El llamado segundo golpe a la independencia judicial ocurrió cuatro meses después del 1 de mayo: los diputados de la bancada cian aprobaron de forma sorpresiva y sin estudiar en comisión el decreto 144 que permitió el retiro de jueces de más de 60 años o con 30 años de servicio activo.
Con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, el oficialismo daba un plazo para el retiro de estos jueces, maniobra legislativa que fue ampliamente condenada dentro y fuera del país, porque no se establecía ningún filtro para remover esos letrados, lo que en leyes puede llevar a arbitrariedades.
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“Lo que se denominó como una jubilación de jueces de más de 60 años, son situaciones que vienen a golpear lo que podría ser la imparcialidad en el ejercicio judicial, lo que viene a minar el debido proceso y el acceso a la justicia de los salvadoreños en general”, opinó la abogada penalista Marcela Galeas en torno a su balance del 1 M.
En sentido similar opinó el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, José Marinero, al afirmar que cuando el 1 de mayo de 2021 la bancada de Nayib Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para imponer miembros afines, se dio paso a la “toma de la justicia”.
Y explica cómo al primero remover a los magistrados, el oficialismo pudo imponer también jueces alineados.
“Ahí comienza la llave que abre la puerta para la toma del resto de la justicia: el descabezamiento de un tercio de los jueces, con el traslado del resto de los jueces, la imposición de un Fiscal del régimen sin duda que acompaña al gobierno como si fuera su abogado”, detalló Marinero.
Al tener la Corte Suprema, ya dirigida por magistrados afines al proyecto político de Nayib Bukele y el poder además remover jueces sin dificultades e instalar nuevos, los abogados hablan ya de una justicia que no se aplica con criterios técnicos en ciertos casos.
“A partir de eso, las posibilidades de defender derechos, y esto no es una figura retórica, esto ya no depende del derecho, ya no dependen de las garantías. Uno puede criticar el funcionamiento de la justicia con anterioridad y había corrupción y problemas de eficiencia, pero había alguna perspectiva que siguiendo los procesos usted podía defender sus derechos eventualmente. Eso ha dejado de existir, porque están plegados en su gran mayoría a los designios del ejecutivo”, valoró Marinero en torno al órgano judicial en general.
Lo que el presidente de DTJ afirmó es que el 1M y la depuración de jueves son dos pasos en la toma del órgano judicial.
“Hay influencia de la Sala en los tribunales, no se meten en todos, se meten en los que les interesa el poder político”, aseveró Marinero.
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De igual forma opinó la jefa de Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, al hacer su balance del 1 M, pues ella afirma que hay “mecanismos que impiden el control político institucional, como por ejemplo esta promoción de magistrados y jueces con personas incondicionales, evitando que el sistema de control funcione y cooptando el sistema de control para ponerlo a su favor al concentrarse el poder en el órgano ejecutivo”.
El problema también es la aplicación de nuevas leyes
Para Galeas, esta situación ha provocado un problema en el sector justicia, porque además los diputados oficialistas han aprobado leyes y reformas penales que requieren de la ponderación de jueces independientes y que puedan ejercer la independencia judicial que les garantiza la Constitución.
“No únicamente ha mermado en cuando a independencia judicial sino que el trabajo legislativo ha consistido en estar reformando leyes y estar creando leyes sin examen previo, sin consultar con peritos idóneos”, especificó la abogada penalista.
“Las últimas reformas penales las hacen sin ningún tipo de contemplación y observancia del principio de legalidad y proporcionalidad de las penas y tampoco han utilizado la dosimetría penal que es lo que viene a cargar del establecimiento de una sanción correspondiente a la peligrosidad del hecho constitutivo del delito”, afirmó la profesional.
La bancada cian ha aprobado incluso decretos denominados de carácter público que a su entender podría perseguir delitos ya prescritos, algo que incluso el procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, consideró que era inconstitucional.
En ese sentido, el magistrado depuesto el 1M, Carlos Sergio Avilés, llamó a los jueces a aplicar su independencia judicial.
“Exhorto a los jueces a que actúen con valentía, con independencia. Tienen que dignificar su investidura y tener presente que el cargo de juez no es para resolver un estilo de vida personal: el primer compromiso es con la justicia. Está bien cuidar los cargos pero hay que hacerlo haciendo lo correcto, no están obligados a aplicar leyes inconstitucionales”, reflexionó durante un evento sobre el 1M.