La situación al interior del Centro Escolar Caserío La Ringlera, de Jucuarán, es compleja, delicada y hay más de una versión de lo que ocurre. Y es tan delicado, que muchos de los habitantes del caserío no quieren hablar con extraños sobre el asunto, el cual llegó este martes a los medios de comunicación.
Mientras en San Salvador, los líderes de Bases Magisteriales exponían un lado de la situación, señalando que personal de la municipalidad cerró con candado la escuelita y que el personal docente se siente acosado laboralmente; una comitiva con representantes del Ministerio de Educación y miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) realizaban una auditoria al interior del centro educativo, en el cantón el Jícaro, del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután.
Entre los hallazgos encontrados durante la auditoria están unos 20 uniformes deportivos nuevos, así como 40 uniformes de uso diario e igual número de pares de zapatos, todos localizados en la dirección del centro de estudios, de acuerdo con personas que participaron en esa inspección.
VIDEO: Profesores denuncian "toma" de la escuela rural en Jucuarán y culpan a la alcaldía
Desde el sindicato.
El sindicato de docentes Bases Magisteriales denunció en conferencia de prensa, “la toma del Centro Escolar Caserío la Ringlera” y señaló públicamente que fue el jefe de catastro de la municipalidad, junto a otras personas, quienes pusieron la cadena y el candado al portón de la escuela rural.
“El motivo es que a juicio del alcalde de dicho municipio, el síndico, el secretario y el presidente de la Adesco consideran que en dicho centro escolar hay maltrato al alumnado”, denunciaron.
El sindicato expusó que de ser cierta la acusación “debieron denunciar a los docentes en la Junta de la Carrera Docente respectiva, al Conna o a Derechos Humanos. Los funcionarios del Concejo Municipal no son la policía educativa; ese concejo debe dedicarse a sus funciones tales como recolección de basura, reparación de calles, mercados”.
De acuerdo con los dirigentes sindicales las personas que cerraron la escuela cometieron un delito tipificado en el artículo 345 -B del Código Penal, que se refiere a ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo. Bases Magisteriales informó que acudirá a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la situación del centro educativo.
Alcaldía sin ahondar en el tema
Se buscó conocer la versión del alcalde de Álvaro Rodríguez, pero, la llamada telefónica era enviada a buzón de voz.
Personal de Comunicaciones, dijo no estar autorizado para hablar sobre el tema y que como institución se mantenían al margen de esa situación, “es la comunidad y la Adesco que están actuando al respecto, se encontraban compañeros (de trabajo) que tienen hijos y que viven en la comunidad” fue el único comentario hecho.
“Ellos (trabajadores de la alcaldía) se presentaron porque son personas de acá que trabajan en la alcaldía que tienen alumnos, estuvieron ellos, adesco y la comunidad. El el jefe de catastro pasó y vio a la gente y se bajó a preguntar”, comentó Joel García, presidente de la Adesco.
Lo que dicen el CDE
Ninguno de los 70 niños matriculados en la escuelita está asistiendo a clases desde el lunes, cuando pusieron la cadena y el candado al portón.
Pero la acción para los miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) es válida y tiene una justificación.
Ellos alegan que hay señalamientos que van desde acoso sexual, amenazas a padres, expulsión injustificada, robo de alimento, maltrato a los niños, pérdida de implementos escolares como computadoras e incumplimiento al horario laboral.
“Esta escuela está en abandono como que no vinieran los niños. Todo no sirve. El año pasado que se aprobó (presupuesto) dijeron que era para reparaciones leves; preguntamos qué se iba hacer con esos $300, se construyó la acera. Acá no se celebra el Día de la Madre ni del Padre, acá los niños de parvularia nunca han tenido una graduación”, comentó la madre de un alumno y miembro del CDE.
Joel García, en su calidad de presidente de la ADESCO, expusó que envió una carta a la Departamental de Educación de Usulután exponiendo el malestar de la comunidad con la administración del centro educativo.
La carta fue enviada el 10 de mayo. El 17 de ese mismo mes, el Director departamental llegó hasta el centro educativo y ordenó el traslado del matrimonio de docentes, narró García.
“Pensaron que éramos una comunidad de gente tonta, por eso no los dejamos que entraran (el pasado lunes). Dijimos que abriríamos el portón hasta que llegara el director departamental, porque él dijo que (los profesores) ya tenían su traslado. Tuvo que venir el MINED de San Salvador y les quitaron las llaves (al director)”, narró García, en referencia a lo ocurrido a inicios de esta semana.
Antecedentes. En voz del sindicato
Los representantes sindicales, basados en la comunicación que enviaron los profesores, narraron que el 13 de mayo pasado, a las 10:00 de la mañana llegó a la escuela del caserío el director departamental de educación y su equipo de trabajo. Uno de los miembros de esa comitiva entró a una de las aulas, en donde se impartían clases e interrogó a los alumnos si eran maltratados y cuál era su horario de clases. Similar situación se repitió en otras aulas.
Añaden en el relató que se les ordenó a los docentes que despacharan a los alumnos . Luego los profesores fueron reunidos a las 11:30 de la mañana. A esa reunión llegó el alcalde y el síndico municipal de la localidad, quienes dijeron a los maestros que también llegaría el presidente de la Adesco a esa reunión.
Continúan la narración de hechos diciendo que los educadores desconocían el motivo de la reunión. Fue ahí donde les dijeron que había una denuncia de maltrato hacía el alumnado, de acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Adesco al alcalde.
“El alcalde junto al de la Adesco le piden al director departamental el traslado de los 3 docentes inmediatamente. Una de las dos maestras no soportó el acoso de tantas personas y dijo que estaba de acuerdo que los trasladaran. La otra docente respondió algunas preguntas luego se le subió la presión y se puso a llorar. Luego levantaron acta en el libro de visitas donde ellos dejaron los acuerdos de traslado, la cual aprovechándose de la confusión de los hechos que nos estaban acusando, nos dijeron que firmamos a continuación de ellos, esa acta no cuenta con sello de los visitantes porque dijeron que no lo andaban”, se expone en el comunicado donde se exponen los hechos.
Sobre acoso. Versión CDE
Los miembros del CDE manejan información de un caso, de hace algunos años, de acoso dentro de la institución.
Unos de los casos, aseguran, llegó hasta la oficina Departamental de Educación en Usulután, de acuerdo a miembros de la comunidad educativa. La madre interpuso la denuncia respectiva pero posteriormente salió junto a su hija rumbo a Estados Unidos, “él llegó hasta la casa de la persona que lo denunció y la testigo, las amenazó”, aseguró el presidente de la Adesco.
Al interior de la escuela.
El centro escolar del caserío La Ringlera atiende a 70 alumnos, en dos jornadas. Por la mañana atienden parvularia integrada, tercero y cuarto grado integrado, quinto y sexto grado integrado; y por la tarde primero y segundo grado integrado. El alumnado es atendido por tres profesoras y un director.
La llegada de una de las maestra al centro escolar fue hace unos 30 años, luego llegó su esposo. Ambos están, ahora, a un lapso de jubilarse y en discordia con parte de la comunidad.
“Ya es mucho, si no hubiera sido malos que se jubilaran y pasaran todos sus años acá, pero que hubieran trabajado bien, han sacado muchos maestros como no estaban de acuerdo como trabajan ellos”, dijo este martes la madre de un alumno.
Situación actual. Versión CDE
A los ojos de los miembros del CDE la infraestructura escolar está dañada. No hay mejoras pese a tener un presupuesto escolar mensual de $1,500, según los miembros del CDE.
Mabel Romero es la tesorera del CDE del centro escolar y recuerda que durante las reuniones, el director solicitaba dinero para diversas reparaciones o compras que se tenían que realizar, pero poco de eso se ejecutaba; incluso dice que hay señalamientos de solicitar a las personas que ejercían como tesoreros firmarán cheques en blanco.
“Hace un mes llegó a la casa y me dijo que le firmara un cheque, vaya le dije y le hice ver que el cheque estaba en blanco. Él me dijo: ¿ pero por qué desconfías Mabelita? ¿yo qué te voy hacer? y luego me dijo fírmame este otro por si se equivocan, y los firme. Uno se atemoriza y da miedo, porque cuando uno no cae bien, pagan los niños”.
Romero dijo que siente temor de que existan represalias judiciales en su contra y en otros miembros de la comunidad.
“Yo tengo temor por firmar esos cheques, y se lo dije a la gente del ministerio porque uno lo hace inocentemente, porque uno confía en ellos, porque todos estos años atrás han sido otros tesoreros e igual siempre los hacen firmar cheques y la firma de la secretaria que era la maestra”, declaró.
Versión desde el sindicato
“Todo esto lo vemos con tintes políticos porque hablan de una denuncia , la cual no se encuentra en ninguna de las entidades respectivas. Nosotros nos sentimos acosados laboralmente”, exponen los docentes a través de Bases Magisteriales.
A través del sindicato también sacan a luz pública que el 12 de agosto, el director de dicho centro escolar recibió órdenes para que “siguiendo los acuerdos de la visita del 13 de mayo subutilice a las 2 maestras”, sin embargo “el director respondió que no estaba de acuerdo en ser trasladados a otras instituciones”.
Bases Magisteriales señaló que existe un proceso para el traslado de docentes, pero que ese no ha sido realizad en el caso de la escuela rural en mención.
Pero la acción realizada el lunes 15 de agosto no ha dado más alternativa a los maestros que retirarse del centro educativo.
García agregó que entre este miércoles o jueves se podrían presentarse los maestros interinos.
“Solo queremos que les enseñen a los niños; si no se portan bien igualmente ellos van a recibir estos mensajes, nos vamos a reunir el CED y la directiva y les vamos a decir que se porten bien y si no van para afuera”, declaró García.
Mientras, los dirigentes de Bases Magisteriales dijeron ayer que ellos se reunirían, el martes por la tarde, con autoridades del Ministerio de Educación para tratar el caso;también que llevarían la denuncia ante la Fiscalía y Derechos Humanos.