Después de 44 años el Estado salvadoreño sigue sin cumplir su obligación de acceso a la justicia y reparación a las víctimas de la masacre del Río Sumpul perpetrada el 13 y 14 de mayo de 1980, manifestaron Ovidio Mauricio y Alejandro Díaz, representantes de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, durante la entrevista de YSUCA.
Díaz explicó que la matanza realizada en el lugar conocido como el Plan de las Aradas (Chalatenango) y el Río Sumpul fue parte de los operativos de tierra arrasada de la Fuerza Armada implementadas como doctrina de seguridad, pero que en la práctica eran ataques sistemáticos indiscriminados contra la población civil, en lugares donde de consideraba que predominaba la guerrilla o por los lugares donde se movían.
Según datos recopilados por esa organización a través de testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes, un estimado de 600 personas, en la mayoría niños, niñas y ancianos, fueron asesinados en esa operación militar desarrollada con el apoyo del Ejército hondureño para evitar que las víctimas huyeran al vecino país.
“Este era el lugar donde la población civil consideraba que podía resguardarse cuando huían de los operativos. Tanto la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y miembros de ORDEN, tenían bien planificado llegar a ese lugar en la mañana del 14 de mayo y empezar a ejecutar a víctimas civiles, lamentablemente la mayoría niños y ancianos”, aseguró Díaz.
Para Mauricio este es un caso emblemático, debido a la cantidad de víctimas y la participación del Ejército hondureño para contener a la gente que huía.
Sin investigación
Los representantes de Tutela Legal reseñaron cómo ningún gobierno, desde la firma de los Acuerdos de Paz, ha cumplido con su obligación de investigar la masacre perpetrada por la Fuerza Armada.
Díaz explicó que cinco días después que salió el Informe de la Comisión de la Verdad, en el que se visualizan 32 casos de violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, se aplicó una amnistía general.
“Aún así Tutela Legal con María Julia y varias de las víctimas presentaron una denuncia al Juzgado de Primera Instancia en el 92 y señalaron la participación de estos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada de Honduras”, dijo el abogado.
Para los representantes de Tutela Legal ni la Fiscalía ni el Órgano Judicial han mostrado interés en la búsqueda de los restos de las víctimas y al contrario han obstaculizado las investigaciones.
Hasta el momento se han realizado tres etapas de exhumaciones, en 2021 se encontraron los restos de seis víctimas asesinados durante la persecución militar, los cuales posteriormente fueron entregados a sus familiares.
Asimismo en abril de este año se realizaron unas exhumaciones de algunos restos que fueron lanzados dentro de un pozo.
Díaz explicó que durante las exhumaciones hubo acciones de obstaculización, por ejemplo un Tribunal de Chalatenango mandó una una solicitud a la Corte Suprema de El Salvador para realizar exhumaciones en Honduras, en aldeas cercanas donde se habría podido recuperar restos, pero la petición se perdió y hasta ahora no hay una respuesta al respecto.
“Consideramos que el caso está en una etapa que se pueda llevar a una sentencia en contra de los victimarios. Lamentablemente el Estado ha faltado en su deber de acceso a la justicia y reparación de las víctimas”, manifestó Díaz.
Al considerar que un soldado o un guardia no iba a realizar una acción sin tener la orden de sus superiores, los representantes de Tutela Legal señalan al alto mando de la Fuerza Armada como los responsables de la matanza.
Los señalados como responsables intelectuales son: José Guillermo García, ministro de Defensa; Juan Rafael Bustillo, Jefe de la Fuerza Aérea; Carlos Eugenio Vides Casanova, Jefe de la Guardia Nacional y Ricardo Peña Arbaiza, Jefe del Destacamento militar No 1.
En 2015, el Estado salvadoreño mandó un oficio al juzgado asegurando que no existen archivos militares de los listados del batallón que intervino en el operativo, ni libro de novedades.
“Nosotros estamos exigiendo que a 44 años se den acciones efectivas contundentes para procesar a los que están señalados como los actores intelectuales y materiales”, puntualizó Díaz.