Para especialistas en derecho y economía, consultados por El Diario de Hoy sobre el planteamiento del presidente Nayib Bukele de poder reducir los municipios de 262 a 50, esto puede tener una implicación electoral de cara a los comicios de 2024. A esto técnicamente le llaman: “gerrymandering” o manipulación de circunscripciones, uniéndolas o dividiéndolas, para producir un efecto determinado en los resultados electorales.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, lo explicó en detalle. Según dijo, el partido oficialista ya debe tener claro en qué municipios no tendría votos para alcaldes y con base en esa información reducir a 50 los territorios favorecería el resultado a favor de Nuevas Ideas, agrupando las poblaciones que sí están en su línea en esos sitios para generar más votos.
“Asegurar que en los 50 municipios ganen la elección eliminando municipios en donde no ganan. Eso probablemente es otra de las razones que los lleve a hacer este cambio”, afirmó Escobar.
Para el abogado constitucionalista, Jonathan Sisco, esto podría constituirse en un “fraude electoral”.
La jefa jurídica y anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, profundiza en el tema y lo relaciona con los cambios electorales que contiene la ley de voto electrónico en el exterior recién aprobada en la Asamblea.
Señala como parte de esa “manipulación” electoral la asignación de votos en el extranjero para diputados solo en San Salvador o el anuncio inconstitucional de la posible reelección de Bukele en 2024, o un eventual cambio en la fórmula electoral para eliminar los residuos (que todos los partidos tienen, incluso Nuevas Ideas con 6 de sus diputados) “una estrategia para no perder poder a toda costa”, ahondó.
Escobar asegura que desde hace tiempo se ha hablado de una modificación en la circunscripción territorial, pero en función del desarrollo local, de la sostenibilidad de los municipios y del ordenamiento territorial.
Al respecto, la economista Tatiana Marroquín explicó que cualquier cambio debe estar basado en un estudio profundo de las dinámicas económicas de los territorios, pero considera que es difícil conseguirlo si el Estado lo que busca es centralizarse institucionalmente.
Rafael Lemus, asesor económico, cuestiona que el gobierno primero les redujo el FODES a los municipios, dejándolos en “penurias económicas” y ahora busca anularlos “políticamente”.