Al menos 81 de los 120 técnicos y empleados directos del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), los más experimentados, han renunciado a sus puestos después que el gobierno ordenara la disolución de esa institución educativa, revelaron fuentes de la misma.
Los trabajadores han preferido marcharse y gestionar sus liquidaciones aunque seis meses es el plazo para ejecutar la disolución del INSAFORP, que será sustituido por eel Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), totalmente bajo administración estatal.
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Fuentes interna confirmaron que las renuncias se deben a la incertidumbre de qué pasará con sus puestos de trabajo cuando inicie sus funciones el INCAF y porque el decreto que le da vida a este último no garantiza que serán indemnizados. Esto implicaría al INSAFORP destinar unos $4 millones para cancelar las compensaciones.
El INSAFORP capacitó a 345,000 personas en 2022 y hasta septiembre de 2023 se capacitó a 350,000 personas.
Desde que se presentó la primera propuesta que implicaba disolver el INSAFORP y disponer de sus recursos, autoridades del Instituto señalaron su preocupación tanto por la continuidad de los programas como por la estabilidad laboral de sus más de 125 empleados y más de 7,000 facilitadores de programas.
Y es que a diferencia de la propuesta inicial de “Ley del sistema nacional de integración” que se presentó el gobierno en agosto de 2023, en la que se decía que el personal del INSAFORP que fuera necesario pasaría a la Dirección de Integración, la ley que finalmente se aprobó no incorporó dicha posibilidad.
El artículo 27 del decreto dice: “El INCAF asumirá las obligaciones laborales y demás prestaciones del personal que se encontrare laborando para el INSAFORP a la entrada en vigencia de esta ley, pudiendo disponer para esos efectos, del patrimonio recibido del INSAFORP”.
Al INCAF se trasladarán todos los activos y pasivos del INSAFORP, que superan los $74.7 millones.
Según el informe de remuneraciones, al segundo trimestre de 2023 del INSAFORP, reportó 135 contratos individuales de trabajo, incluyendo el director ejecutivo, el subdirector, el auditor interno, oficial de información y asistentes administrativos. La mayoría de contrataciones corresponde a 62 técnicos nivel I y II, 27 técnicos administrativos y 13 coordinadores de áreas.
Sin compensación
Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, señaló que el decreto no establece que los empleados sean absorbidos o que se les dará alguna compensación, diferente como ocurrió con la disolución del Parque Zoológico Nacional, que sí lo recibieron.
“Los empleados, empleadas que tiene hoy por hoy el INSAFORP prácticamente no tienen ninguna garantía de ser contratados en el nuevo instituto de capacitación. Y para colmo de males tampoco establece que se le va a entregar el pasivo laboral o alguna compensación económica si ya no se van a requerir sus servicios”, dijo Rodríguez.
También externó su preocupación de que el Sindicato de Trabajadores del INSAFORP no se pronuncie sobre la disolución del Instituto, además de que también disuelve “en automático” al sindicato.
“Para el próximo año el nuevo instituto, entonces, como ya no tiene sindicato ya no está obligado a suscribir ningún contrato colectivo de trabajo, que es el problema que está pasando en otras instituciones como el Seguro Social”, agregó.
Recordó que eso pasó con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (SITINPEP), dado que la mayoría de empleados no fueron contratados en el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El Movimiento también reprocha que se elimine la representación tripartita en el consejo directivo del INCAF, excluyendo al sector empleador y laboral.
“Como lo han hecho con el resto de instituciones eliminadas, nuevamente atentan contra el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad. En esto hay que decir que se vendrán más despidos injustificados, más desempleo”, dijo la diputada Anabel Belloso, del partido de izquierda FMLN.
Esta sería la misma situación para el personal del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), que fue disuelto con la Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial también aprobada el pasado martes.
Belloso agregó que existe un antecedente con otras instituciones que fueron disueltas por el actual gobierno. “Y por lo tanto, es inaceptable, es una gran irresponsabilidad que sigan despidiendo de esta forma, a través de decreto”, dijo.
Para la diputada, la redacción no dice que se vaya a absorber a todo el personal, sino que queda sujeto “a una gran discrecionalidad”.
Centros aún no reciben directrices
En el caso de los programas, se incorporó dentro de las disposiciones transitorias que todos los procesos de formación, capacitación, certificaciones, así como los procesos de compras ya iniciados, convenios vigentes o los contratos ya adjudicados que estén por iniciar implementación o estén en ejecución desde antes de la nueva ley “deberán ser realizados hasta su finalización”, de acuerdo a los procedimientos que establezca el INCAF.
Personal de una de las academias certificadas como centro de formación del INSAFORP, situada en la Avenida Cuscatancingo, en San Salvador, comentó que el 23 de noviembre finalizará el curso de maquillaje en rostro que tienen en desarrollo y no han recibido indicaciones de si se abrirá alguna otra capacitación.
“Del INSAFORP no sabemos si va a seguir otro curso. Hasta el momento en programación solo tenemos ese curso”, dijo a este medio una de las encargadas.
Con la reducción de fondos para la capacitación, ya que de las cotizaciones obligatorias el INCAF recibirá solo el 20% y el resto se distribuirá entre la Dirección de Integración y el Fondo General de la Nación, habría menos oportunidades de prestar servicios a la población.
Rodríguez añadió que son 300 centros de formación con 7,000 técnicos profesionales que brindan los servicios al INSAFORP para capacitar a jóvenes, mujeres, personas desempleadas, emprendedoras y trabajadores de empresas.
“Los 7,000 trabajadores que hoy por hoy le venden servicios a INSAFORP, prácticamente no van a tener la misma oportunidad de prestación del servicio. A lo sumo, serán de esos un 10 % la gente que va a poder el próximo año brindar servicios”, expresó.