El derecho de acceso a la información pública y la transparencia en El Salvador se encuentran en una situación deplorable, así lo señaló Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, este martes.
"Lamentablemente, el estado de la situación de la transparencia en nuestro país es bastante deplorable", expresó.
La experta señaló en la entrevista de radio YSUCA que la transparencia es parte del derecho de expresión y de acceso a la información, lo que permite ejercer también el derecho de contraloría ciudadana a las instancias públicas.
No obstante, expuso que para restringir el derecho debe justificarse, como el caso de información clasificada como confidencial y los datos personales de otra persona; pero que se usan estos mecanismos para ocultar información.
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Una investigación de Cristosal requirió de 15 sujetos cualificados, periodistas, medios de comunicación, centros de investigación y universidades, las solicitudes de información que presentaron desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.
En total, fueron 1,463 solicitudes, de las cuales solo el 27 % fue entregada, de ese porcentaje, el 15 % fue información parcial.
"Es decir, no toda la información se entrega como se pide, lo que piden los ciudadanos; en este caso para el ejercicio de su labor, ya sea investigativa, ya sea de documentación", señaló.
Además, solo el 9.35 % de información se dio sobre el financiamiento de los partidos políticos. "Y en esto tiene una enorme responsabilidad y deuda el Tribunal Supremo Electoral que no garantiza el derecho a la información", expuso.
Agregó que ese tipo de información permite verificar si los donantes de los partidos políticos salen beneficiados con las contrataciones públicas o no, o si hay "prácticas clientelares" de corrupción.
Otro aspecto es que las instituciones tienen retrocesos en la divulgación de información oficiosa. Mencionó que otro estudio de la UCA evidenció que de 1,455 solicitudes de información realizadas por ciudadanos en 2023, menos del 50 % recibió una respuesta de la institución pública; pero en algunos casos lo que se entregaba era un enlace web que remitía, supuestamente, donde estaba alojada la información, pero esta no se encontraba.
"Pues no hay una satisfacción del derecho aún cuando la solicitud haya sido respondida de manera afirmativa para entregar la información", expresó. Reiteró que existe una opacidad y que se ha convertido en una política pública.
López añadió que incluso en último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el régimen de excepción hace un recuento de la información no entregada.
“Según el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública toda aquella información que implique una vulneración de derechos humanos no puede ser reservada; por lo tanto, es absurdo que se esté reservando esa información porque se está actuando en contra de la ley”, dijo.
En la encuesta de Presupuesto Abierto el país también resultó con bajo puntaje y menor transparencia en la elaboración del presupuesto. Mencionó como ejemplo una investigación de Cristosal sobre el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) de que solo el 5.8% de los más de $1,200 millones que recibió desde 2019 hasta 2023 tiene respaldo documental de acceso público.
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“La transparencia es una obligación de la administración pública. Precisamente por la transparencia es que el pueblo salvadoreño pudo evaluar gobiernos anteriores”, enfatizó.