El Comité de Familiares de Víctimas del Régimen del Bajo Lempa denunció una serie de irregularidades en la captura de 11 estudiantes de la colonia La Cruzadilla de San Juan, jurisdicción de Jiquilisco, a quienes las autoridades los acusan de intentar formar una clica de la Mara Salvatrucha y hacer unos grafitis alusivos a esa pandilla.
Una de las primeras irregularidades denunciadas por esa organización comunitaria es que la Fiscalía General de la República (FGR) ha basado su acusación en un testimonio policial falso, el cual indica que los menores de edad fueron detenidos la noche del 11 de abril, pasadas las 10 de la noche, cuando salían de hacer los grafitis dentro de la escuela.
Sin embargo, las madres y padres de familia narraron que los adolescentes fueron sacados uno por uno de sus viviendas por soldados y policías en el transcurso de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
Los familiares de los capturados relataron que esa mañana los alumnos del Centro Escolar Cruzadilla de San Juan ingresaron al recinto educativo a las 7:30 como todos los días, pero unos minutos después las maestras les dijeron que las clases quedaban suspendidas y que se fueran a sus casas.
En la escuela había un ambiente tenso porque dentro del centro escolar había un grupo de policías que habían llegado ante el hallazgo de unos grafitis alusivos a la Mara Salvatrucha.
Estos no eran los primeros grafitis que las autoridades encontraban en la zona, el domingo 7 de abril letreros similares fueron encontrados en las paredes de un inmueble que antes era mercado, una cancha de fútbol y en las paredes de la Unidad de Salud.
Habitantes del cantón relatan que tras el primer hallazgo, la Policía capturó a cinco menores de edad y un adulto, pero en ese momento las autoridades no hicieron públicas las detenciones.
Dos días después, es decir el martes 9 de abril, varios agentes llegaron al centro escolar y tomaron el nombre de todos los alumnos mayores de 12 años.
Aunque son menores de edad, los familiares aseguran que no fueron informados de esa actividad por las maestras, sino que lo supieron porque sus hijos regresaron atemorizados a sus casas.
Los policías les habían ado algunas indicaciones, entre esas, cortarse el cabello de “forma adecuada” y vestir pantalón negro y camisa blanca, aquellos que aún no tienen uniforme.
El jueves luego que los alumnos y alumnas fueron informados que no habría clases, salieron con rumbo a sus hogares, donde minutos después, policías y soldados fueron sacando uno por uno de sus casas, a los menores capturados, nueve de ellos alumnos del centro escolar La Cruzadilla, los otros estudiaban en otras escuelas.
Otra de las inconsistencias de la acusación, que señalan los afectados, es que un supuesto testigo criteriado propuesto por Fiscalía dice que los alumnos ingresaron al centro escolar a manchar las paredes, luego que salieron de la presentación de un circo, el día jueves 11 de abril, pero los familiares de 10, de los 11, capturados aseguran que sus hijos no salieron de las viviendas esa noche.
Además, una constancia emitida por la ADESCO de esa comunidad señala que el circo tuvo su primera función el viernes 12 de abril y que debido a la poca afluencia de los habitantes, atemorizados por las capturas del día anterior, las siguientes presentaciones fueron suspendidas.
Previamente, un residente de la comunidad se había molestado con algunos de los adolescentes cuando estaban jugando en la cancha y les habría tomado fotos.
Por otra parte, la madre de uno de los jóvenes relató que en la primera audiencia incluso el juez señaló al ente fiscal la falta de indicios de prueba como huellas dactilares y aseguró que después de la primera audiencia han llegado los investigadores a revisar los cuadernos de los acusados para realizar las pruebas caligráficas.
En cuanto a un bote de spray publicado como prueba por parte de las autoridades policiales, dijeron que en la audiencia supieron que ya está individualizado y se trata de una adolescente con graves problemas familiares.
Amenazados
Los relatos de las madres y padres de familia señalan de cómo el día de las capturas los agentes policiales andaban una lista de nombres, que sospechaban fue entregada por las maestras, pero además presionaron a sus hijos para que delataron a otros estudiantes.
Además, de esas inconsistencias, Salvador Ruiz, representante del Comité, enfatizó que las capturas se hicieron el mismo día del “lanzamiento de una política represiva en los centros escolares, la cual consiste en fichar a los alumnos que presentan estados de rebeldía.
“Estos alumnos fueron utilizados como chivos expiatorios para argumentar el lanzamiento de esta política”, manifestó Ruiz.
Ruiz hizo un llamado al Ministerio de Educación que ante esos estados de rebeldía lo que compete es revisar la currícula, implementar psicólogos en las escuelas para que puedan ver el entorno que rodea a los niños.
El representante del Bajo Lempa recordó cómo el régimen de excepción ha afectado a niños, niñas y adolescentes en esa zona.
“Nos parece una grave vulneración a los derechos de la niñez y no se están midiendo las consecuencias que esto va a traer para los niños en su estado emocional, psicológico, de salud y ¿Quién se va a hacer responsable de eso?”, cuestionó.