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Empleado de la Asamblea Legislativa es procesado por supuesta violación sexual

Un familiar cercano del acusado aseguró que el martes anterior, un juzgado de instrucción le dio medidas sustitutivas; sin embargo la madre del acusado negó que le hubieran dado medidas alternas a la prisión y afirmó que aún está preso en Ilopango

Por Jorge Beltrán Luna | Mar 30, 2023- 09:52

Rafael Steven Martínez Mendoza es procesado judicialmente por el delito de violación sexual. El martes, un juzgado de instrucción le dio medidas sustitutivas a la detención provisional, según fuentes judiciales y parientes del imputado; sin embargo, la madre del procesado afirmó que aún sigue detenido en el penal de Ilopango. Foto EDH / Cortesía

Rafael Steven Martínez Mendoza, de 24 años, empleado de la Asamblea Legislativa, está siendo procesado como sospechoso del delito de violación sexual, que habría cometido cuando la víctima era menor de edad, según el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales, Martínez Mendoza fue capturado a finales de enero de este año y enfrentó la audiencia el 30 de ese mismo mes, al final de la cual el juez resolvió que debía ser enviado a prisión preventiva, por el delito de violación agravada en modalidad continuada.

Sin embargo, el pasado martes, el juzgado de instrucción donde había pasado el proceso judicial, determinó que fuera puesto en libertad, es decir, con medidas sustitutivas a la prisión provisional, debido a supuestas contradicciones de la denunciante en cuanto a las fechas cuando Martínez Mendoza cometió el delito.

En redes sociales ha circulado que el empleado legislativo fue puesto en libertad debido a que es el compañero de vida de una joven, familiar de un diputado quien también le habría conseguido el trabajo en la Asamblea. Sin embargo, de acuerdo con personas vinculadas a esa institución estatal, lo anterior no es cierto.

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De acuerdo con documentos oficiales, Martínez Mendoza entró a trabajar en la Asamblea Legislativa el 2 de mayo de 2018, con la plaza de ordenanza IV, y fue asignado a la Gerencia de Operaciones Legislativas, en la cual se mantenía hasta que fue detenido, según algunas fuentes legislativas.

Si bien Martinez consiguió trabajo por medio de un diputado, este no es el mencionado en redes sociales, de manera irresponsable, afirman algunas fuentes.

Familiares de Martínez Mendoza dijeron que posiblemente ese señalamiento ha surgido debido a que la compañera de vida tiene el mismo apellido que un diputado; dijeron que es pura coincidencia y que no hay ninguna relación de parentesco entre ella y el funcionario, también oriundo de Sensuntepeque.

Lo acusa la exnovia

Sobre el delito que le imputan, familiares de Martínez dijeron que se trata de una especie de venganza. La denunciante supuestamente mantuvo una relación de noviazgo con el ahora imputado, sin embargo, esa relación terminó y para entonces la joven no hizo ninguna denuncia por violación.

Fue hasta agosto de 2022, cuando la exnovia se enteró que Martínez  tenía una relación formal con otra joven, que comenzó con la querella, acusándolo de haberla violado. “Si ella dice que la violación fue cuando tenía 16 años (a la fecha de la denuncia tenía 19), por qué esperó hasta el 2022 a denunciarlo”, se preguntó la madre del imputado, quien negó que su hijo estuviera gozando de libertad.

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Cuando se le solicitó que proporcionara una forma de contactar a Martínez Mendoza, para obtener su versión, su madre aseguró que no era cierto que estuviera gozando en libertad, sino que continuaba detenido en el penal de Ilopango, conocido también por Cárcel de Mujeres y que por tanto, no había forma de comunicarse con él.

No obstante la afirmación de la madre del imputado, otros familiares admitieron que Martínez Mendoza había sido puesto en libertad bajo medidas, pero que no había forma  de comunicarse con él ya que el teléfono le había sido decomisado como evidencia del delito; agregaron que en la tarde de este miércoles andaba con su compañera de vida, en un hospital, atendiendo problemas del embarazo.

De acuerdo con el Art. 12 de la Constitución salvadoreña, toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren las garantías necesarias para su defensa.

La madre de Martínez Mendoza dijo que confiaba en la justicia salvadoreña y tenía la esperanza de que su hijo demostraría su inocencia, pues la acusación que le han hecho está motivada por el resentimiento de la denunciante.

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