Los desplazados forzados internos en El Salvador tienen rostro joven, con familias recién comenzadas, hijos todavía pequeños. Algunas veces, viven junto a sus familiares adultos mayores. Residen en los municipios del extrarradio capitalino, en las colonias más populosas, de las llamadas “ciudades dormitorio”.
Trabajan en el sector privado, como maquilas, servicio al cliente. O a veces en entidades de gobierno. Sus opciones para resolver una huída de emergencia son acudir al Estado, o a un puñado de organizaciones que se ocupan del fenómeno. Ambos con pocos recursos.
Antes que el desplazamiento forzado interno fuera reconocido en El Salvador como un fenómeno producto de la violencia, el Código Penal de este país ya estipulaba un delito que describía de forma sucinta la experiencia de vida de las personas que tenían que salir huyendo para seguir vivas: la limitación ilegal a la libre circulación.
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En junio de 2016, la Asamblea Legislativa incorporó esta figura como delito y estableció penas variables según la gravedad de la circunstancia. Si a una persona se le impide salir o permanecer de un lugar, a través de amenazas o violencia, la pena alcanza hasta los ocho años de prisión. Si las amenazas son ejecutadas por dos o más personas, la pena sube a 10 años. Pero cuando el resultado es abandonar el lugar de residencia, la condena podría ser hasta 12 años de prisión.
Un año después, el congreso salvadoreño añadió una reforma más al delito recién aprobado: si la limitación era provocada por un funcionario público, estuviese en funciones o no, la pena de prisión subiría a los 15 años. Es decir: aunque el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) se negaba sistemáticamente a reconocer los cientos de familias que debían abandonar su hogar bajo amenazas, sí existió un mea culpa legal del problema y sobre quiénes eran sus principales actores. Las pandillas y los representantes de la autoridad en el terreno, la Policía y la Fuerza Armada.
Desde el gobierno, entonces, al desplazamiento se le llamaba “movilidad humana”, o “movilidad interna” y lo atribuían a multiplicidad de factores, tales como la búsqueda de mejor calidad de vida u otras situaciones de voluntad propia. Incluso, el Ministerio de Justicia trabajó un informe llamado así: “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”.
Como el desplazamiento forzado antes no se consideraba un delito, no existen datos oficiales que ayuden a conocer cómo evolucionó el fenómeno; aunque diversas organizaciones coinciden en que lleva largos años sucediendo.
Durante los últimos años, cuando los casos de desplazamiento empezaron a denunciarse más públicamente, las víctimas también tuvieron que cargar con el surrealismo del asunto: la Policía no era capaz de proveerles seguridad para no tener que abandonar sus casas y salvar la vida, pero sí las ayudaba a salir de forma segura.
Una solicitud de información que presentó este medio a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre las denuncias y atenciones a familias que huyeron de sus hogares en los últimos cinco años, relacionadas al delito de limitación ilegal a la libre circulación, da una idea de la dimensión del fenómeno y de cómo han estado ocurriendo los desplazamientos. Otras dos solicitudes de información preguntaron por los datos de los detenidos por este delito.
La respuesta más completa abarca los datos desde 2016 hasta junio de 2021. Una nueva petición de acceso a la información pública, que incluyera la información de julio 2021 a julio 2022 fue contestada escuetamente por la Policía: no se otorga más que el número total de denuncias, ni detalles de lugares, municipios, cantidad de víctimas o fechas, tal y como se solicitó, alegando que se trata de información “reservada”.
También se solicitaron entrevistas con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para ahondar en el conocimiento de este fenómeno, pero los encargados de los departamentos de comunicaciones respectivos solo leyeron los mensajes y no contestaron.
Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador (2019), las instituciones públicas han restringido constantemente el acceso a datos que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip) son de carácter público. Algunos abogados y organizaciones han acusado este gobierno de abusar de las reservas de información.
El gobierno salvadoreño ha optado por declarar confidenciales hasta las estadísticas de delitos como los feminicidios, la información relacionada con las vacunas de la Covid-19, las compras efectuadas por el Estado con fondos públicos de criptomoneda Bitcoin, entre otros.
Pese a la opacidad de datos es posible hacerse una idea de la incidencia del desplazamiento forzado en el país. Organizaciones de la sociedad civil que se dedican a brindar atención a víctimas de este fenómeno, como Cristosal y el Servicio Social Pasionista aseguran que los casos denunciados son mínimos. La mayor parte de las víctimas solo huyen sin avisar a nadie. Por terror.
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La sentencia constitucional que ordenó al Estado salvadoreño reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno, así como a sus víctimas de julio de 2018, le dio un plazo de seis meses al Estado para montar una infraestructura burocrática para dar atención a las víctimas, así como reconocerlas oficialmente.
Algunos de esos pasos empezaron a darse. Pero la llegada de Bukele a la Presidencia les ha vuelto a las víctimas aún más pesado preservar la poca atención alcanzada. El reglamento sigue sin ponerse en marcha y el presupuesto de la Unidad de Víctimas se ha reducido.
La paradoja que lleva a los asediados a pedir ayuda a la Policía, para lograr salir de sus hogares custodiados de forma segura, hace que esta entidad tenga los datos que más se acercan a describir el fenómeno. Entre 2016 y junio de 2021 dio protección en 4,038 casos de desplazamiento forzado, bajo el nombre oficial de “limitación ilegal a la circulación”. Este no es el número total de víctimas. Algunos eventos pueden acumular más de una víctima. Hay algunos, incluso, que listan hasta 15 víctimas. Otros, muchos, extrañamente, cero víctimas.