El Salvador ha sido expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), por incumplir estándares democráticos, de transparencia y participación ciudadana. Expertos han considerado que esto es una prueba fidedigna de que al Gobierno de Nayib Bukele no le interesa combatir la corrupción.
OGP es una alianza mundial de 76 países y 106 gobiernos locales que trabaja con miles de organizaciones de la sociedad civil para construir gobiernos más abiertos, inclusivos y que rindan cuentas.
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Tras formar parte de este organismo internacional durante 10 años, El Salvador fue expulsado "por haber permanecido inactivo por más de un año y no cumplir los requisitos mínimos de los Estándares de Cocreación y Participación", informó este martes 28 de marzo dicha Alianza en su perfil de Twitter.
Además, la Alianza global publicó un comunicado donde expone que el país fue colocado en estado inactivo por el Comité Directivo de OGP el año pasado, después de no poder entregar un plan de acción de gobierno abierto en 2021 y nuevamente en 2022, es decir, no mostró progreso en los compromisos de su plan de acción anterior y "no cumplió los requisitos de elegibilidad para miembros de OGP durante tres años consecutivos desde 2020".
Un ultimátum de un año para no ser expulsado
En el escrito se menciona que al Gobierno de El Salvador se le proporcionó un ultimátum de un año para no ser expulsado y que este finalizó el 25 de marzo de 2023. En concreto, en este periodo de tiempo el Ejecutivo pudo entregar un nuevo plan de acción para cumplir con los mínimos de los Estándares de Cocreación y Participación de OGP, sin embargo, no entregó ningún nuevo plan de acción, lo que provocó la expulsión del país de esta Alianza.
Ante esto, el Director Ejecutivo de OGP, Sanjay Pradhan, expresó su decepción por el anuncio y alentó a las personas reformadoras en el gobierno y, en particular, a la sociedad civil salvadoreña a continuar interactuando con OGP a través de eventos y oportunidades de intercambio entre pares.
“Las personas reformadoras del gobierno abierto en el país, que trabajan para abrir las instituciones públicas en todos los niveles y en todas las ramas del gobierno, siempre serán parte de la comunidad de gobierno abierto y esperamos trabajar con ellas en el futuro”, dijo Pradhan.
En esa misma dirección opinó Anabel Cruz, copresidenta de sociedad civil del Comité Directivo de OGP, originaria de Uruguay, al decir que la rescisión de la membresía de El Salvador "es un síntoma del deterioro de las condiciones democráticas en el país", desde la erosión de contrapesos hasta las limitaciones de las libertades civiles básicas.
Jessica Estrada, directora de transparencia en Funde, manifestó a El Diario de Hoy que con todo lo que está ocurriendo en el país "era de esperarse" tal expulsión.
"Estamos lejos del camino del gobierno abierto desde hace mucho y este gobierno nunca ha manifestado tener un compromiso real por cumplir los principios del gobierno abierto" expresó Estrada.
Esto en referencia a la falta de transparencia, rendición de cuentas, no compartir información en datos abiertos, impedir la participación de la ciudadanía y muchos otros elementos que han permanecido ausente en la actual administración gubernamental.
Anteriormente, el experto en transparencia, Wilson Sandoval dijo que esta situación es “triste y dramática, en el sentido de que se confirma que El Salvador retrocede cada vez más en materia de transparencia y combate a la corrupción".
Por su parte, el abogado José Marinero destacó que tal expulsión fue provocada "por la inacción del propio gobierno". Posteriormente, recordó que tras el ultimátum al país, el gobierno decidió deliberadamente no hacer nada al respecto, a pesar de que la propia sociedad civil se lo pidió y que también OGP le dio todas las facilidades para que reactivara su membresía.
Ante este panorama, Marinero opinó que deliberadamente se dejaron expulsar de OGP o, mejor dicho, "prefirieron que los expulsaran de OGP" y perder con ello la credencial internacional que tener que abrir un espacio de participación ciudadana cuyos resultados "no podrían haber controlado con propaganda", pues de lo contrario, el proceso tampoco habría sido validado por la Alianza.
"Creo que es sintomático del estado actual de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en El Salvador. Esos tres son los valores del gobierno abierto y un gobierno autoritario es todo lo contrario de ello pues es vertical -no necesita consultar a nadie-, opaco y no rinde cuentas a nadie", concluyó Marinero.
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Organizaciones de la sociedad civil , entre ellas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señalaron que lo acontecido evidencia la falta de voluntad política para adoptar principios del gobierno abierto y colocar a la población en el centro de la voluntad gubernamental.