Entregan cadáver de arrestado bajo el régimen de excepción con signos de putrefacción

El cadáver de un hombre de 33 años fue enterrado el martes de esta semana en un cementerio de Ahuachapán; según sus familiares, es otra víctima del régimen de excepción que murió tras poco más de 29 meses de estar preso injustamente, acusándolo falsamente de ser miembro de pandillas.

A petición de la familia, que dijo tener mucho temor, el nombre de la víctima se omite y solo se usarán las iniciales C.P., quien fue capturado el 5 de junio de 2022, cuando regresaba de un domingo de fútbol de barriada en las que él participaba como jugador.

En el cantón Santa Rosa, del departamento de Ahuachapán, a C.P. lo recuerdan como un joven que era bueno para jugar fútbol.

Aquel domingo de junio de 2022 regresaba a su casa, a cenar con su familia, cuando fue interceptado por un grupo de policías que lo capturaron en el marco del régimen de excepción, decretado desde el 27 de marzo de 2022 y que lleva 32 meses de vigencia, a pesar de que el discurso oficial es que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica.

"El Salvador pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina; somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda: ahí están los resultados", aseguró Nayib Bukele ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de septiembre de 2024.

Aparentemente, según versiones de vecinos, a CP lo arrestaron unos policías de una unidad élite, tan solo por el hecho de que usaba una gorra con visera plana. Junto a él también arrestaron a una de sus hermanas que lo acompañaba aquella noche de domingo.

Versiones de quienes conocen el caso aseguran que supuestamente CP les aseguró a los policías que no pertenecía a ningún grupo de pandillas y que era injusto que lo acusaran de tal cosa tan solo por usar una gorra con visera plana.

Lee también: "Él murió en mis brazos": joven albañil muere con desnutrición severa tras casi dos años detenido

No hubo pero que valiera ante los policías. Eran días en que las jefaturas exigían cuotas diarias de capturas a los diferente equipos y éstos obedecían ciegamente, a pesar de estar conscientes de que tal o cual persona no era delincuente.

Los policías lo llevaron directamente a la subdelegacion de Atiquizaya y de allí, la misma noche, lo trasladaron al centro penal de Izalco, donde los custodios les daban la bienvenida a patadas y a garrotazos, según múltiples testimonios de personas que han logrado salir con vida de las prisiones y que pasaron por el referido penal.

CP pasó solamente un mes en el penal de Izalco, luego fue trasladado al centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. 

Y desde aquel domingo en la mañana, cuando CP se despidió de su familia para ir a jugar un partido de fútbol, deporte que le apasionaba, ya no lo volvieron a ver. Sus parientes y vecinos sabían que estaba vivo porque le iban a dejar el paquete de insumos de aseo personal y algunas medicinas, y los custodios les indicaban cómo rotular la bolsa.

Fue hasta el pasado lunes al caer la tarde cuando en el cantón Santa Rosa se corrió la noticia de que CP había muerto. Pronto los vecinos vieron el aspaviento entre los familiares, personas de bajas condiciones económicas. Supuestamente les dijeron que había muerto esa misma tarde del lunes.

Sin embargo, según personas cercanas a la familia (estos no quisieron entrar en detalles aduciendo temor), aparentemente CP no había muerto el día que lo entregaron a sus parientes; el olor del cuerpo indicaba que podría tener más de un día de muerto.. De aquel joven fortachón, de 33 años, bueno para jugar fútbol, apenas quedaban rasgos reconocibles debido a la desnutrición.

A los familiares les dijeron que había muerto por "edema pulmonar", es decir, acumulación de líquidos en los pulmones; es la misma causa de muerte que los forenses de Medicina Legal escriben en las documentos de personas que mueren mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad del Estado, acusadas sin fundamentos de ser pandilleros o colaborador de grupos criminales.

"Si hubiera sido lo que dicen que fue, no hubieran venido a la vela los señores con quienes trabajaba", afirmó un familiar poco antes de salir al sepelio de CP, quien deja un hijo en la orfandad, según afirmaron vecinos de Santa Rosa.

CP se suma a las aproximadamente 340 personas que según la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han muerto mientras estaban en prisión luego de ser arrestados arbitrariamente por policías o militares en el marco del régimen de excepción, una medida a la que el gobierno de Nayib Bukele recurrió a finales de marzo de 2022 para enfrentar una ola de homicidios perpetradas por grupos de pandillas que en solo tres días mataron a 87 salvadoreños.

Desde el 27 de marzo del 2022, cuando el gobierno de Nayib Bukele implementó el régimen de excepción, más de 80 mil personas fueron arrestadas, varios miles de ellas sin tener vínculos con pandillas, únicamente para llenar las metas impuestas a los agentes policiales, según han denunciado los mismos policías a través del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC).

 La mayoría de los arrestados son hombres, igual que la mayoría de los muertos en prisión. Las causas de los fallecimientos han sido, según organizaciones de derechos humanos, por golpizas recibidas en prisión por parte de custodios penitenciarios, por falta de atención médica a quienes antes de entrar a prisión ya adolecían de enfermedades crónicas, y a quienes contrajeron enfermedades en las cárceles.

Incluso hay al menos un caso, el de Adrián Efraín Solórzano, originario de Jucuapa, Usulután, en el que el Instituto de Medicina Legal plasmó por escrito que la víctima había sido estrangulada, posiblemente por un custodio que lo sometió con la macana, tal como lo denunció un familiar de la víctima,

También hay muchos jóvenes que estando en prisión se contagiaron de tuberculosis o desarrollaron enfermedades más graves, como cáncer. 

En el caso de CP, la muerte habría sido a causa de la tuberculosis que padeció durante varios meses sin ser tratado adecuadamente. El Estado nunca informó a la familia de CP que estaba enfermo.

Ejemplos de lo anterior, al menos los que se han conocido, son los casos de Juan Saúl Castillo Alberto y Marvin Alexis Díaz Lozano, quienes fueron entregados a sus familiares cuando ya estaban desahuciados, debido a las enfermedades que ambos contrajeron estando en prisión.

Juan y Marvin fueron entregados a sus familiares en estado esquelético, desnutridos severamente y con enfermedades ante las que sucumbieron a 15 días de haber sido entregados a sus familiares, cuando ya no podían ni caminar.

Juan fue sepultado a mediados de octubre, en el Puerto La Libertad, en tanto que a Marvin lo enterraron a finales de julio, en Santa Elena, Usulután. Ambos murieron a los 15 días de haber sido entregados a sus parientes, quienes aseguraron que cuando los capturaron iban en perfecto estado de salud. Ambos eran jóvenes de menos de 25 años.

Estado se hace de oídos sordos

A principios de septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al estado salvadoreño a derogar el régimen de excepción y"restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad con respeto a los derechos humanos".

El Estado salvadoreño ha guardado silencio en el caso de las muertes de cientos de salvadoreños capturados sin tener vínculos con pandillas, a pesar de las evidencias existentes, tal como el caso de Adrián Efraín Solórzano.

A mediados de junio de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que había archivado 142 investigaciones sobre personas muertas en prisión.

Te puede interesar: Adrián Efraín murió estrangulado en penal de Mariona, certifica Medicina Legal

"Hemos archivado 142 casos de las muertes de personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción y fallecieron en centros penales. No constituyen delitos de acuerdo con nuestras investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto Medicina Legal, las causas de las muertes", afirmó el titular de esa institución, Rodolfo Delgado, según consignó en una nota el matutino La Prensa Gráfica.

Para cuando Delgado dio esa información, hacía más de un año que el Instituto de Medicina Legal (entidad estatal) había certificado que Sólórzano murió por "asfixia mecánica por estrangulación".

"Cuando yo llegué a Medicina Legal, empecé a pedir información y gracias a los trabajadores de Medicina Legal que se portaron muy profesionales, muy humanos; ellos me mostraron lo que le habían hecho a mi hermano", afirmó Hilda a El Diario de Hoy, durante la velación de Adrián.

Delgado, no obstante, afirmó, en junio de 2023, que en los 142 casos no hay delito que perseguir. "Algunas de esas causas se trataba de enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad en la que se prestó el auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias pero desgraciadamente existió el fallecimiento por causas naturales", afirmó el funcionario, respecto de las causas de muertes, según cita el matutino La Prensa Gráfica.

Según Delgado, los datos que exponen organizaciones sociales, como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, no son los correctos. A junio de 2023, Cristosal reportaba la muerte de 160 personas.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han llevado a instancias internacionales múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y ha señalado a funcionarios específicamente, como es el caso de Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por no poner en libertad a personas detenidas a pesar de reiteradas órdenes judiciales.

Precisamente contra ese funcionario, este 28 de noviembre, Socorro Jurídico Humanitario interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República por desobedecer órdenes judiciales de libertad, de revisiones médicas a encarcelados y por las muertes que se han registrado desde que fue instaurado el régimen de excepción.

DE INTERÉS: Los inmigrantes que impulsó el régimen de excepción, la otra realidad de El Salvador