Una mujer y un hombre, ambos exempleados de la alcaldía de San Salvador, son procesados por los delitos de peculado y de cohecho impropio (cuando un servidor público acepta para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta).
El perjuicio económico asciende a montos aproximados de $7,400 y de $88,000. Uno de los hechos ocurrió entre los años 2018 y 2019, y el otro hace 15 días.
Es por ello que la alcaldía de San Salvador envió en calidad de afectada a un representante legal a los juzgados para darle seguimiento a los procesos que investiga la Fiscalía.
"La persona implicada (en el primer caso, Sandra Villatoro) hacía los cobros a ciudadanos y no los ingresaba al sistema, entregaba documentación que no avalaba el pago y se apropiaba del dinero y afectaba a la persona que pagaba sus impuestos", explicó Julián Mendoza, gerente legal de la comuna.
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Por ello, el Juzgado 1° de Paz de San Salvador ordenó, el pasado miércoles, que la acusada de hacer los cobros ilegales pase a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención.
Estas medidas son: presentarse a firmar al Juzgado de Instrucción correspondiente, no cambiar de domicilio y no salir del país.
La defensa de la acusada buscará subsanar el daño cometido contra la municipalidad. La Fiscalía le atribuye los delitos de peculado y falsedad documental agravada.
Al respecto, el fiscal del caso mencionó que "la defensa de la imputada va a hacer los trámites para solicitar un procedimiento abreviado, dada la circunstancia que se pretende sufragar el daño cometido".
En el otro caso, un empleado de la comuna habría accedido a borrar $88,000 de la cuenta de un contribuyente y por lo cual recibiría dádivas. "En ese sentido, somos afectados como administración pública municipal", comentó Mendoza.