Después de salir de clases, el niño vio a su padrastro y hermano arriba de una patrulla, esposados y con caras de tristeza. Al recodarlo, tras unas cuantas palabras, las lágrimas corren sobre sus mejillas y la ausencia de ambos no lo deja continuar. Este niño, junto a sus dos hermanos, han vivido en carne propia las injusticias del régimen de excepción.
Fernando (nombre ficticio) y su hijo fueron capturados por militares y policías que llegaron a su vivienda los primeros días de mayo del 2022, en Tacuba, Ahuachapán. Junto a ellos se encontraban la abuela y madre de los niños, quienes recuerdan que sin mediar palabras los revisaron y se llevaron a ambos.
“Nosotras preguntamos por qué se los llevaban y no nos decían nada”, asegura su suegra y abuela de los capturados. Desde ese día, las tragedias han golpeado duro a la familia.
Tras varios meses después de su captura, Fernando apareció en su casa el 29 de octubre durante la madrugada. Un muchacho que la familia no sabe quién era lo iba ayudando, porque el agricultor no era capaz de caminar por sí mismo. “Venía solo los huesitos, solo eran pellejitos y se quejaba de un dolor en las costillas”, relató su suegra.
Los vecinos recuerdan al hombre, de 44 años, como un agricultor trabajador que pasaba horas bajo el sol, cultivando para mantener a sus cuatro hijos.
Y aunque Fernando recuperó su libertad, nunca volvió a ser el mismo. Pasó seis meses sin poder recuperarse tras salir del penal de Mariona; se quejaba de un dolor en las costillas, hasta que murió.
“Él solo se quejaba y nosotros le ayudamos con lo que pedía pero se veía bien triste” comenta el niño al recordar a quien en vida consideraba su padre.
El hijo más pequeño todavía no entiende en su totalidad qué está sucediendo, lo único que sabe es que su papá está en el cielo y que ya no va a volver.
La familia se enfrentan a una situación de extrema pobreza agravada por la muerte de Fernando y la captura su hijo, quien permanece en el penal de menores de Ilobasco y del que poco saben de su estado de salud.
“Mi hija es sordomuda, la madre de los niños ha tenido que trabajar en la milpa para poder sacar algo y yo igual me rebusco para ver de dónde sacamos para ir comiendo y con los gastos que tenemos para llevarle sus cosas a mi nieto”, describe la adulta mayor.
La anciana relata que los seis meses que Fernando estuvo detenido sobrevivieron con el maíz que él cosechó el invierno anterior y la venta de unas cuantas gallinas. Aunque las dos mujeres también se dedican a la agricultura, temen que ante la ausencia de Francisco los cultivos no sean suficientes para mantener a los tres hijos.
La familia de Fernando no entiende por qué en el régimen de excepción, además de capturar pandilleros captura a gente inocente, lo que dejó sin derechos al agricultor y permitió que se lo llevaran sin que hubiera una orden de captura en su contra; pero sí están seguras de que lo que le sucedió no es justo. “No merecía morir así y tenemos miedo que a mi nieto le pase lo mismo”, dicen.
“Los niños y niñas no tienen acompañamientos en su duelo”
Para Rina Montti, Directora de Investigación en Derechos Humanos en la oenegé Cristosal, es preocupante el panorama de la niñez bajo el régimen de excepción y más cuando se trata del tema de la muerte y la angustia que genera la pérdida de un familiar cercano, ya que no existe un acompañamiento por parte de las autoridades de Gobierno.
“Son varios escenarios de vulnerabilidad. Una captura de un familiar implica la incertidumbre de la separación, el reencuentro y luego presenciar la muerte; son grandes cantidades de cambios para un menor que no canaliza sus emociones”, comenta la especialista.
Y es que para Montti, niños y niñas en este escenario no han recibido acompañamientos en sus duelos y eso afecta su desarrollo. Se debería tener “un saneamiento” de carácter integral para infantes de familiares capturados bajo el régimen de excepción.
“Aunque esté libre, eso no repara el daño que sufrieron mis hijos”
A sus cuatro hijos no les gusta separarse de su padre, Hugo, quien tiene más de seis meses de haber salido del penal de Izalco y estuvo preso de forma injustificada por varios meses.
Recuerda cómo un junio de 2022 fue capturado sin haber hecho nada.
“Habían capturado a varias del mismo lugar donde vivo, solo nos detuvieron, sin decir mayor detalle nos llevaron para la delegación”, describe. Aunque Hugo estaba de acuerdo con las medidas implementadas por el gobierno, nunca imaginó que él sería llevado y tratado como un pandillero más, sin ser parte de una estructura pandilleril.
“Con ustedes completamos”, fue una de las frases que este padre no olvidará jamás cuando llegó a la delegación, donde fue trasladado al penal de Izalco.
Ahí pasó los peores días de su vida, como él lo describe, “ellos querían que aceptáramos que éramos pandilleros cuando en realidad no era así, yo por qué iba a aceptar algo que no soy”. Añade que “lo único que me dio fuerzas fueron mis hijos y mi esposa. Yo solo pensaba en ellos como mi motor para aguantar todos los días, es lo peor que me ha pasado en la vida”.
Su esposa recuerda cómo esos días de ausencia fueron una pesadilla para la familia, pues “todos los días mis cuatro hijos preguntaban por su padre y la comida no podía faltar, teníamos un ahorro que con gran esfuerzo y trabajo logramos hacer, con la idea de arreglar nuestra casa; en esos días se fue como agua”, asegura.
Además, recuerda que, después de varios meses, los gastos económicos se volvieron una prioridad y ella tuvo que salir a buscar trabajo, razón por la cual sus hijos no podían ir a escuela y por seguridad los dejaba al cuidado de la abuela.
Según el informe: “Un año bajo el régimen de excepción, una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, presentado por la organización Cristosal, casi siempre los niños y niñas quedan al cuidado de mujeres; algunas son parte de su familia biológica, pero otras son vecinas, amigas o conocidas.
Se trata de mujeres que suelen ser adultas mayores, por lo general abuelas o tías; también, quedan al cuidado de adolescentes o mujeres jóvenes que no tienen empleo o que estaban estudiando y dejan de hacerlo para dedicarse a la manutención, cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes que han quedado a su cargo.
En muchos de estos casos, esas niñas, niños y adolescentes no pueden continuar sus estudios, debido a que no pueden llevarlos a la escuela, tampoco proveer útiles escolares y acompañarles para el desarrollo de sus tareas escolares.
Las y los adolescentes también sufren un impacto en su proyecto de vida, ya que deben asumir responsabilidades que no son propias de su edad, como hacerse cargo de proveer alimentos y servicios básicos a su familia, entre otras responsabilidades, y muchas veces deben abandonar sus estudios.
Y es que aunque Hugo logró salir del penal, todavía continúa el proceso: tiene que ir a firmar a la delegación más cercana y asegura que “aunque esté libre eso no repara el daño que sufrieron mis hijos”; además concluye que tanto sus hijos, su esposa y él nunca debieron haber vivido una situación así.
Los niños y niñas son las mayores víctimas del régimen
Para los especialistas en niñez y adolescencia del Servicio Social Pasionista (SSPAS), los niños y niñas son las mayores víctimas del régimen de excepción y suelen presenciar la mayoría de las detenciones donde el uso de la violencia es predominante.
“Existe un trauma que se va profundizando con el paso del tiempo, porque no solamente se ve fracturada su familia, sino que todo lo emocional y el hecho de sentir que no van a volver a ver a su papá, a su mamá, a su familiar”, explica.
El Estado debe de ser el primero en considerar a la niñez y la adolescencia como personas sujetas de derechos y no puede obviar que la Ley Especializada para primera infancia, niñez y adolescencia, prevalece por sobre otras leyes.