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Estafadora acuerda reintegrar dinero a víctima a la que prometió liberar a familiar detenido

La víctima realizó varios pagos a la acusada, que percibió miles de dólares prometiéndole la liberación de un familiar arrestado bajo régimen de excepción.

Por Alexander Pineda | Sep 10, 2024- 10:42

La imputada devolverá una parte del dinero y el resto lo pagará en cuotas, según el acuerdo. Foto de referencia/CENTROS JUDICIALES EL SALVADOR

Una mujer procesada judicialmente por estafa acordó devolverle miles de dólares a una víctima a quien le prometió gestionar la liberación de un familiar que se encuentra detenido por las disposiciones del régimen de excepción.

Esther A. M. como es identificada la imputada por el Órgano Judicial, recibió de parte de la víctima varios pagos que llegaron a totalizar $8,700 prometiéndole liberar a su familiar.

Los pagos los hizo durante el año 2023 y al darse cuenta la víctima que estaba siendo engañada, interpuso una denuncia contra la mujer por estafa.

El caso llegó hasta la etapa de juicio, en la que la acusada acordó con la víctima devolverle parte del dinero y pagar a cuotas la restante. La conciliación fue autorizada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Dos años y medio de régimen de excepción

El régimen de excepción, establecido desde marzo de 2022 y prolongado mensualmente desde entonces por la Asamblea Legislativa, suspende una serie de derechos a todos los salvadoreños.

El derecho a ser informado sobre los motivos de su detención, el derecho de los detenidos a una defensa, son garantías constitucionales suspendidas para toda la ciudadanía. Las autoridades también tienen vía libre para intervenir las comunicaciones de todos los ciudadanos y el plazo de la detención preventiva ha sido ampliado.

Más de 81,000 personas han sido detenidas desde marzo de 2022 atendiendo estas disposiciones, de las que más de 7,000 fueron liberadas a falta de pruebas que las vinculen con las acusaciones por las que fueron detenidos.

Recientemente, el Estado salvadoreño ha sido instado por organismos internacionales de derechos humanos a dejar sin efecto el régimen de excepción y combatir la criminalidad en el marco de la legalidad y defensa de los derechos de todos los salvadoreños, es decir, sin una suspensión de derechos generalizada.

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