La independencia judicial se ha roto, hay amedrentamiento contra jueces y no existen instituciones que ejerzan un control sobre el Ejecutivo, advirtió el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blando, quien expresó que los jueces están “alienados” a las directrices del gobierno.
“Obviamente, como estos magistrados de la Sala de lo Constitucional obedecen directamente a las políticas del Ejecutivo, también la Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional de la que forma parte, tiene amedrentados a los jueces. Es decir, los jueces no pueden actuar con independencia”,
Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional
Blanco brindó su postura en el foro “El Rol del Poder Judicial en Contextos Electorales: Una Mirada desde América Latina”, desarrollado este martes por el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y Diálogo Interamericano.
Ante la pregunta de cuál es el papel que juega el máximo tribunal ante los abusos que puedan cometer los juzgados de menor instancia, dijo que a la CSJ le corresponde el régimen disciplinario de los jueces inferiores, y que algunos jueces se alinean a las directrices de la Corte Suprema, que en este caso sería a los magistrados que fueron puestos por Nuevas Ideas en mayo de 2021.
Jueces alineados
Indicó que es más notorio en materia penal desde que está vigente el régimen de excepción que suspende garantías fundamentales. “Y todos los jueces están alineados a las directrices que emanan del propio Ejecutivo. Por lo tanto, creo que actualmente la independencia judicial en el país, en cualquier nivel de conocimiento, está roto, está desvinculada de las obligaciones constitucionales”, expresó.
Agregó que el gobierno ha cooptado no solo a los órganos Legislativo y Judicial, sino también a instituciones de control como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
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“Hay una tendencia a apropiarse y a dirigir todas las instituciones y, por lo tanto, no hay una institución hoy en El Salvador que ejerza control objetivo, constitucional, razonable del poder Ejecutivo”, enfatizó.
En el foro también participaron Daniela Salazar Marín, magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador; Luís Roberto Barroso, profesor de derecho brasileño y juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil; Rebecca Bill Chávez, presidenta y directora general de Diálogo Interamericano y Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell.