Cuatro organizaciones de la sociedad civil realizaron este viernes el conversatorio "Elecciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Importancia del proceso eleccionario y de la participación ciudadana", en el que profesionales lamentaron que se realizaron entrevistas básicas a las y los candidatos y que poco o nada se espera de estas elecciones en cuanto a competencia e independencia respecto al poder político.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Acción Ciudadana y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) organizaron el foro con expertos locales y de la región.
El exintegrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Francisco Díaz, analizó la poca rigurosidad del proceso de selección de aspirantes por parte del CNJ, iniciando con la divulgación del listado de abogados elegibles; pero lamentó que nada se espera de estas elecciones, pues señaló que los candidatos mantuvieron una actitud genuflexa ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
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“No podemos esperar nada de este proceso de elección. Tendremos más opacidad, especialmente en el sistema judicial penal”, advirtió el experto.
Este lunes 12 de septiembre la Comisión Política culminó las entrevistas de los 30 candidatos y candidatas y si bien estas tuvieron un formato “básico”, aún los legisladores pueden profundizar en los perfiles, según explicó la coordinadora del Área de Transparencia de Funde, Jessica Estrada.
“Las listas de candidatos se trasladan a la Asamblea y depende de ellos la decisión final, entonces esa responsabilidad de indagar los perfiles y la moralidad y competencia notoria recae completamente en la Asamblea… Vemos preguntas muy generales que no permiten conocer a detalle la capacidad de estas personas e indagar en aspectos que requieren tener cuadros de evaluación”, dijo Estrada.
Díaz añadió que si bien la elección es con base a una lista que incluye las personas electas en el proceso administrado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y las seleccionadas por CNJ, esta no tiene antecedentes.
Estrada, además, señaló que no se revela hasta ahora cómo se valoraron los insumos de las entrevistas, pues ejemplifica que si algunos de ellos ya fueron funcionarios públicos no se conoce cómo se evalúa si no fueron sancionados, si están al día con sus declaraciones en Probidad; entre otros elementos.
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que el poder político siempre busca tener controladas la producción de leyes, el dinero y la justicia.
“Ese es un a-b-c de todo poder político, busca poder político sobre los tres factores, obviamente, esta influencia se va haciendo mayor en la medida que estamos hablando de un gobierno autoritario, entre más autoritario es un gobierno más control busca tener de la justicia”, advirtió.
Coincidió con Escobar el director de la revista Factum, César Fagoaga, quien advirtió que el país está por tener “empleados de Casa Presidencial” como magistrados de la CSJ.
“Ha habido muy poco avance en la transparencia del proceso de selección y del por qué un candidato o candidata es idóneo para llegar a la CSJ. Hoy vemos una voracidad por sepultar a la justicia”, consideró Fagoaga.
Gabriela Mundo, oficial de programa senior para Centroamérica de DPLF, lamentó que exista apatía ciudadana en este tema, pues recordó que por cualquier asunto la justicia es para todas las personas.
“Provocando la discusión, así se recupera la democracia y que estos temas se sigan discutiendo a pesar de la opacidad”, señaló Mundo.
La Asamblea Legislativa tiene hasta el 23 de septiembre para elegir a un tercio de magistrados de la CSJ, pues ese día finaliza el periodo para el que fueron electos, incluyendo el actual presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez.