La Fiscalía General de la República (FGR) informó que han sumado 48 nuevas órdenes de captura en contra de dos salvadoreños y cuatro colombianos involucrados en las estafas cometidas con la empresa de viajes Trópico Travel, por un monto de $25,000.
De acuerdo con la FGR, los acusados que ya guardan prisión en los centros penales, serán intimados por las nuevas acusaciones por el delito de estafa.
Los imputados salvadoreños son David Antonio Rugamas Leiva (exseleccionado), Juan Carlos Henríquez López y los colombianos; Lised Cristina Posada Cuadras, (actual pareja del exjugador), Jonathan David Torres Builes, Gregory Andrés García Echeverry y Natalia Paniagua Jaramillo.
Según las investigaciones, todos eran parte de la agencia de viajes Trópico Travel S. A. de C. V. y se dedicaban a estafar, al estar situados en varios centros comerciales de El Salvador.
En el nuevo caso, según las autoridades fiscales, un total de ocho víctimas "fueron estafadas con diferentes cantidades de dinero que entregaron como anticipos o pagos por paquetes turísticos, asesorías y membresías con beneficios hoteleros y gastronómicos que no existían", informó la FGR.
El jueves 27 de junio enfrentaron la tercera audiencia en el Juzgado 2° de Paz de San Salvador, en la cual, les decretaron seguir en prisión provisional, mientras continúan las investigaciones y el caso pasa a la siguiente etapa.
La Fiscalía también solicitó que las cuentas bancarias de dicho negocio sean congeladas.
En un inicio eran acusados por estafar a siete víctimas, pero el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador recibió el nuevo requerimiento fiscal que sumó a 27 víctimas, con un monto aproximado de $45,000.00 al ofrecerles paquetes turísticos y boletos aéreos ficticios. Además de las nuevas 48 denuncias por estafas de hasta $25,000, por las cuales serán intimados.
Su modo de operar consistía a abordar a las víctimas y con engaños les ofrecían descuentos a través de membrecías en hoteles nacionales e internacionales, paquetes turísticos y boletos aéreos. Posteriormente, las víctimas eran citadas en el piso 10 de la Torre Cuscatlán, en San Salvador, donde los colombianos les ofrecían supuestos beneficios que la empresa proporcionaba a precios accesibles, que podían pagarse en cuotas mensuales mediante tarjetas de crédito o débito.
Sin embargo, cuando los clientes intentaban utilizar los beneficios por los que habían pagado hasta $4,000, les negaban el acceso al servicio.