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Elecciones del 4 de febrero se realizarán bajo régimen de excepción

El gobierno ha mantenido por un año y nueve meses la suspensión de algunas garantías constitucionales de la población como medida de combate a las pandillas, la cual se mantendrá incluso en la fecha de las próximas elecciones

Por Susana Peñate | Ene 10, 2024- 00:00

Foto EDH Archivo

Con la vigesimosegunda prorrogar al régimen de excepción aprobada este martes por Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, a petición del gobierno, se mantienen suspendidas tres garantías constitucionales a la población sobre el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

Desde que se implementó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, cada mes siguiente el consejo de ministros envió una petición de mantener la medida por 30 días, que para esta oportunidad dicho plazo abarca la fecha de las elecciones Presidencial y legislativas del 4 de febrero de 2024.

“El régimen de excepción continúa, hemos enviado una nueva solicitud de extensión de esta medida constitucional, reafirmamos una vez más nuestro compromiso por el bienestar de los salvadoreños de bien”, publicó en redes sociales el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

Al igual que las prórrogas anteriores, se usó el mecanismo de la dispensa de trámites, como lo adelantó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. Y al ser consultado si al realizar elecciones bajo régimen de excepción podría percibirse como una intimidación y como propaganda del oficialismo respondió: “es una percepción que solo los delincuentes tienen, la gente honrada no tiene esa percepción”.

Guillermo Gallegos, de GANA, consideró que será positivo que se desarrollen las elecciones bajo el régimen de excepción para que los electores lleguen a los centros de votación.

Intimidación

Por su parte, el diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, calificó el régimen de excepción como “una política de seguridad indefinida”, dadas las declaraciones de funcionarios de Seguridad que señalan que aún faltan pandilleros por capturar. “Da a entender que el gobierno pretende seguir solicitando esta prórroga de forma indefinida, durante el transcurso también de las elecciones”, expresó.

Consideró que una de las dudas es la depuración del padrón electoral en cuanto a las personas que fueron detenidas en el régimen de excepción pero que fueron liberadas posteriormente.

“Para mí celebrar elecciones en este contexto de un régimen de excepción es lamentable, pero es la realidad que siento yo que todo un país ha asimilado, tristemente”,

John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, también señaló que se podría mantener el temor en la sociedad de poder manifestarse o protestar de sentirse insatisfecha por los resultados electorales y calificó como “un efecto secundario” del régimen de excepción es que funciona como “un mecanismo de intimidación” a la sociedad.

“Podría mantener ese temor, que ahorita es generalizado, de pronunciarse y de señalar abusos de poder. Es un escenario complicado y a nivel internacional debe ser parte también de la observación electoral”, expuso.

Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), comentó que establecer un régimen de excepción en un contexto electoral ocurrió en las dictaduras militares antes de la firma de los Acuerdos de Paz. “Ahora nosotros nos vemos en medio de unas elecciones que estarán con esa particularidad”, dijo.

César Reyes, diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), expuso que no se oponen a las medidas de seguridad en el país, pero que uno de los factores negativos es las vulneraciones a los derechos humanos y muertes de detenidos bajo resguardo del Estado.

“El régimen de excepción ya se convirtió más en una política electorera por parte de este gobierno, porque después de dos años no puede ser posible que nosotros como sociedad todavía no encontremos una figura jurídica o una figura legal para poder abordar la seguridad en nuestro país sin tener que amenazar, primero, la libertad, segundo, los derechos de salvadoreños inocentes”,

César Reyes, diputado de ARENA

Añadió que aunque hay una percepción de seguridad, hay casos de detenciones arbitrarias y otros casos de vulneraciones que podrían ser delitos de lesa humanidad.

Uso de régimen como campaña

El diputado de Nuestro Tiempo también considera que el tema de seguridad se ha utilizado de manera política y que es “la punta de lanza de la estrategia de campaña” del gobierno actual por algunos resultados positivos en reducción de homicidios. “Pero no deja de ser una herramienta que genera miedo y somete a la población a un control más allá del control que el Estado debe de tener sobre la criminalidad”, dijo Wright Sol.

Aunado el hecho de la propaganda que mantiene el gobierno a favor de su candidato y la promoción de obras pese a estar dentro del plazo de prohibición dictada por el Código Electoral. “Decir que es un esquema desigual entre la publicidad y la campaña de Nuevas Ideas y gobierno en comparación a la oposición casi que nos quedaríamos cortos, porque no solo es desigual, muchas de las cosas que se están viendo son claramente ilegalidades”, agregó.

DE INTERÉS: La DOM, diputado y alcalde migueleños publicitan obras pese a que ley electoral lo prohíbe

Mientras que Ortiz criticó que el oficialismo y sus candidatos “se están comportando de una manera muy similar a lo que antes señalaban”, además señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación de actuar de oficio frente a las prácticas de campaña adelantada, campaña ilegal y campaña que use fondos públicos.

“Es el Tribunal el que tiene que actuar y no poniendo la sanción después de las elecciones, hoy es el momento que se está generando una competencia desigual”,

Claudia Ortiz, diputada de Vamos

Mensajes a su favor

El jefe de fracción del FMLN expresó que el régimen es usado en la propaganda del gobierno y recordó que Nuevas Ideas aprobó una ley mordaza con una reforma al Código Penal que sancionaba con pena de prisión de 10 a 15 años a quienes difundieran mensajes alusivos a las pandillas, la cual derogó en noviembre pasado.

“Ahora les conviene a ellos no tener esa medida que callaba o trataba de silenciar a los periodistas o a las personas que comunicaban sobre este tema y ahora como les conviene esa medida, la quitan para poder ellos transmitir mensajes negativos que dejaron estas estructuras en el país, con el objetivo de intimidar a la población”, dijo.

Por lo que pone en duda que las elecciones puedan desarrollarse con una verdadera libertad. “Este suceso ya ocurrió, pero ocurrió bajo una dictadura militar”, agregó.

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