Unas misioneras brasileñas del Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, a las que el Gobierno de Nicaragua no les renovó la residencia, fueron acogidas en El Salvador, informó este lunes esa organización religiosa.
"Queremos, por medio de este comunicado, manifestar nuestra gratitud por los siete años de misión en tierras de Nicaragua", señaló el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo a través de una declaración pública.
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Según la prensa local, se trata de un grupo de siete misioneras brasileñas que operaban en Nicaragua como hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo y se dedicaban al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración.
La Policía Nacional de Nicaragua allanó en la medianoche del domingo la casa donde atendían las misioneras brasileñas, ubicada en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, según denunciaron allegados a las religiosas en las redes sociales y la prensa local.
Las misioneras religiosas tenían previsto abandonar Nicaragua la próxima semana, luego de que las autoridades de Migración y Extranjería del país centroamericano no les renovarán sus residencias.
"Agradecemos la acogida de la Iglesia y del pueblo durante ese tiempo que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros", continuó el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, una orden católica que pertenece a una Fraternidad Franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
Las religiosas agradecieron a "todas las consagradas, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar Cristo a los pobres", y anunciaron que continuarán con su misión en El Salvador.
MÁS DE 80 RELIGIOSOS HAN ABANDONADO NICARAGUA
Hasta el 7 de junio pasado, el Gobierno de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Molina, que es autora del estudio "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?" que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia católica nicaragüense por parte del Gobierno de Daniel Ortega, indicó en un informe que al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos en el exilio alegan razones de seguridad. A doce las autoridades nicaragüenses les prohibieron la entrada al país. Y ocho desterrados, declarados apátridas y "prófugos de la Justicia" acusados de delitos considerados "traición a la patria".
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.