Los nueve empleados de la de la Corte de Cuentas de la República de la oficina de San Miguel, seguirán procesados en libertad acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, así lo resolvió el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según la acusación, los sospechosos aparentemente omitían información relacionada a las auditorías practicadas a varias municipalidades del oriente del país.
Las omisiones provocaron que no se iniciaran los procesos correspondientes a las autoridades edilicias. La Fiscalía mencionó que esto ocurrió entre 2016 y 2018 en al menos tres municipalidades: Bolívar, Comacarán y Chilanga.
También se señaló que de 563 observaciones a las alcaldías, solamente 48 fueron consignadas en informes que derivaron en juicios de cuentas.
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De acuerdo con la FGR, los empleados no auditaban algunos rubros, ampliaban los plazos de las auditorías para subsanar los hallazgos y convertían observaciones en asuntos menores.
Los funcionarios fueron arrestados el 5 de julio y son: Ismael Pereira Vásquez, quien funge como director regional de la CCR; Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez, todos con cargos de jefatura en la entidad contralora; y los auditores, Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina.
"Ellos realizaban actos mediante lo cual incumplían sus deberes como funcionarios y empleados públicos y a través de una especie de agrupación concertaban sacar informes en limpio a favor de ciertas municipalidades", mencionó a la prensa el fiscal auxiliar del caso.
El juez determinó la reserva total del caso a petición del Ministerio Público. El fallo fue dado a conocer pasadas las 8:00 de la noche del jueves sin acceso a los medios de comunicación.
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