Venezolano torturado por protestar contra Maduro fue enviado a cárcel salvadoreña

Un venezolano identificado como Jerce Reyes Barrios, de 36 años, fue enviado por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de tener en proceso una petición de asilo, denuncian familiares del suramericano, lo cual también consta en un documento firmado, como declaración jurada, por la abogada Linette Tobin, que le llevaba el caso.

Reyes Barrios fue expulsado de Estados Unidos, según familiares por tener tatuajes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tomó como indicativo de pertenencia a la banda criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con un documento disponible en redes sociales, firmado por Tobin, abogada de Reyes Barrios en el proceso migratorio, en marzo de 2024, el venezolano fue capturado por fuerzas de seguridad de Venezuela, luego de participar en manifestaciones contra el régimen autoritario.

Tras la captura fue llevado a un edificio clandestino donde fue torturado con choques eléctricos y con sofocación (asfixia) aunque posteriormente fue liberado. A los pocos días de recuperar su libertad, Reyes Barrios decidió huir hacia los Estados Unidos, habiendo pasado varios meses en México, desde donde aplicó para obtener una cita a través de la aplicación CBP One.

Al presentarse a su cita con migración, en septiembre de 2024, fue puesto bajo custodia y recluido en el Centro de Detención de Otay Mesa, estado de California.

En diciembre de 2024, argumentando ser víctima del régimen autoritario de Nicolás Maduro, Reyes Barrio presentó una solicitud de asilo y su audiencia individual estaba programada para el próximo 17 de abril, ante un tribunal de inmigración de Otay Mesa.

Sin embargo, según el documento firmado por la abogada Tobin, el pasado 15 de marzo fue deportado a El Salvador sin previamente haber notificado a la abogada ni a la familia del peticionario de asilo. Fue hasta el pasado martes, 18 de marzo, que Tobin contactó a un funcionario del ICE, que se enteró que su cliente estaba encarcelado en El Salvador.

El pasado 15 de marzo, 238 venezolanos fueron enviados de Estados Unidos a El Salvador, donde de inmediato fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.

Tanto funcionarios de Estados Unidos como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmaron en diversas redes sociales, que los 238 venezolanos eran todos terroristas pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua.

Pocas horas después se supo que aproximadamente 100 venezolanos no tenían registro delincuencial, ni eran miembros del Tren de Aragua, sino que habían sido expulsados de Estados Unidos por cuestiones migratorias.

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Futbolista, entrenador y sin registro delincuencial…

Según el escrito firmado por Tobin, cuya autenticidad no se ha podido corroborar, Reyes Barrios es futbolista profesional, nunca ha sido arrestado ni acusado de ningún delito y tiene una trayectoria laboral estable como futbolista y entrenador de fútbol infantil y juvenil.

De acuerdo con la abogada del venezolano, durante el proceso fueron presentados varios documentos con los que pretendían demostrar que Reyes Barrios no era delincuente. Entre los presentados estaban el certificado de antecedentes penales de Venezuela, cartas de empleadores y una declaración del tatuador que le hizo los tatuajes, así como imágenes de publicaciones en internet mostrando tatuajes similares.

Tras presentar tales documentos, Reyes Barrios fue sacado del sector de máxima seguridad donde había estado detenido, a un sector más relajado, indica el documento firmado por Tobin.

Un familiar del futbolista indicó que éste quedó detenido cuando se presentó a su cita de migración por tener “tatuajes sospechosos” relacionados con el Tren de Aragua, entre éstos, una corona encima de un balón de fútbol. “En Venezuela en su mayoría, las personas pueden tener dicho tatuaje por moda o gustos”, señaló el familiar.

Después de un mes de estar detenido, enviaron información a la abogada de Reyes Barrios, quien les había dicho que para abril tenía la cita en una corte de migración, la cual sería decisiva para resolver sobre su petición de asilo.

“Sorpresa para nosotros verlo en los videos que están siendo revelados en las redes sociales, de los deportados a El Salvador. Inmediatamente nos comunicamos con la abogada porque ya no salía información de él en el localizador de Ice”, detalló Jair Reyes, en una publicación sobre el caso.

“Hoy es el día y seguimos a la espera de saber qué es lo que va pasar con Jerce. Entendemos y respetamos las leyes de cada país, pero de la misma manera pedimos que por favor se haga justicia…”, señaló Reyes.

“No sabemos nada de él…”

Los casos de familias venezolanas que quieren saber qué ha pasado con sus parientes que tenían presos por causas migratorias en Estados Unidos, continúan saliendo a la luz. En la mayoría de los casos, solicitan saber con certeza si están encarcelados en El Salvador.

Jennifer Aguilar aseguró estar angustiada porque supone que su hermano, Norberto Rafael Aguilar Rodríguez Rafael fue enviado el pasado 15 de marzo a El Salvador, aunque afirmó no tener la certeza de ello.

Según Jennifer, antes de viajar a Estados Unidos, su hermano vivió 10 años en Colombia, donde trabajaba como encargado de una tienda de zapatos, pero por buscar mejoras en la economía decidió hacer el viaje, donde un amigo le había prometido conseguirle trabajo.

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Una vez que llegó a México, solicitó su cita a través de CBP One. A finales de marzo de 2024 logró entrar a Estados Unidos; después de acudir a su cita en Migración lo dejaron libre luego comenzó a trabajar en una empresa de autobuses donde descubrió que unos mexicanos y venezolanos robaban y estafaban  a migrantes que usaban el transporte. Estos en venganza denunciaron a la empresa y a Rafael diciendo que eran del Tren de Aragua.

Luego de esa denuncia, agentes de migración capturaron a Rafael y a otros venezolanos, pero tras presentar documentación de su situación jurídica en Venezuela y Colombia, le programaron audiencia en la Corte para febrero y le dijeron que lo iban a deportar. 

“Hoy no sé dónde está mi hermano; no sé si sigue preso en California o está en El Salvador. Me preocupa no saber nada de él”, afirmó Jennifer. “Él se fue buscando un futuro mejor para sus hijos, y también para ayudarme con mi tratamiento aquí en Colombia, porque yo tengo cáncer”, agregó la venezolana.

“Él no es delincuente, somos una familia de campesinos educados de manera que sabemos que si hacemos mal tenemos que pagar pero si hiciste algo bien, no es justo que te condenen por hacer el bien. Eso fue lo que pasó con él que por ayudar pagó caro”, dijo Jennifer.

“Yo no sé donde está, no sé donde lo tienen; Yo necesito saber por lo menos dónde está”, agregó.

Jennifer ha intentado que Nayib Bukele le preste atención al caso de su hermano; le ha escrito mensajes en varias redes sociales en los que le reitera que lo respeta y admira porque ha encerrado a mucha gente mala, pero le pide que revise el caso de su hermano.

Misma narrativa del régimen de excepción

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)”, escribió Bukele en un tuit publicado a las 6:13 a.m. del pasado 16 de marzo.

Sin embargo, horas después, la Secretaría de Prensa del gobierno de Donald Trump desmintió la afirmación hecha por Bukele: 101 venezolanos enviados a El Salvador no tienen récord criminal ni están ligados al Tren de Aragua; fueron expulsados de Estados Unidos debido a su situación migratoria irregular.

No es la primera vez que Bukele miente en sus publicaciones. Al decir que los 238 venezolanos eran miembros del Tren de Aragua, sin dejar ningún margen de duda de que algunos no eran delincuentes, hizo lo mismo que con los salvadoreños capturados bajo el régimen de excepción.

En su narrativa, Bukele y muchos de sus funcionarios han afirmado que el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 80 mil pandilleros o terroristas; sin embargo, varios miles de esas personas han sido liberadas bajo medidas sustitutivas a la prisión debido a que los jueces no han encontrado pruebas de que pertenezcan a grupos de pandillas.

A mediados de noviembre de 2024, Bukele admitió en conferencia de prensa en Costa Rica, donde realizaba una visita oficial, que más de 8,000 inocentes capturados bajo el régimen de excepción, habían sido liberados.

Organizaciones activistas de derechos humanos también han registrado la muerte de más de 350 personas, ajenas a vínculos con pandillas, que murieron mientras estaban bajo la custodia del Estado, recluidas en diferentes prisiones. Algunas de estas personas fueron asesinadas o torturadas por custodios de la Dirección General de Centros Penales.

Este 27 de marzo, el régimen de excepción cumplirá tres años de vigencia a pesar de que el gobierno asegura desde hace mucho que El Salvador es el país más seguro del mundo.