Los abogados insisten en que al acabarse la separación de poderes la imparcialidad deja de existir, porque todas las decisiones recaen en una misma persona.
“Desde el momento en que no existe independencia entre órganos y no existe el sistema de contrapesos, el ciudadano común no puede denunciar y si lo hace, si denuncia los abusos a los que puede ser sometido, no va a obtener una resolución justa, no va a tener acceso a un debido proceso y que se garantice el respeto a sus derechos”, explica la abogada Marcela Galeas.
Y aclara cómo este golpe a la independencia judicial provoca una situación nunca antes vista en El Salvador desde los Acuerdos de Paz de 1992.
“Aquí estamos frente a una situación de un supra estado y de un supra funcionario que tiene a su merced todos los poderes del estado y el mismo estado trabaja para él y no así él como servidor público y los demás funcionarios trabajen para los ciudadanos en general, porque hay que también quitar esa falsa idea de que existe una clasificación de ciudadanos de quienes votaron por él y quienes no”, afirma.
Galeas rechaza el argumento del presidente Bukele de que al obtener la mayoría en el Congreso esa es una carta blanca para hacer lo que sea, como saltarse la Constitución.
“Una elección popular no viene a legitimar ningún tipo de abuso y tampoco ser electo de manera popular y de manera masiva porque obviamente ellos ganaron con un gran número de votos. Esto no significa que se va a desconocer y violentar la Constitución el reconocimiento de la persona y de todos los derechos que se desglosan de ella dentro de ellos la libertad en todas sus aristas”, concluye la abogada penalista al hacer su balance del primer año de la destitución de los magistrados de la Sala.