En el régimen de excepción ninguna persona puede defenderse, refleja informe

En el marco de los tres años de vigencia del régimen de excepción un informe presentado este miércoles revela la nula capacidad de la ciudadanía para defenderse ante la acusación de vinculación al crimen organizado o a asociaciones terroristas, además de las arbitrariedades y vulneraciones que afrontan los detenidos en este contexto.

El informe “Tres años de régimen de excepción: tortura sistemática en las cárceles de El Salvador”, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Red de Defensoras de El Salvador, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario y AMATE, recoge un total de 6,889 víctimas reportadas desde el 27 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2025.

“Es un sistema ya diseñado para que la gente no tenga capacidad de protegerse, en este momento no hay ninguna institución que pueda proteger a nadie, si cualquiera de nosotros sale y la Policía decide detenernos, no hay ninguna capacidad para garantizar de que una institución le permita decir ‘no, esta persona no ha cometido ningún delito’ y si la Fiscalía quiere que te mantengas en cárcel así va a ser”, explicó la representante del Programa de Derechos Humanos del SSPAS, Verónica Reyna.

La representante de la organización ciudadana explicó que las denuncias que han recibido muestran un actuar ilegal e irregular de la totalidad de instituciones públicas.

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Esto empieza con una detención arbitraria por parte de la Policía, luego con el mantenimiento de esta detención por parte de Fiscalía General de la República (FGR) cuando no tiene pruebas de que esta persona ha cometido un delito, con la acusación y la asignación de detención provisional por parte de un juez a pedido por la FGR y “sin mayor capacidad de respuesta” de la Procuraduría General de la República.

El 27 de marzo del 2022, tras una ola de homicidios, se instauró el régimen de excepción en El Salvador, el cual implica la suspensión de varias garantías constitucionales, como el derecho de la persona de ser informada porqué motivo la detienen, el acceso la defensa técnica. Lo que ha propiciado la detención y encarcelamiento de personas sin una orden de captura. Esta medida se ha convertido en parte central de la política de seguridad del Estado, manteniéndose vigente hasta la actualidad. La última prórroga vence el 5 de abril de 2025.

A la fecha, según el gobierno, se contabilizan más de 85,000 personas capturadas en el marco del régimen. Las autoridades reportan una reducción de homicidios (a través de X); pero se omiten cifras que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, deberían ser incluidas, como el de la existencia o no de fosas comunes, enfrentamientos armados y muertes en cárceles.

Agresiones y arbitrariedades

En el periodo retomado por el informe de las organizaciones, de los 6,889 personas víctimas, el  52.01 % (3,583) han sido capturados en el grupo etario de 19 a 30 años, el 35.33 % (2,434) de 31 a 59 años; del 8.16 % no se identifica la edad, del 3.31 % (228) a personas entre 13-18 años y el 0.7 % (5) a menores entre cero a 12 años.

La mayoría de las víctimas son hombres, seguido de mujeres, también personas trans y de otro grupo se desconoce su información.

Los agentes estatales más denunciados en estos tres años de régimen son: los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), con 5,158 casos (74.87 %); PNC y la Fuerza Armadas (FAES), con 1,019 casos (14.79 %); solo la FAES con 479 casos (6.95 %), la PNC y otros agentes estatales en nueve casos (1 %) y no los identificaron en 155 veces (2.25 %).

Los hechos violatorios que se denunciaron fueron mayoritariamente las detenciones arbitrarias (94 %), seguido de la falta al debido proceso (84 %), el allanamiento de morada (27 %), los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la tortura (13 %) y la desaparición forzada (8 %).

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En concreto, las organizaciones cuentan con el registro de 6,462 casos de detención arbitraria e ilegal; 5,766, de falta al debido proceso, 1,835 allanamientos de morada; 901 tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura; 540 de desaparición forzada; 356 por  hostigamiento; 319 registros indebidos de datos personales; 226 de vigilancia; 201 por desplazamiento forzado interno; 197 limitaciones al acceso a la salud, 132 exposición ilegal de la imagen personal; 82 de daño a la propiedad personal; 78 de divulgación pública de datos personales; 54 por robo o hurto; 48 confinamientos; 38 de discriminación por orientación sexual; 23 migraciones forzadas, siete de acoso y abuso sexual; cinco violaciones y cuatro intentos de asesinato.

Representantes de las organizaciones enfatizaron en que las cifras varían, debido a que solo registran los casos atendidos por las organizaciones y que no se puede contrastar con datos oficiales porque el Estado salvadoreño no está generando cifras o estadísticas oficiales.

“De las detenciones, las víctimas indirectas son en su mayoría niños, niñas y adolescentes de entre cero y 18 años, sobre todo del género femenino; es decir, las hijas e hijos de las personas detenidas. Después siguen las madres y las esposas o compañeras de vida. Prácticamente en todos los casos se dan afectaciones económicas para las familias, así como de salud mental y física”, explicó Gabriela Santos, directora del Idhuca.

Personas liberadas

Las organizaciones de derechos humanos registraron un total de 36 casos de personas liberadas bajo medidas alternas desde marzo de 2022 hasta enero de 2025.

De dicho grupo, el 78.8 % de las personas se encontraban entre los rangos de 18 a 40 años de edad; 55.6 % de ellos se identificó con el género masculino y el 44.4 % con el femenino.

“En los casos registrados, tres mujeres se encontraban en estado de embarazo; sin embargo, no tuvieron acceso a controles prenatales y medicamentos dentro del sistema penitenciario”, relató Reyna.

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De las 36 personas liberadas con las que el SSPAS conversó, atribuyen al posible motivo de su captura en su mayoría a vivir en una zona estigmatizada (36.1 %), a un patrullaje policial (22.2 %) , a una denuncia anónima (22.2 %) y a una medida de represalia por parte de la PNC y/o FAES (19.4 %).

Destaca, por ejemplo, que la mayor parte de las detenciones se dieron en las casas de las personas detenidas, seguidas por la calle y los lugares donde trabajaban. 

Otros elementos que destacan es la falta de comida en los centros penitenciarios, la falta de espacio para ir al baño y para dormir en las celdas. 

“Cuando las personas salen de la cárcel viven con miedo a ser recapturadas o a que algún familiar suyo sea detenido, también encuentran dificultades para encontrar un empleo por discriminación o han perdido ya su empleo o negocio y siguen siendo hostigadas por la policía”, añadió Reyna.

En noviembre del año pasado, el mismo presidente Nayib Bukele reconoció que se habían liberado a 8,000 personas inocentes.

Los llamados

Las organizaciones llaman a la Asamblea Legislativa a derogar el régimen de excepción, el cual se ha prorrogado 36 veces.

De igual manera, piden derogar las reformas aprobadas en materia penal y procesal penal, ya que son regresivas en derechos humanos y contravienen la Constitución, tratados internacionales y estándares de protección de Derechos Humanos.

Al Órgano Judicial piden garantizar la implementación de un sistema que evite dilaciones indebidas y se base en un proceso probatorio robusto, así como el respeto a las garantías del debido proceso. 

Además, que resuelva conforme a derecho, las distintas demandas de hábeas corpus, inconstitucionalidades y amparos que están pendientes. 

Exhortan al Órgano Ejecutivo a dejar de afirmar que todas las personas capturadas son terroristas o miembros de alguna pandilla, pues afirman debe respetarse la presunción de inocencia.

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Señalan que la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en coordinación con la FGR y la PDDH, debe implementar medidas que lleven a la identificación, investigación y sanción del personal responsable de violaciones a derechos humanos y de una política institucional de tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, garantizar condiciones dignas en los centros penitenciarios, asegurando acceso adecuado a alimentación, agua, aseo diario y medicamentos. 

“Al Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión exigimos que ejerza su función de apoyo al cumplimiento y seguimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos. Recomendando a la Presidencia la investigación oportuna, transparente, independiente y sin represalias de estos casos”, indica el informe. 

“El Estado salvadoreño debe garantizar la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del régimen de excepción y abrirse al diálogo con diversos actores a nivel nacional e internacional, a fin de encontrar alternativas a las consecuencias derivadas del régimen”, añaden.

A la PDDH le indican que tiene el deber de exigir no solo el acceso a la justicia, sino también la protección y reparación integral a las víctimas y el cumplimiento de la garantía de no repetición por parte del Estado. 

Justificación estatal

Mes a mes, el gobierno central manda a la Asamblea Legislativa la solicitud para renovar la vigencia de 30 días del régimen de excepción y este Órgano así lo cumple.

Entre los alegatos que presenta el Ejecutivo están que frente a la disminución de sus ingresos por el delito de extorsión, han comenzado a involucrarse en otros delitos, entre estos, al robo en el transporte público de pasajeros y el narcomenudeo. 

“Otra de las estrategias detectadas respecto de los grupos de pandillas, es que estos se han desplazado a otras zonas del país, adoptando una actitud de cercanía con las comunidades locales para ganarse su confianza. Es importante destacar, que en la actualidad se desarrollan acciones a través de mujeres vinculadas a la organización, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a darle continuidad al accionar criminal de estas estructuras”, señalan.

Además, indica que otro de los aspectos indispensables para el logro de la erradicación definitiva de este flagelo, es la gestión y coordinación con autoridades de otros países para la captura de sujetos que pretenden evadir la acción de la justicia. 

“Así, estas coordinaciones han permitido, en este período, la captura de líderes de pandillas procedentes de los Estados Unidos de América; con todo ello, se logra impactar en esas redes delictivas que son perniciosas no solo para nuestro país sino para otros Estados. En este contexto, es un deber ineludible actuar con mayor contundencia para erradicar este flagelo”, justifica.