desde el desolado cantón donde viven hasta Casa Presidencial, con la esperanza de que el presidente de la República interceda por la liberación de su hijo.
La documentación de Ronald fue presentada en un paquete de 90 casos de capturas presuntamente arbitrarias entregadas en la recepción de Casa Presidencial, con el apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
