El Salvador se encuentra entre los países más vulnerables para el ejercicio periodístico, según el “Informe Sombra sobre Libertad de Prensa en América Latina”, presentado la semana pasada por Voces del Sur; aún cuando en la región también hay elevados índices de ataques.
El 2023 fue el peor año para la libertad de prensa en El Salvador, según el informe regional, desde que Nayib Bukele asumió la presidencia del país en junio de 2019. Y se ubicó en el séptimo país con más agresiones a la prensa debajo de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador.
El informe de Voces del Sur reconoció las 290 alertas de vulneraciones a la prensa cometidas en el país como un alarmante aumento del 391.5 % en comparación al 2022.
“Este vertiginoso aumento se debe principalmente a un incremento del 700 % en los discursos estigmatizantes, 658 % en las agresiones y ataques, y 383.3 % en restricciones en el acceso a la información pública”, detalla.
Las personas periodistas y medios de comunicación en El Salvador corrieron el riesgo de ser criminalizados debido a leyes de antipandillas que penalizaban la difusión de mensajes relacionados a grupos criminales que pudieran “causar pánico”, al menos hasta noviembre 2023 cuando fue derogada la medida “Ley mordaza”, unos días después de la reunión de un alto funcionario estadounidense con las autoridades del gobierno salvadoreño.
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Además, el organismo destaca que hubo preocupaciones por reformas al Código Penal que podrían conllevar hasta 15 años de prisión por transmitir dichos mensajes. “Las acciones del gobierno, incluida la vigilancia y los ataques a los medios independientes, contribuyen al clima de miedo y riesgo de repercusiones legales para el ejercicio periodístico en el país”, apunta.
Estado contra la prensa
El informe regional señala al Estado salvadoreño como uno de los principales agresores hacia la prensa, siendo identificado como responsable en el 55.2 % de las alertas documentadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Una de las estrategias de agresión del gobierno de turno es la imposición de un discurso estigmatizante proveniente del propio mandatario, sus ministros y allegados. Ante esto, preocupa la autocensura de muchos profesionales.
Pero advierte que más allá de conseguir el silencio de las voces críticas y el descrédito del periodismo, las autoridades estatales también buscan legitimar y pavimentar la vía para otras acciones de violencia institucional, como la judicialización y la estrangulación financiera.
“La entidad que debería mantener mecanismos de protección para la prensa es la entidad que hoy por día más nos vulnera”,
Angélica Cárcamo, presidenta de la APES
En el país la mayoría de los ataques los recibieron hombres, con un total de 101, y 184 fueron contra mujeres, de otros 105 casos se desconoce el género de las víctimas.
De dichos casos, 55.2 % fueron cometidos por agentes estatales, el 37.6 % por no estatales y 7.2 % no se logró identificar a los agresores.
“Las afectaciones comienzan por las declaraciones estigmatizantes lideradas por el presidente (Bukele), que luego son retomadas por sus funcionarios, simpatizantes y una ola de troles con cuentas anónimas con discursos de odio, que tienen una carga diferenciada en contra de las mujeres periodistas”, añadió Cárcamo.
Tres casos locales de los que conoció la red internacional fue el del periodista comunitario Víctor Barahona, quien fue apresado de manera arbitraria y permaneció así por 11 meses; el del padre de una periodista que tras publicar una investigación que vinculaba a personajes del poder político fue detenido arbitrariamente bajo el régimen de excepción.
También clasificaron como agresión el de una fotoperiodista de El Diario de Hoy a quien empleados gubernamentales retuvieron arbitrariamente por fotografiar cajas de paquetes alimenticios que estaban apilados en la vía pública.
Panorama de la región
La red de organizaciones de sociedad civil de América Latina señala que para acallar a la prensa, los gobiernos latinoamericanos se valen de discursos estigmatizantes, detenciones arbitrarias, procesos judiciales, restricciones en el acceso a la información pública, uso abusivo del poder estatal, restricciones en internet, promoción de leyes contrarias a estándares internacionales, entre otras formas de violencia.
“Este año se registraron en la región 124 casos de uso abusivo del poder estatal en 12 países”, dice el informe.
Las cifras recabadas indican que en todo 2023 en América Latina ocurrieron 3,827 alertas y otras 128, pero de género.
Además de eso, se contabilizaron en la región 17 asesinatos, 13 secuestros, una desaparición forzada, 220 detenciones arbitrarias, cuatro torturas, 1,680 agresiones y ataques, 684 discursos estigmatizantes, nueve episodios de violencia sexual, 200 procesos civiles y penales, 384 restricciones en el acceso a la información y 124 usos abusivos del poder estatal.
A nivel regional, la mayoría de víctimas fueron hombres con un total de 1,809, seguido de 1,011 mujeres; sin embargo, también hubo 1,007 casos en donde no se identificó el género de la víctima.
En 53.2 % de casos el agresor fue el Estado, seguido del 18.8 % de agresores no estatales, en 17.9 % de los casos no se logró identificar al agresor o a los agresores, en 6.2 % fueron paraestatales y en el 3.9 % fueron grupos al margen de la ley.
Vale destacar que no todas las víctimas denuncian a los organismos locales por diferentes razones, como temor por ciberespionaje o por represalias. En esta práctica identifican dos tipos de patrones. Por una parte, los “excesivos” controles fiscales que aplican los sistemas de recaudación de impuestos por el Estado; y por otra, el bloqueo de pautas publicitarias que hacen los gobiernos para afectar los ingresos de medios independientes.
Un caso concreto fue El Faro que anunció que trasladaba su redacción y personalidad jurídica de El Salvador a Costa Rica ante el constante hostigamiento administrativo del Estado salvadoreño. Y en Bolivia el periódico Página Siete cesó sus actividades luego de denunciar acoso fiscal y bloqueo de los ingresos por pauta publicitaria.
Retrocesos democráticos también generaron persecución judicial, autocensura o exilio. En la región se registraron 200 procesos civiles y penales contra la prensa. La persecución judicial es una práctica recurrente que utilizan los gobiernos y las clases políticas dominantes, en la que manipulan a las instituciones encargadas de impartir justicia de manera discrecional en contra de sus adversarios, en este caso la prensa independiente.
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Sumado a esto, también se registró que en 2023, las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua mantuvieron sus políticas de persecución y criminalización contra periodistas y medios de comunicación.
Aunque el número total de alertas registradas en estos países muestran un decrecimiento con respecto al año anterior, esta tendencia no significa una mejoría en la situación de la libertad de prensa, sino el “efecto intimidatorio de las políticas estatales de represión”. Además, periodistas de fuera del continente reportaron en documentales el alto número de periodistas nicaragüenses en el exilio.
Un dato alarmante de un país vecino centroamericano es Nicaragua, en donde la política estatal de persecución ha eliminado por completo la actividad periodística en cinco de los 17 departamentos del país.
“Cada año hay menos medios de comunicación y personas periodistas a quienes reprimir en estos países debido a que estas se ven forzadas a la autocensura o al exilio, como formas de evitar la cárcel y otras formas de violencia estatal”, lamenta Voces del Sur.
Voces del Sur llama a los Estados americanos a garantizar la protección y fomento del periodismo
La red de organizaciones de sociedad civil de América Latina hizo un llamado urgente, ante la persistente violencia contra la prensa a lo largo de la región, de que se tomen acciones gubernamentales para garantizar la protección de las personas periodistas.
“Además, es importante promover acuerdos políticos amplios con diversos sectores de la sociedad que establezcan compromisos para la promoción de una prensa libre y pluralista. Estos acuerdos, basados en valores democráticos fundamentales, deben materializarse en el desarrollo de políticas públicas”, añade.
Asimismo, llama a garantizar la independencia judicial y marcos legislativos apegados a estándares internacionales de libertad de prensa, abordar la problemática del crimen organizado con respuestas regionales y nacionales y a fortalecer el trabajo de sociedad civil para potenciar la fiscalización y la búsqueda de la verdad.
Esto último, señalando que los gobiernos a lo largo de América Latina en lugar de fomentar la libertad de prensa obstaculizan el ejercicio periodístico y limitan el derecho a informarse de la población como lo son marcos jurídicos que restringen para la labor de prensa, excesivos controles administrativos por parte del Estado y el uso discrecional de la pauta publicitaria