El Salvador bajó tres posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés) en 2024 respecto a 2023, quedando en la posición 111 de las 142 naciones evaluadas. Este estudio mide los poderes de gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, entre otros. El Salvador bajó tres puntos en el listado de 2024 y para 2023 el país ya había bajado cuatro posiciones.
Sobre el Estado de derecho, el WJP lo define como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que garantiza los principios universales de: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial.
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El Salvador tiene un puntaje global de 0.43, de una escala en la que los países que más se acercan al 1.0 son los que más cumplen con los elementos que le garantizan el Estado de Derecho.
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Para ello, el indicador "Poderes del gobierno" evalúa si los cuerpos legislativos, judiciales tienen independencia y la capacidad, en la práctica, de ejercer controles efectivos y supervisión sobre el gobierno; así como los contralores o auditores, y las agencias nacionales defensoras de los derechos humanos. Acá el país tiene una nota de 0.36.
El estudio también se enfoca en evaluar si los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de la Policía son investigados, procesados y sancionados por mala conducta oficial u otras violaciones de la ley.
La libertad de expresión de los medios de comunicación independientes, de las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los individuos también forma parte en esta área; en especial si son libres de informar y comentar sobre las políticas gubernamentales sin temor a represalias.
Así también en el contexto de elecciones se mide la integridad del proceso electoral, incluido el acceso a las urnas, la ausencia de intimidación y el escrutinio público.
En el segundo rubro de "Ausencia de Corrupción" donde se evalúa que las y los funcionarios del Ejecutivo, Judicial, Legislativo, la Policía Nacional y la Fuerza Armada no utilicen el cargo público para beneficio privado, en esta categoría el país resultó con 0.35, es decir, no llegó a la nota media.
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El tercero es "Gobierno abierto" en donde El Salvador apenas alcanzó un 0.43. Acá se evalúa si las leyes y la información sobre los derechos están disponibles y en un lenguaje sencillo; la calidad y accesibilidad de la información publicada y si las regulaciones administrativas, borradores de legislación y decisiones de los tribunales superiores son accesibles al público.
Se evalúa, además, si las solicitudes de información son concedidas, si se atienden en tiempo, si la información proporcionada es pertinente y completa; y que en la participación cívica las personas puedan expresar sus preocupaciones a diferentes funcionarios.
Derechos y proceso
En el segmento de "Derechos Fundamentales" El Salvador cumple solo un 0.41 y se evalúa si las personas están libres de discriminación por cualquier condición y en lo que respecta a los servicios públicos, el empleo, los procesos judiciales y el sistema de justicia.
También, si la Policía inflige daño físico a sospechosos criminales durante arrestos e interrogatorios y si los disidentes políticos o miembros de los medios de comunicación son sometidos a registros, arrestos, detenciones, encarcelamientos, amenazas o violencia.
La WJP evalúa si la policía u otros funcionarios gubernamentales realizan registros físicos sin órdenes judiciales o interceptan las comunicaciones electrónicas de individuos privados sin autorización judicial.
Cabe recordar que en el contexto del régimen de excepción, organizaciones de derechos humanos reiteran las denuncias de capturas arbitrarias y torturas y muertes en centros penitenciarios.
El quinto factor es el "Orden y Seguridad", el cual resultó el valor más alto del país con 0.71. Este evalúa la prevalencia de delitos comunes así como la percepción general de seguridad de las personas en sus comunidades.
El sexto factor es el de "Aplicación de la normativa" en donde el país alcanzó 0.49 y se evalúa si las regulaciones gubernamentales, como las relacionadas con el trabajo, el medio ambiente, la salud pública, el comercio y la protección del consumidor, se aplican de manera efectiva.
También si se respeta el debido proceso legal en los procedimientos administrativos realizados por autoridades nacionales y locales en áreas como el medio ambiente, los impuestos y el trabajo y si el gobierno respeta los derechos de propiedad de las personas y las empresas.
El séptimo factor corresponde a la "Justicia Civil" en donde el país obtuvo 0.49 y evalúa la accesibilidad y asequibilidad de los tribunales civiles, si el sistema de justicia civil discrimina en la práctica, si el sistema de justicia civil está libre de sobornos e influencias, si el sistema de justicia civil está libre de influencias indebidas del gobierno o de intereses políticos.
Asimismo, mide la efectividad y la puntualidad en la ejecución de las decisiones y fallos de la justicia civil en la práctica.
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El octavo corresponde a la "Investigación criminal" que es donde el país tiene la puntuación más baja con solo 0.22. Este evalúa si los perpetradores de delitos son capturados y acusados de manera efectiva. También mide si la policía, los investigadores y los fiscales cuentan con recursos adecuados, están libres de corrupción y realizan sus deberes de manera competente.
Asimismo, mide si los jueces penales y otros funcionarios judiciales son competentes, si la policía y los jueces penales son imparciales, están libres de sobornos e influencias indebidas de organizaciones criminales. También mide si los sospechosos criminales pueden acceder a y cuestionar las pruebas en su contra, si están sujetos a malos tratos y si se les proporciona asistencia legal adecuada.
El país que encabezó el listado con su nota global es Uruguay con 0.72, le sigue Costa Rica con 0.68, Chile con 0.66, Argentina con 0.55, Panamá con 0.52, Brasil con 0.50, República Dominicana con 0.49, Perú y Colombia con 0.48, Ecuador y Paraguay con 0.46, Guatemala con 0.44, El Salvador con 0.43, Honduras con 0.42, México con 0.41, Bolivia con 0.37, Nicaragua con 0.34, Haití con 0.33 y Venezuela con 0.26.