La reciente sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro y del Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, es la segunda que acumulan ambos funcionarios proveniente de Estados Unidos.
Los Castro son vinculados en actos de corrupción durante su mandato. Del Secretario Jurídico la OFAC dice que obstruyó las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia por COVID-19 y que, además, utilizó su cargo para obtener ganancias financieras personales.
En el caso del ministro de Trabajo, la OFAC señala que incurrió en corrupción y malversó fondos públicos en su beneficio personal y que utilizó su posición en el gobierno para influir en sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos de la institución que él dirige.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros refiere que los Castro son “responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno”.
Esta sanción se suma a la que ya habían recibido ambos funcionarios al ser incluidos en 2021 en la Lista Engel, la cual incluye también a otros 19 salvadoreños sancionados por Estados Unidos, muchos de ellos funcionarios y exfuncionarios del círculo más cercano al presidente Nayib Bukele, empresarios y personas ligadas a ARENA y al FMLN.
En ese entonces, además de Conan Castro y Rolando Castro, fue incluida en la Lista Engel, la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; y los exministros de Seguridad, Rogelio Rivas; y del Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker.
La Lista Engel es formulada por el Departamento de Estado de EE.UU. e involucra a actores políticos y civiles que “participaron a sabiendas” en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa, obstrucción de investigaciones de corrupción relacionadas con la emisión de contratos gubernamentales, soborno y extorsión, facilitación o transferencia del producto de corrupción y actos de violencia, acoso o intimidación hacia investigadores de corrupción.
Este procedimiento se ampara en la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos (conocida como la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos) y fue promulgada el 27 de diciembre de 2020.
En julio de 2021, el Secretario Jurídico de la Presidencia apareció en la Lista Engel por socavar los procesos en instituciones democráticas al ayudar en los procesos inapropiados como la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general.
En tanto que el Ministro de Trabajo fue sancionado por obstruir las investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos en instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos.
Las sanciones que ambos funcionarios recibieron al ser incluidos en la Lista Engel son: inelegibilidad para recibir su visa u otra documentación para ingresar a Estados Unidos; visas vigentes fueron revocadas sin importar cuándo fueron emitidas; la cancelación automática de cualquier otra visa válida o documentación de entrada que tuvieran en posesión.
El reporte fue redactado a partir de la aprobación de la Ley en diciembre de 2020 y fue promovido por el Congresista Eliot Engel, que finalizó su periodo legislativo en 2021.
En esa ocasión, Engel señaló que los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos necesitan herramientas para lograr un avance sustancial en el combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.
En abril de 2021, el ex enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ya había advertido que la Casa Blanca estaba considerando aplicar la Ley Magnitsky a los funcionarios salvadoreños y demás de la región que resultaran nombrados en la Lista Engel, que fue lo que sucedió este 9 de diciembre de 2022.
Zúñiga, quien ahora es Secretario Adjunto Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, realizó una visita a El Salvador en abril de 2021 e intentó reunirse con Bukele, pero no tuvo éxito.