La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó El Salvador recientemente, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que alberga a 250 presuntos miembros de una pandilla venezolana, deportados desde EE.UU.
Noem advirtió a los migrantes criminales que ingresen ilegalmente a Estados Unidos sobre las consecuencias que podrían enfrentar, señalando que podrían ser perseguidos, deportados y terminar en instalaciones como el CECOT, esto con la vista a sus espaldas de una celda de la megacárcel.
Además, expresó su agradecimiento a El Salvador por su colaboración en la lucha contra el crimen organizado y la encarcelación de criminales.
Su visita incluyó reuniones con el presidente Nayib Bukele para discutir la posibilidad de aumentar el número de deportados desde EE.UU., asimismo, la firma de un acuerdo de cooperación bilateral para compartir información con el Ministerio de Justicia local.
Concluida su agenda, Noem expresó en unas declaraciones a medios internacionales que existe la negociación de la posible traída al país de los cabecillas de la MS-13 salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos.
“Tuvimos una reunión fantástica aquí en El Salvador con el presidente Bukele. Hablamos sobre la cooperación para sacar a los peores delincuentes de los EE.UU. y de nuestras comunidades, haciendo que las personas estén más seguras. Él ha aceptado continuar la asociación para asegurarse de que los miembros de Tren de Aragua puedan estar aquí en El Salvador y trabajar juntos para garantizar que el CECOT siga siendo una instalación que podamos seguir utilizando en el futuro”, declaró Noem.
“También estamos muy enfocados en los miembros de la pandilla MS-13, asegurándonos de que los traigamos de regreso y los llevemos ante la justicia. Hablamos extensamente sobre temas de migración e inmigración, sobre cómo tenemos una asociación tan fuerte y una oportunidad sin precedentes para trabajar juntos, hacer lo que podamos para fortalecer nuestro país, brindar seguridad pública a nuestras comunidades y asegurarnos de que nuestras economías estén funcionando bien”, añadió la funcionaria estadounidense.
Ante esto, el abogado Oswaldo Feusier, expuso que la gran ventaja que recibe El Salvador es que evita el escándalo político que podría representar el descubrimiento de posibles pactos o treguas entre gobierno de Bukele y cabecillas de pandillas, porque parte de esa migración o parte de esos migrantes que traen son personas que están siendo procesadas en EE.UU. y en los que parece que la Fiscalía estadounidense va a renunciar a los procesamientos, “muy a manera de gracia o regalo para entregarlos a El Salvador”.
“De esa manera lo que puedan saber estas personas ya no generaría un potencial escándalo para El Salvador en Estados Unidos. Es una negociación de muy corto alcance, que parece ganar más EE.UU. que El Salvador, El Salvador evita escándalo político, pero Estados Unidos gana un aliado para el ejercicio de estas políticas extremas y cuestionables a nivel de derechos humanos, en materia migratoria, obteniendo una suerte de campo de concentración similar a Guantánamo”, explicó.
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En esa misma línea, el experto consideró que el país queda como un país de colaboración o satélite para el ejercicio de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
“Riñe seriamente con lo que la legislación del país de origen, incluso la nuestra… y en el tema constitucional de derechos humanos, porque las condiciones a las que se someten estas personas son condiciones que lindan incluso con la tortura y la desproporción en la restricción a su libertad, por lo que en muchos casos podrían ser simples faltas de carácter administrativo o migratorias”, añadió.
Y sobre el silencio de la funcionaria estadounidense sobre el amparo legal que se podría aplicar en la reclusión de los venezolanas en el CECOT, para Feusier es el “más elocuente silencio que demuestra que mucha de la retórica en la que se sostiene el acuerdo es uno con enormes vacíos tanto legales como constitucionales e incluso a nivel de tratados internacionales de derechos humanos”.
El analista político, Carlos Araujo, en ese mismo sentido sostuvo que Bukele acepta todo lo que quiera hacer el presidente Trump, a sabiendas de lo ilegal que pueda ser, porque “necesita comprar impunidad".
“Que no lo cuestionen en su forma de gobernar y si de paso le devuelven a los jefes de pandillas con los que él pactó, gana doble, al desaparecer las evidencias de su trato. Lo que no debemos perder de vista es que siempre habrá consecuencias… Estás administraciones capturan personas, las etiquetan y acusan de criminales, sin debido proceso ante un juez y en caso de Trump los manda a encarcelar a un tercer país”, determinó Araujo.
Sobre la falta de respuesta de Noem sobre los vacíos legales de la medida, Araujo consideró que no opinó del tema “porque no va a aceptar las ilegalidades e injusticias que está cometiendo la administración Trump en complicidad con Bukele”.
En este contexto, el analista añadió que Bukele no se preocupa por los connacionales en Estados Unidos, pues “en todo esto, recientemente un funcionario americano declaró que los salvadoreños no recibirán ningún trato preferencial” pese a los acuerdos carcelarios.
El constitucionalista Salvador Enrique Anaya ve "normal" que la Secretaria Noem defienda el acuerdo (no hecho público) para la remisión de detenidos y de la misma manera calificó que no se refiera a los vacíos legales del acuerdo.
“A la Secretaria Noem no le corresponde pronunciarse sobre las ilegalidades del acuerdo conforme al sistema legal salvadoreño”, explicó.
Opacidad
Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), Gabriela Santos, sostiene que la llegada de los venezolanos al sistema carcelario salvadoreño “no es algo menor”.
“No suena buena idea tener a dos grupos que delinquen con estas características, aun cuando sean diferentes en las modalidades en las que actúan en un mismo lugar. No sabemos tampoco cuáles han sido las valoraciones en temas de seguridad política y de derechos humanos que habrá hecho El Salvador, pero cuando menos son decisiones bastante cuestionables”, advirtió.
Además, Santos destacó que muchas de lsa personas traídas al país están siendo procesadas, por lo que no han sido condenadas “y por lo tanto también está el argumento inicial de cuál es la normativa bajo la cual se va a procesar a estas personas”.
“Hay mucha opacidad, hay muchas preguntas y queda también esa duda de qué tanto el Estado profundizó sobre las repercusiones a nivel diplomático, jurídico, de derechos humanos, derecho internacional sobre todas estas decisiones”, señaló Santos.
Esta visita forma parte de una gira más amplia por países latinoamericanos, incluyendo Colombia y México, con el objetivo de abordar el crimen organizado internacional.
La visita de Noem también se produce en el contexto de recientes disputas legales en EE.UU. sobre las deportaciones de presuntos miembros de pandillas venezolanas, específicamente del Tren de Aragua, utilizando la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798.
Vale recordar que un tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente estas deportaciones, argumentando la necesidad de proteger la autoridad judicial y permitir que los detenidos impugnen sus supuestas afiliaciones a pandillas.