Para Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, las elecciones internas de los partidos políticos serán clave para conocer si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribirá o no tránsfugas.
Según el experto, el proceso dentro de los institutos políticos debería arrancar aproximadamente desde abril de 2023 de cara a los comicios de 2024.
"En ese momento se van a saber varias cosas", dijo Escobar este lunes durante la entrevista Frente a Frente, entre estas hizo referencia en que se definirá "si muchos funcionarios actuales que se cambiaron de partido pueden ser inscritos o no por el tema de transfuguismo, ahí vamos a saber si el Tribunal va a dar por válidas esas elecciones internas y va a aceptar las planillas que se le envíen", afirmó.
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Agregó que las elecciones internas partidarias también darán un panorama "más claro" de si el presidente Nayib Bukele buscaría su reelección, pese a que la Constitución de la República prohíbe que un mandatario busque continuar en el cargo por un nuevo periodo inmediato.
Abogados han advertido que si el gobernante quiere postularse deberá esperar 10 años y demostrar que no cometió ningún acto de corrupción, tras terminar su periodo en 2024.
Señalamientos a voto por internet
Escobar reiteró, además, la postura externada por organizaciones de la sociedad civil a través de la iniciativa Somos Votante relacionada con el voto por internet, de que "se implementen mecanismos" que garantice la participación de la diáspora en las elecciones de 2024, pero bajo un sistema que garantice "la seguridad" y transparencia.
"El principal señalamiento por la modalidad de votación que se va a implementar es el tema de seguridad y la fiscalización de ese sistema, ya lo hemos dicho el tema de la suplantación de identidades, cómo evitarla y cómo evitar de que se viole la secretividad del voto y de que no se pueda manipular el resultado", apuntó.
Indicó que es complejo el voto electrónico y se debe contar con profesionales en diferentes áreas, por tal razón señaló que "esperaríamos que el Tribunal tenga esa capacidad de contar con esta plantilla de personal que pueda prestar el servicio de fiscalizar el sistema".