Presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de reforma constitucional aprobado este lunes por la Asamblea Legislativa o que tenga una resolución similar a las emitidas por anteriores Salas de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es poco probable en el actual contexto político, de acuerdo a especialistas.
La reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Carta Magna se aprobó este lunes por dispensa de trámites a iniciativa de Nuevas Ideas, en violación a los plazos que una reforma de este tipo debe hacerse antes de las elecciones y formar parte de la plataforma de oferta de los candidatos a diputados y no cuando los resultados electorales están en firme, según las sentencias de la Sala 7-2012 y 33-2015.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya prevé que el acuerdo de reforma se ratifique en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura, este 1 de mayo, para así evitar que se presenten demandas de inconstitucionalidad a conocimiento de la Sala.
“Este tema ya se había discutido, hay varios motivos por los cuales la reforma que se aprobó ayer es violatoria totalmente a la Constitución, es antidemocrática. Pero las mismas Salas antes dijeron que se puede conocer en un proceso de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales antes que se ratifiquen. Porque ya una vez ratificada, forma parte de la Constitución”,
Enrique Anaya, abogado constitucionalista
Su postura la expuso en el programa Diálogo 21 este martes y reiteró que es posible que se ratifique mañana para evitar los cuestionamientos a la reforma.
Indicó que el propósito de establecer mecanismos complejos para reformar la Constitución es para evitar que mayorías legislativas coyunturales la reformen a su antojo. “Al haber hecho ayer lo que hicieron, significa que la Constitución se va a poder cambiar en un día. Es más, en una mañana”, expresó.
Y agregó que a partir de la nueva legislatura, se podrá modificar la Carta Magna “al gusto y antojo del dictador”.
Mencionó como ejemplo que se podría reformar el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, como se maneja en el régimen de excepción o, incluso, no descarta que se pueda aprobar la pena de muerte en el país o que la seguridad pública sea militarizada. “Aquí el problema es que pueden modificar todo”, añadió.
Anaya señaló con preocupación que se hizo una reforma constitucional por medio de dispensa de trámites y no realizar un verdadero análisis.
En declaraciones a la prensa este martes, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y quien fue reelecto como diputado, señaló que la nueva legislatura decidirá si ratifica el acuerdo de reforma.
Nueva interpretación
Sobre esto, el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, consideró que una demanda de inconstitucionalidad no sería resuelta como lo establece la interpretación vigente de la misma Sala de lo Constitucional, sino que más bien emitirá una nueva.
Galindo explicó en la entrevista radial La Tribu, que la Sala se pronunció años atrás ante una propuesta de reforma que hizo la Asamblea tratando de ampliar los periodos para diputados y alcaldes, pero se puso un recurso de inconstitucionalidad porque la reforma no había sido presentada al público antes de las elecciones.
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“Entonces la Sala concluyó que, efectivamente, era de naturaleza que el público conociera de esa reforma y de alguna manera se expresara sobre ella en la elección. Esa regla está vigente, y mientras no cambie la interpretación esa es la que opera”, expuso.
Pero advierte que si algún ciudadano presentara un recurso de inconstitucionalidad, la actual Sala podría cambiar la jurisprudencia: “Y va a decir que ese requisito de estar sometido antes de la elección no es un requisito obligatorio de la Constitución y que por lo tanto, lo aprobado ayer, está bien aprobada”.