Cristian Javier Pineda Reyes y Cristian Adalberto Torres Medrano fueron condenados a penas de 80 y 20 años de cárcel respectivamente por estafar con la importación de autos.
El juicio se realizó en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Además, Pineda Reyes recibió una condena civil por un monto de $82,637.50 y Torres Medrano deberá pagar $12,312.50. Un total de $94,950, en compensación a las 18 víctimas de estafa.
“Nos sentimos contentos con la resolución, pero esperamos que se lea la sentencia para que sea oficial”, dijo una de las afectadas.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Pineda y Torres operaban bajo la empresa Mi Carro SV, la cual tenía una página en Facebook, en la cual ofrecían la importación de vehículos a precios más cómodos que otras empresas.
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“Traían carros de Estados Unidos y los arreglaban. Sus ofertas eran buenas”, relató una víctima, quien prefirió no brindar su nombre para evitar represalias.
Los afectados se ponían en contacto con la empresa a través de WhatsApp y una vez acordado el vehículo que deseaban comprar se acercaban a las oficinas, ubicadas en la Colonia Miralvalle, de San Salvador.
$94,950
es lo que los condenados deberán entregar a 18 víctimas como compensación.
“Había que abonar la primera parte y cuando el auto estuviera en aduana la otra mitad”, añadió la fuente. Una de las víctimas entregó un primer abono de $3,650 para la importación de su vehículo, al mes siguiente fue contactada por un mensaje de WhatsApp que su carro ya estaba en aduana para que realizará el complemento del pago.
Sin embargo, les pidió ver el vehículo, a lo cual accedieron y le permitieron observar el vehículo por la parte de afuera. La víctima llevó a su mecánico y este confirmó que si tenía las características que habían prometido, pero no le permitieron revisar el motor.
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“Era un engaño, me llevaron a ver un carro y tenía las mismas características, pero nunca me lo entregaron”, señaló. El informe de la Fiscalía detalló que los ahora condenados solo habían importado 10 vehículos, de los 18 que habían ofertado.
Para no levantar sospechas a sus clientes, Pineda y Mejía firmaban contratos de compraventas, donde se especificaban el tipo de carro, la marca, el modelo, el color y el valor total.
A los cuatro y seis meses que no cumplieron con la entrega del vehículo, las víctimas acudieron a la Fiscalía a denunciarlos e iniciar el proceso penal en su contra.