Detrás de toda captura debe cumplirse con el debido proceso legal. En esto coincidieron los abogados entrevistados este viernes en el espacio del Canal 21. Los profesionales tienen diversos contrastes de lo que implica el régimen de excepción aplicado por el gobierno desde el domingo 27 de marzo.
No es solo el hecho de detener a una persona por considerarla que pertenece a un grupo criminal o que ha cometido delitos, también se enfocaron en que las autoridades de seguridad deben documentar debidamente los casos.
Esto viene en concordancia con las denuncias de decenas de familiares que se quejan que sus familiares han sido apresados en los últimos días sin tener ninguna relación con pandillas o haber cometido crímenes.
“Hay que recordar a los fiscales que no somos estadísticas, que la población tiene derechos, siempre han existido malas prácticas que han llevado a gente inocente a la cárcel”, advierte la abogada Tahnya Pastor.
Sin embargo, admite que la medida de represión adoptada por el gobierno ha sido acertada, pero lamenta que debió hacerlo desde hace mucho tiempo. “Yo pienso que sí se han tardado en reaccionar”, expresó en la entrevista del Canal 21.
Aunque acepta que se han cometido errores en el proceso, pudiendo apresar también a personas inocentes, los vacíos deben ser subsanados en los 15 días que tienen las autoridades para dejar libre al detenido o procesarlo conforme a las pruebas y siguiendo el debido proceso de ley, para evitar precisamente las denuncias de que hay “violaciones a los derechos humanos”.
“El Estado de excepción era necesario para contener la violencia, pero debió instaurarse antes, como parte del Plan Control Territorial”, recomendó.
Mientras que otros analistas políticos que también participaron en la entrevista como el abogado Julio Valdivieso es de la opinión que si a las autoridades de seguridad se les sale de control los abusos que se cometan en las detenciones la percepción positiva que tiene cierta población de las medidas restrictivas se puede revertir.
Además, consideró que frenar la criminalidad no solo depende de un decreto legislativo, sino de planes de corto, mediano y largo plazo.
Dice estar de acuerdo con el régimen de excepción, pero apunta a que no solo se trata de retomar el territorio que era controlado por las pandillas, también se debe mantener la seguridad en dichas zonas.
“Íbamos a un Estado fallido, el gobierno ha reaccionado para retomar el territorio en poder de las pandillas. Había necesidad de poner orden y controlar la situación”, afirmó Valdivieso.
En cambio, para el analista político Ronal Umaña lo que el gobierno lleva a cabo no era necesario, lo ve más como una “medida política para demostrar que algo se está haciendo”, de hecho considera que es señal de que algo se rompió. Dejó entrever que pudiera tratarse de alguna exigencia de las pandillas hacia el gobierno, algo de fondo que se necesita descubrir para que no vuelva a pasar.
"No había necesidad de aplicar régimen de excepción, esto ha sido una medida de carácter político ¿por qué no lo hicieron en los tres años anteriores? aquí se ha quebrado algo, es una manera de presionar al régimen y siempre son los más pobres y los más humildes quienes pagan los platos rotos de esta situación", lamentó Umaña.