Hace cinco meses el caserío El Jícaro, cantón Calpule del municipio de Sociedad, en Morazán, fue conocido a nivel nacional por el fallecimiento de dos menores que fueron arrastrados por la corriente de una quebrada cuando regresaban de la escuela.
Al transcurrir los meses, la comunidad volvió a quedar en el olvido y abandonada por el Estado salvadoreño, según denunció el delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Morazán, Roberto Martínez, pues señaló que ninguna entidad gubernamental dio seguimiento al caso, ni atención psicológica a los niños o padres de familia.
Es por esto que recientemente se realizó una inspección por parte de la oficina de la PDDH del departamento en la que constató las condiciones deplorables en las que los niños reciben sus clases, ya que a pesar de haber sido señalizadas como zona de riesgo no han tenido, hasta la fecha, ninguna intervención por parte de las instituciones de gobierno, por lo que las clases continúan su curso programado.
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Seguimiento del caso
“Nosotros como PDDH de Morazán estamos dando seguimiento al hecho que ocurrió en septiembre del año 2022, cuando tres niños de una misma familia fueron arrastrados por la corriente de una quebrada. Lamentablemente dos de ellos fallecieron y es desde ese momento que la PDDH se ha interesado en darle seguimiento al caso, porque para los padres de familia y sus compañeros del centro escolar es de gran conmoción”, explicó el delegado de Procuraduría.
La PDDH ha realizado dos visitas al lugar y asegura que se encuentran en condiciones extremas de pobreza en la zona y que incluso los caminos para llegar al centro escolar son de difícil acceso.
“Ahí solo se puede entrar con vehículo 4x4. Las condiciones en las que viven esas personas son precarias. Además, hemos constatado que la alcaldía ha hecho una parte de mejoramiento, pero el centro escolar de ahí está en condiciones de riesgo, incluso, hay zonas de dicho centro donde se han colocado cintas amarillas para que los niños no se acerquen a esa zona. Además hay grietas en las paredes y los pisos de la escuela. Como PDDH entendemos que Protección Civil ha realizado la visita a la escuela y por alguna razón han puesto cinta amarilla”, describió Martínez.
El delegado agregó que en el centro escolar solo se cuenta con un salón de clases para atender a todos los estudiantes.
“Ahí los niños de un grado tienen que ver a un lado y los del otro grado ver hacia el otro extremo y así; para que los niños puedan ir al baño deben pasar por las grietas que hay en el piso, es decir son condiciones deplorables”, relató.
El llamado que realiza la PDDH es para el Ministerio de Educación, la Dirección de Obras Municipales (DOM), Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), entre otras, para que efectúen las intervenciones oportunas, ya que las condiciones de esta comunidad vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, negando el acceso a la educación digna y de calidad, como se establece en la Ley Crecer Juntos.