La iniciativa del Ejecutivo de crear “jueces de garantías”, para autorizar de manera exprés las intervenciones a las telecomunicaciones, preocupa a abogados consultados por El Diario de Hoy, porque se presta para promover el espionaje a los críticos al gobierno y a la población en general.
La propuesta ingresó a la Asamblea Legislativa este 26 de octubre para su estudio.
Los profesionales del Derecho miran en esta propuesta un riesgo a que se profundicen las violaciones a derechos humanos en el contexto del permanente régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que se cree una especie de “maquila” de resoluciones judiciales en las que primará el interés del gobierno. Lo anterior se agrava, según exponen, porque la carrera judicial se ha “prostituido” desde que la Asamblea oficialista “cooptó” a la Corte Suprema y expulsó a magistrados y jueces que le son “incómodos” para imponer a otros afines al gobierno desde mayo de 2021.
Según la propuesta del gobierno, los llamados “jueces de garantías” estarán permanentemente en el Centro de Escuchas Telefónicas.
El argumento es que esta medida agilizará los procesos de investigación en contra de grupos criminales o de delincuentes.
En la solicitud se dice que actualmente los jueces de instrucción de San Salvador tienen que realizar turnos para autorizar las intervención telefónicas que la Fiscalía requiere. “Debían trasladarse con cada solicitud al Centro de Escuchas Telefónicas para poder autorizar o no las respectivas solicitudes; sin embargo, a lo largo de estos doce años de vigencia de la referida ley especial, la experiencia demuestra que es necesario contar ya con jueces de garantías, que estén de forma permanente en disponibilidad de las solicitudes presentadas ante el Centro de Escuchas”, reza parte de la petición del Ejecutivo enviada a la Asamblea.
Violan Constitución y Tratados
Para el abogado constitucionalista Jonathan Sisco, con la reforma de crear jueces de garantía se deja una facultad muy amplia para intervenir la telefonía que contraviene lo que dicta la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual se aplica a derechos de intimidad, al debido proceso y garantías judiciales.
Con esto, sumado a la propuesta del Ejecutivo de que también el director del Centro de Escuchas tenga la facultad de solicitar la intervención, pese a que es una autoridad administrativa, se abre la puerta para que se use para otros fines.
Al dejar abierta la puerta a arbitrariedades, Sisco argumenta que podrían ser espiadas no solo personas que muestran oposición al gobierno, sino también periodistas y cualquier persona, incluidos funcionarios del actual gobierno.
“Violaría la intimidad personal de la población, cualquier persona podría ser intervenida a pesar de que no haya cometido ninguna acción ilegal”
Jonathan Sisco, abogado constitucionalista
Según dijo, por eso la Constitución establece parámetros para intervenir las telecomunicaciones, pero con la modificación se dejan de lado. La jurisprudencia establece que las escuchas telefónicas se deben focalizar en delitos de crimen organizado y en actos de corrupción, añadió.
Recuerda que la Sala de lo Constitucional también estableció que deben existir por lo menos indicios y prueba circunstancial de que una persona esté involucrada en un delito; de lo contrario, la medida se vuelve desproporcionada e inconstitucional, “debe ser como la mano de un cirujano que extirpa un cáncer, bien precisa para no dañar otros órganos”, ejemplificó.
Para Sisco, la intención de nombrar “jueces de garantías” es clara: “La verdadera intención es que estos jueces de garantías aprueben de forma exprés toda solicitud que venga de la Fiscalía, del director del Centro de Escuchas (según reforma a Ley de Escuchas Telefónicas). Va a ser una especie de maquila de resoluciones judiciales. Solo a eso se van a dedicar y a todo le van a decir que sí”, expresó.
Sisco expone también que los jueces de garantías se vuelven personas de riesgo, ya que los pocos magistrados independientes que han quedado tras la depuración del Órgano Judicial son amenazados de ser trasladados arbitrariamente si no obedecen la línea que ordena una comisión de magistrados, que decide dónde colocarlos de acuerdo con los dictados de los funcionarios del gobierno.
Jueces no serán independientes
Para Xenia Hernández, directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la reforma es grave. Asegura que la independencia judicial se ha roto desde que la Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 e impuso a otros afines al gobierno y posteriormente reformó la Ley Orgánica de este Poder del Estado para cooptarlo totalmente.
“Quedan pocos jueces que son totalmente independientes. Lastimosamente nos vamos a enfrentar a que haya un abuso de este tipo de figuras (jueces de garantías) que no deberían existir, sino que se debería mantener como estaba el ordenamiento jurídico tradicional”.
Xenia Hernández, directora de Fundación DTJ
Añade que desde el 1 de mayo de 2021, lo menos que existe en El Salvador es “independencia judicial”. Con este telón de inicio, las reformas planteadas por el gobierno en la Ley de Escuchas Telefónicas y a la Ley de la Corte Suprema de Justicia, sumadas a otras que ya se lanzaron en materia penal bajo la justificación de combatir el crimen y las pandillas, el riesgo es que se sigan profundizando violaciones a los derechos humanos y la persecución a las voces críticas o a toda persona que se vea sometida a cualquier área judicial.
“La gravedad de todo es que queda a merced de las decisiones de los juzgadores, de su criterio y el miedo al estar sometidos al mismo gobierno, al temor que puedan tener estos de aplicar los estándares internacionales y el principio de independencia de su judicatura, versus las represalias que puedan llegar a tener, en el caso de que exista miedo, pero si son jueces colocados como pasa hoy en día, que no hay una valoración técnica, incluso la carrera judicial se ha prostituido, porque están colocando jueces de acuerdo no a su grado de profesionalidad técnica, sino más bien a la cercanía que puedan tener (con el gobierno)”, lamentó Hernández.