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Estado debe transparentar quiénes y en qué condición vienen los enviados por EE.UU., dice Cristosal
Abogada señala que el país no puede encarcelar a personas sin una condena en la jurisdicción salvadoreña.
Con el reciente traslado a El Salvador desde Estados Unidos de supuestos integrantes de la banda Tren de Aragua y otros inmigrantes venezolanos, Cristosal señaló que dicha medida no debió ocurrir; pero ahora debe cumplirse con aclarar una serie de información pública.
“La situación no se debería haber dado desde la perspectiva del derecho internacional y desde la de los derechos humanos. Habiendo pasado, lo primero que debiera conocerse es el estado de estas personas, quiénes son, por qué han llegado aquí”, consideró la abogada de Cristosal, Ruth López.
Añade que también debe revelarse cuál es el convenio o marco que la Presidencia de la República está utilizando para poder obtener los $6 millones que se dijo que pagará el gobierno de los Estados Unidos, porque debería incorporarse al presupuesto general de la nación.
La abogada adelantó que como organización ciudadana solicitaron por acceso a la información a la Presidencia de El Salvador y a la Dirección General de Centros Penales información al respecto. “Esperamos que no se escuden en que esto puede traer alguna reserva a partir de generar conflictos entre países o las relaciones extranjeras de El Salvador”, dijo.
Pese a que un juez federal de Estados Unidos ordenó que no se aplica una ley que permite las deportaciones exprés, 238 personas fueron enviados la madrugada de este domingo a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), en el departamento de San Vicente.
Los gobiernos de EE.UU. y El Salvador anunciaron la operación, pero ninguno emitió detalles sobre cómo se hizo si mediaba una prohibición judicial, ni cómo se prueba que los expulsados pertenecen al Tren de Aragua ni bajo qué ley salvadoreña estarán detenidos, siendo que no cometieron delitos en este país centroamericano.
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Ante esto, López explicó este jueves a los medios de comunicación que el tema de las deportaciones hay que abordarlo desde diversas aristas y “de una manera muy seria”.
Razona que, en primer lugar, están involucradas personas no solo que han cometido delitos algunos de ellos en EE.UU., sino personas que tampoco tienen un expediente judicial y ni que han sido procesados ni condenados por la justicia; “son personas migrantes”, resaltó.
“Lo que se advierte en este caso es cómo las instituciones del Ejecutivo, tanto de EE.UU. como El Salvador han violentado sus leyes”, apuntó.
La abogada López recordó que El Salvador es parte de un convenio internacional de la OEA que permite el cumplimiento de una pena en un país extranjero; pero este se aplica solo a detenidos que tengan una condena en firme y que piden cumplirla en su país de origen. Lo cual no ocurre en el caso de los venezolanos.