El Salvador ha mostrado “retrocesos importantes” en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional presentado este martes, que señala además la cooptación de poderes del Estado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el ranking global de corrupción más utilizado en el mundo y mide cuán corrupto se percibe que es el sector público de cada país, según expertos y empresarios.
De los 180 países evaluados con el CPI, El Salvador bajó de la posición 116 a la 126, la más baja en los últimos 10 años.
En transparencia, el país bajó de 33 a 31 el puntaje, en una escala de 0 al 100, en la cual 0 es muy corrupto y 100 es muy transparente.
En Centroamérica, Costa Rica es el país mejor evaluado, con 55 puntos y entre los 180 países tiene el puesto 45, muy lejos de El Salvador, que sólo supera a Guatemala (23), Honduras (23) y Nicaragua (17).
“El Salvador muestra retrocesos importantes en la lucha contra la corrupción”, apunta el informe.
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El Salvador se encuentra en una posición crítica al encontrarse con una puntuación cercana a 30, la cual se va acercando cada vez más a cero, lo que significa, según el índice, mayor percepción de corrupción.
Para la organización mundial, un descenso significativo es el de El Salvador, con una caída en picada de ocho puntos desde 2014.
“Este aumento en la percepción de la corrupción va de la mano de la cooptación del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Legislativo por parte del Ejecutivo”, dice el informe sobre este país en el que el gobierno de Bukele ha concentrado todos los poderes y cerrado todos los accesos a la fiscalización de la información estatal.
Concentración de poder
Según Transparencia Internacional, esta cooptación “profundizó la impunidad en el país, ya que el sistema de justicia no avanza en las investigaciones contra funcionarios del gobierno actual”. Agrega que “la falta de controles efectivos ha permitido que el presidente Bukele quedara habilitado para la reelección inmediata, a pesar de su inconstitucionalidad”.
“Esta situación es responsabilidad de las autoridades y en especial de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información que fueron incluidos en la Lista de actores corruptos y antidemocráticos (lista Engel)”, determinó el abogado del área de anticorrupción de Cristosal, Jonathan Sisco, algo con lo que también coincidió la abogada Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario.
Pero, ante la vulnerabilidad de la transparencia en la que estaría el país, este es el segundo más alto de Centroamérica, solo por debajo de Costa Rica; y le siguen Guatemala, Honduras y por último Nicaragua, el cual se encuentra bajo dictadura.
Información estatal oculta
Anteriormente, El Diario de Hoy estudió los índices de información reservada de los institutos del Ejecutivo, siendo la Dirección de Obras Municipales la instancia que más hace uso de las reservas de información por hasta siete años de datos que de oficio debieran ser públicos. “Todo está en reserva y eso es un indicador de que hay corrupción”, expresó Escobar.
Cristosal, una organización de derechos humanos, solicitó a medios de comunicación, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil un listado de las solicitudes de información que realizaron a instituciones públicas entre junio de 2019 y diciembre de 2023.
La recopilación sumó 1,463 solicitudes. De estas, solo 394 obtuvieron respuesta, mientras que 1,069 fueron denegadas o no entregadas. Esto significa que más del 73% de las solicitudes de información no fueron respondidas favorablemente.
“Las autoridades están obligadas a actuar de forma transparente pero el gobierno esconde muchas cosas, posiblemente porque quieren ocultar graves actos de corrupción”, dijo Sisco.
Paso a la impunidad
Transparencia Internacional expone en su informe que en América Latina y el Caribe la falta de Independencia y transparencia del poder judicial promueve la corrupción y la influencia indebida de las élites políticas y económicas.
“No es extraña esta situación, precisamente porque estamos en la captura del Estado por el presidente de la República, lo que impide la investigación y juzgamiento de los delitos de corrupción”, expresó el abogado Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
“En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas como se ve en Nicaragua Guatemala y El Salvador el poder judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y Fiscales honestos más recientemente en los dos últimos países también se ha utilizado para manipular procesos electorales poniendo en riesgo la democracia y en Nicaragua para consolidar dictaduras”, expone Transparencia Internacional.