El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó enviar a prisión provisional a tres exempleados de Casa Presidencial y un particular por supuesto desvío de $183 millones durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), informó la Fiscalía General.
El juzgado determinó que los acusados Manuel Arturo Ayala Orellana, Daysi Armida Díaz, Jorge Antonio Revelo Vega y Alexander Benítez Peña permanezcan en prisión mientras se desarrolla la investigación en su contra.
Ayala Orellana fungió como director ejecutivo de Casa Presidencial; Díaz fungió como tesorera institucional de Capres entre el 2016 y 2019; Revelo Vega, un coronel en retiro, laboró como jefe del Estado Mayor Presidencial, en tanto que Benítez Peña es propietario de un taller automotriz en Ciudad Merliot, a quien se le destinaron fondos como proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito como tal, según la Fiscalía.
En total son 18 acusados
En este caso, la Fiscalía acusa a 18 personas, incluyendo a Sánchez Cerén y al exsecretario privado del exmandatario, Manuel Melgar, y a varios militares de alto rango (con grado de coroneles y mayores), quienes fueron parte del Estado Mayor Presidencial, la entidad militar encargada de dar seguridad al presidente de la República, a su entorno familiar y a funcionarios del Órgano Ejecutivo.
Uno de esos militares, con rango de mayor, está vinculado familiarmente con Sánchez Cerén y se encuentra residiendo también en Nicaragua, según fuentes militares. A todos ellos la Fiscalía les ha formulado cargos por los delitos de lavado de dinero y peculado (malversación de fondos públicos).
Entre los 18 imputados en este proceso judicial también figuran Jorge Alberto Herrera Castellanos (extesorero), Francisco Rodríguez Arteaga (exgerente financiero) y Pablo Gómez (exasistente financiero) de Casa Presidencial, quienes ya han sido procesado por otros casos de corrupción durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014).
Incluso Herrera Castellanos ocupó ese mismo cargo durante la presidencia de Elías Antonio Saca (2004-2009) y ya ha sido condenado por delitos de corrupción.
Tanto Funes como Sánchez Cerén viven en Nicaragua, país que les ha concedido la ciudadanía.
Manuel Melgar, exsecretario privado de Salvador Sánchez Cerén, ha declarado en un comunicado que las acusaciones de la Fiscalía “son falsas”.
Melgar dice que el dinero que según la Fiscalía fue malversado fue utilizado para labores de inteligencia y administrado por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), de acuerdo con instructivos legales emitidos por Sánchez Cerén.
“En ningún momento el dinero señalado ha ido a parar a cuentas personales de ningún funcionario, ni personas fuera del gobierno. Las cuentas con que se administraron esos fondos fueron cuentas oficiales de la Presidencia de la República, del Organismo de Inteligencia del Estado y del Estado Mayor Presidencial”, expresa en el documento.