El derramamiento de sangre del pasado fin de semana, cuando 87 personas fueron asesinadas, ha sido bien aprovechado por el gobierno, dice David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal.
“Es una contradicción que puede reflejar esta nueva y lamentable realidad de un gobierno que repite políticas fallidas, viola los derechos humanos, aprovecha la sangre derramada para seguir deteriorando el Estado de Derecho y concentrar poder en la figura del presidente (Nayib Bukele)”, advierte Morales.
Además, considera que hay indicios de negociaciones de este gobierno con grupos criminales. Sobre esto, explica que hay experiencias de este tipo con gobiernos anteriores, de diálogos de grupos criminales al margen de la ley que han generado explosiones de violencia con mayor derramamiento de sangre y que han provocado el fortalecimiento de las pandillas.
Extradiciones
Una muestra de que a lo mejor el gobierno no esté interesado en resolver el tema de la criminalidad pandilleril, dice Morales, es la negativa de las autoridades de seguridad y del sistema de justicia ahora controlado por el poder político de la Presidencia y de la Fiscalía de tramitar la extradición de líderes de pandillas que están siendo requeridos por Estados Unidos.
Morales sugiere que desde el inicio de su gestión, el gobierno debió lanzar una política integral de seguridad que no solo reaccionara a los efectos adversos de la delincuencia de manera reactiva, como lo está haciendo mediante el régimen de excepción, con represión, ya que esto solo trae incremento de la violencia a niveles como los vividos en 2015, con más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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“Parece que esta sangre derramada no motivará ningún esfuerzo integral y serio del Estado, lo utiliza para un ‘populismo punitivo’ que le genere réditos políticos, que incremente sus presupuestos notablemente y que les permita grandes campañas publicitarias de odio que justifiquen estos actos. Y el escenario de un pacto con cúpulas de grupos criminales hace muy posible que al final, las negociaciones con estas cúpulas continúen a efecto de evitar el costo político que les trae el incremento de homicidios”, reflexiona Morales.
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, opina que pareciera que el gobierno en la práctica se está aprovechando de este momento grave de alza de homicidios para hacer toda una contra reforma penal para desarmar la institucionalidad democrática.