El Salvador deberá cumplir con varios requisitos antes de poder acceder a la mayoría de fondos de cooperación del gobierno de Estados Unidos en 2023, entre ellos, que combata la corrupción y la impunidad, que implemente programas para fortalecer el Estado de Derecho, que garantice el trabajo de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, que proporcione seguridad jurídica a sus habitantes y que implemente políticas para reducir la pobreza, entre otros.
A petición de la congresista Norma Torres, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, instancia que aprobó el proyecto de presupuesto del año fiscal 2023 el 29 de junio de 2022, establece que antes de desembolsar fondos para El Salvador, Guatemala y Honduras, estos países deberán cumplir con los requisitos señalados en esta nota.
Las condiciones han sido impuestas para el 60% de los siguientes programas de ayuda: “Fondo de Apoyo Económico” (título III) y de la “Asistencia Internacional en Seguridad” (título IV) de la ley para los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, si hay una asignación para estos países deberá ser notificada a los comités de apropiaciones del Congreso.
La ayuda asignada a Centroamérica fue aprobada dentro del presupuesto de América Latina y El Caribe.
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Sin embargo, más de la mitad de los fondos solo podrán ser desembolsados después de que el Secretario de Estado corrobore e informe a los comités de asignaciones del Congreso que el gobierno de El Salvador está cumpliendo con los requisitos exigidos.
El Comité de Asignaciones pide que El Salvador combata la corrupción y la impunidad sin importar que los posibles infractores sean personeros del gobierno, personal militar y policías a quienes se presuma que están cometiendo actos de corrupción.
Además, que implemente reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluyendo el incremento de la transparencia de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las entidades judiciales y electorales y facilitar la información sobre el financiamiento de la campaña política y de los partidos políticos.
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Que proteja los derechos de los defensores de los derechos humanos, de los sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y que se garantice la independencia de los medios de comunicación.
A la vez que proporcione seguridad y aplicación de la ley efectiva y responsable para los ciudadanos, así como reducir el papel del Ejército en la seguridad pública y defender el debido proceso legal.
Que implemente adecuadamente programas para reducir la violencia en contra de las mujeres y las niñas.
También, que busque políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico equitativo y las oportunidades, incluida la implementación de reformas para fortalecer los sistemas educativos, los programas de capacitación vocacional y los programas para jóvenes en riesgo.
Que mejore la seguridad en las fronteras y combata el contrabando, la trata de personas y contrarreste las bandas criminales, traficantes de drogas y organizaciones criminales transnacionales, entre otros condicionamientos.
La ley excluye a El Salvador, Guatemala y Honduras de los fondos asignados para el “Programa de Financiamiento militar extranjero”.
Si el Departamento de Estado no puede certificar estas características para cualquier gobierno del Triángulo Norte, estos fondos deberán ser reprogramados para asistir a organizaciones de sociedad civil de estos países.
Es decir, la sociedad civil podrá recibir fondos que eran destinados a los gobiernos centrales si estos no cumplen los requisitos mínimos para la cooperación estadounidense.
Igualmente, el dinero de la cooperación no será asignado si el Secretario de Estado comprueba que el recurso destinado para el Control Internacional de narcóticos y de entrenamiento y educación militar internacional es usado en contra del personal de EE.UU. o en violación de un acuerdo de uso final o en contra de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Este es el tercer año consecutivo que se aplicará esa prohibición si es que la Cámara de Representantes no hace enmiendas a esta iniciativa de presupuesto presentada esta semana.