El deterioro democrático e institucional que enfrenta el país desde hace más de un año, que inició oficialmente con la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en mayo de 2021, ha quedado evidenciado en los resultados de un reciente estudio realizado y publicado por el World Justice Project (WJP), una organización internacional sin fines de lucro que trabaja entorno a la aplicación de la ley en distintos países.
En el estudio titulado “Índice de Estado de Derecho 2022”, El Salvador reprueba las calificaciones en múltiples indicadores y rubros que analizó el WJP, entre los cuales están el Estado de Derecho en general y áreas como el sistema de contrapesos en los gobiernos, la corrupción y la justicia penal.
Pese a que hay más indicadores que ha investigado la organización, son precisamente esos tres en los que peor nota ha sacado el país, algo que adquiere mayor relevancia en un contexto de un régimen de excepción que ya lleva varios meses de vigencia y miles de capturas arbitrarias denunciadas.
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En el indicador del Estado de Derecho el país se coloca en la posición 102 de 140 países y se adjudica una nota de 0.46 en un sistema en el que 1.0 es la máxima nota a la que puede aspirar una nación.
Además, sobre los límites al poder gubernamental, que incluiría la separación de poderes en una dinámica de pesos y contrapesos en el gobierno, El Salvador se queda con una nota de 0.42, lo que se traduce en 0.10 puntos menos que en 2015 y denota un declive en ese rubro. Con esta calificación el país ocupa el puesto 106 de 140 a nivel global.
El experto en relaciones internacionales, Napoleón Campos, considera que “el desmantelamiento democrático e institucional de El Salvador no ha pasado por alto en el ámbito internacional” y añade que “hoy tenemos la confirmación de cómo se manifiesta en el mundo el retroceso que el país ha tenido, el cual se corona con el anuncio de la posible reelección del presidente Nayib Bukele”.
En este punto también coincide el director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien apunta que los resultados del Índice del WJP reflejan que “estamos en un escenario de captura de las instituciones de contraloría por parte del presidente”, por lo que subraya que “no hay contrapesos”.
Lo anterior se debe a que esa evaluación sobre las restricciones a los poderes del gobierno abarca otros subfactores como el indicador sobre las auditorías independientes al gobierno, el cual se queda con una nota de 0.30, mientras que el subfactor sobre si el poder del Ejecutivo está limitado por el poder Legislativo se queda con una nota de 0.47.
La corrupción y justicia penal
Cuando evalúan la ausencia de corrupción el país también sale mal calificado y se queda con una nota de 0.36, muy por debajo del promedio latinoamericano de 0.47 o del global que es de 0.51.
En este indicador, el WJP hizo un balance sobre los funcionarios de los distintos órganos, así como elementos de la policía o de las fuerzas armadas que se valen de sus cargos públicos para obtener beneficios privados.
Al respecto, los funcionarios del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo son los que salen peor evaluados con 0.33 y 0.07, respectivamente (ver información aparte).
Por su parte, en el área de la justicia penal El Salvador también resulta con baja nota, pese a las distintas acciones que el gobierno ha implementado entorno a la seguridad pública.
En este sentido, la efectividad de las investigaciones criminales reprobó al obtener apenas 0.14 puntos y en el respeto al debido proceso, que ha sido fuertemente señalado en el marco del régimen de excepción, el país también salió mal evaluado con 0.27 puntos, cuando el promedio latinoamericano es de 0.41 y el global es de 0.47 puntos.
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Además, en lo que se refiere a administrar la justicia en el marco de la ley y respetando los derechos de los imputados, también reprobó con 0.29 puntos, una cifra inferior al promedio latinoamericano de 0.45 y al global de 0.51.
Este rubro es en el que peor se desempeña el país, pues de los 140 países evaluados, El Salvador ocupa el puesto 131 y solo países como Afganistán, Haití, Honduras, Nicaragua o Venezuela tienen peores calificaciones.
Por ello, Campos afirma que “este índice confirma que en términos democráticos nos codeamos con lo peor del mundo y se convierte en un llamado de atención a restaurar la democracia y el Estado de Derecho en el país, así como honrar los compromisos internacionales del país”.
“El Estado de Derecho no está presente”
Escobar explica que “esa baja calificación es un reflejo de lo que está sucediendo (…), hay vulneración en los derechos fundamentales de la población en diferentes ámbitos y tampoco hay un combate a la corrupción ni rendición de cuentas”.
Por ello, el experto en transparencia considera que todos esos aspectos mal evaluados demuestran “que el Estado de Derecho no está presente en El Salvador”.
Aunado a esto, la directora de la unidad de anticorrupción de Cristosal, Ruth López, añade que la corrupción ha aumentado “debido a que no hay controles institucionales funcionales. De allí que el país ha sufrido una baja de posición (cayó 7 puestos con respecto a 2021), la que no refleja totalmente el nivel real en el que ha caído el país, en años venideros la caída será más evidente”.
La abogada también hace énfasis en que la caída en la evaluación, con respecto a 2021, también tiene que ver con “la política de opacidad que posee el gobierno que ha desmantelado los mecanismos de acceso a la información”.
En este sentido, otros indicadores como el de gobierno abierto se colocó en una nota de 0.48 puntos, mientras que el de derechos fundamentales quedó en 0.47 puntos.
Por su parte, los rubros de cumplimiento normativo y derecho civil resultaron con 0.49 y 0.50 puntos, respectivamente; mientras que el de orden y seguridad llegó a 0.68 puntos, la más alta dentro del índice del WJP.