El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Eugenio Chicas, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien fue detenido el 13 de febrero mientras llevaba a su hijo a su centro de estudios.
A Chicas se le detuvo por ser acusado de enriquecimiento ilícito. Su abogado, Fernando Meneses, explicó este viernes que los fundamentos no están debidamente acreditados y han establecido en todas las audiencias que los ingresos de Chicas han estado arriba de los $816,000.
“Los reclamos de $55,000 si los dividen en 180 meses que han transcurrido desde el 2009 hasta la fecha, pues los gastos serían de $2,000 mensuales. Cada quien podría hacer sus interpretaciones de acuerdo al análisis financieros que cada quien conozca”, expresó el defensor.
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Además, informó que se aprobó la reserva total del caso, tal como solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Me extraña, realmente, porque solo se está investigando a una persona natural, a una persona públicamente conocida por un caso de enriquecimiento ilícito, que ya la Cámara de lo Civil manifestó lo que había sucedido”, añadió.
Eugenio Chicas participó de la audiencia del jueves y se declaró inocente en sus alegatos, informó Meneses.
Steffany Ayala, esposa de Chicas, considera que se trata de un caso de detención política y pide la libertad de su esposo.
“Como era de esperar han decretado la detención injustificada de Eugenio. Un sistema que responde a los intereses de un mezquino vengativo no permite que la justicia exista”, reaccionó a través de sus redes sociales.
La Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, presentó evidencias que vinculan a Chicas con un aumento desproporcionado de sus bienes durante su mandato como presidente del TSE. Bajo la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, vigente desde 2011, los funcionarios públicos están obligados a justificar el origen de sus activos. De comprobarse los cargos, Chicas podría enfrentar penas de 5 a 15 años de prisión, además de la confiscación de bienes.
Chicas, detenido hace dos semanas, ha negado las acusaciones y las calificó de una "persecución política". En declaraciones previas, aseguró que su patrimonio es resultado de "trabajo honesto y transparencia".
Sobre la acusación
Mientras tanto, la Fiscalía, en el mismo tuit que informó sobre su captura, detalló: “En noviembre de 2024, fue condenado en un proceso civil, a reintegrar más de $200 mil dólares al Estado. Chicas fue demandado en su calidad de exmagistrado presidente del tribunal supremo electoral entre el 2009 y el 2014, como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República y en su calidad de Diputado Propietario del Parlamento Centroamericano, en diferentes períodos comprendidos entre el año 2011 al 2021”.
El 8 de diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia, con base al informe de la Sección de Probidad, declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito de Chicas por $130,768, un monto menor por el que fue acusado por la Fiscalía en 2023.
En ese proceso se le negó la prórroga que Chicas solicitó para justificar los ingresos y dos magistradas no votaron argumentando que si se le hubiera concedido la prórroga, existía la posibilidad de que eso cambiara los resultados.
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Fue en enero de 2023, que la Fiscalía presentó una demanda por enriquecimiento ilícito en contra de Chicas y su grupo familiar, por un monto total de $282,494.21. La diligencia se presentó ante la Cámara Segunda de lo Civil, de la Primera Sección del Centro de esta capital.
“Detención arbitraria”
La Comunidad Santa Marta de defensores ambientales no descarta que la detención también pueda estar relacionada con el proceso judicial que se le sigue a un grupo de activistas ambientalistas en contra de la minería y en defensa del agua.
“No descartamos que su captura también tenga que ver con que él es un importante testigo de la defensa en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas criminalizados por oponerse a la minería metálica”, reza un comunicado difundido este martes.
En el mismo sentido, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, Cofapaes, expresó a través de un comunicado que la detención de Chicas “podría obedecer a que Eugenio también es un testigo clave en la defensa de los cinco ambientalistas de Santa Marta en su lucha contra la minería metálica”.